1919 – Legislatura de Santa Fe

El 27 de marzo de 1919 se realizó la primera sesión preparatoria en la Cámara de Senadores y fueron electos presidente el senador Juan Cepeda (11 votos y 4 a favor del senador Caminos) y vicepresidente el senador Gerardo Costanti (9 votos, mayoría absoluta).

Demora por inasistencias de los legisladores…

El período ordinario de sesiones debió comenzar el 1º de abril y recién 2 de mayo de ese año después de seis convocatorias, sesionó en minoría la Asamblea.

El senador Costanti advirtió que sólo quedaban dos meses de sesiones y que «en el caso de que la Asamblea no obtuviese quórum» proponía que se dispusiera «de la fuerza pública para obligarlos a que concurran».

Al día siguiente faltaron con aviso tres senadores y un diputado; sin aviso los senadores Boero, Gutiérrez, Lagos, Pedro Virasoro y los diputados Beloti, Carreras, Centeno, García, Madariaga, Mattos, Medina, Pardal, Pini, Taborda y Urdániz.

Ausencia del gobernador Lehmann.

El gobernador Lehmann, había remitido el 10 de abril de 1919 una comunicación al presidente de la Legislatura, informándole que debido a la enfermedad de uno de sus hijos tenía que permanecer en Rosario y acompañó el mensaje que no fue leído en el recinto porque como manifestó el diputado Dr. Arturo Anello, era «un documento que es públicamente conocido por todos.»

La oposición demoraba el tratamiento de los proyectos con reiteradas ausencias en sucesivas sesiones. El 14 de junio volvió a reunirse en minoría la Cámara de Senadores y el senador Argenti insistió en la necesidad de que se citara a los legisladores y si hubiera resistencia, que participara la fuerza pública. La sesión siguiente -20 de junio de 1919- se inició con la presencia de doce senadores.

Tras el fallecimiento del señor Porfirio Carreras, miembro de esa Cámara y en varias oportunidades en la presidencia, al comenzar esa reunión realizaron un homenaje y se dispuso el envío de una corona. Puestos de pie los presentes hubo un minuto de silencio.

Ley sobre Caminos

El diputado José Oliva presentó un proyecto de ley sobre «caminos públicos generales y vecinales», destacando que «los caminos adoquinados, asfaltados o macadamizados se regirán por una ley y reglamentación especial. Se establecía que el mantenimiento de los caminos generales estaría a cargo de «las comisiones departamentales de vialidad conjuntamente a las Municipalidades y Comisiones de Fomento». Esas comisiones se integrarían con cinco miembros -presidente, vice, secretario, tesorero y vocal-, designados por los intendentes y presidentes de comisiones de fomento y semanalmente se reunirían en asamblea para determinar las obras a realizar y deliberar sobre «asuntos de interés común».

Caminos en el norte santafesino

El diputado Amadeo Ramírez había presentado en 1918 un proyecto de construcción de caminos en localidades del norte santafesino. El 6 de junio de 1919, presentó un proyecto de ley autorizando al P. E. para construir «un camino carretero que partiendo del puente existente sobre el arroyo ‘El Toba’, en Departamento Vera, llegue hasta Fives Lille, del Departamento San Justo, pasando por los pueblos de Jobson, Espín, Margarita y Calchaquí. Manifestó en el recinto que «si se posterga en su ejecución, tendremos que presenciar el estancamiento debilitante de esos centros, que no cuentan con un solo camino que a manera de válvula de escape, les permita salir de la situación de semiasfixia en que se hallan y comunicarse con los demás pueblos de la Provincia, dando fácil salida a sus productos».

Advirtió que sólo existían «las huellas profundas que han ido dejando a su paso los pesados carros cachapé, huellas que al producirse las más ligeras lluvias se convierten en pantanos y zanjas por donde se produce el desagüe de los campos».

Estaba previsto que el diez por ciento del producido del impuesto a la leña, al quebracho y al tanino se destinara a esa obra, por cuanto serían las empresas dedicadas a la explotación forestal las que también se beneficiarían con esas obras viales.

Proyectos impostergables…

En la sesión del 20 de junio de 1919, el senador Gerardo Costanti -San Lorenzo-hizo moción para que se tratara el proyecto de ley de Caminos y la Ley Orgánica de Municipalidades, proyecto elaborado por el senador Dr. Agustín Araya (Rosario).

Situación de obreros y familias: menor poder adquisitivo…

Durante la sesión de la semana siguiente, el doctor Araya se refirió a las características de la ciudad y de la circulación; indicó la importancia de las calles y del medio urbano con relación a la salud moral del niño. En consecuencia, manifestó que «la situación actual del obrero… mal puede retener en su hogar al niño, pues no tiene ni puede darle una habitación decente y alegre…»

Reconoció que «en estos últimos años la situación del obrero se ha hecho intolerable en la Argentina, por diferentes motivos», mencionando la disminución del «valor adquisitivo» sin «un aumento paralelo y compensador de los salarios».

Expresó el legislador que al mismo tiempo se verificaba «el incremento constante y asombroso de los presupuestos públicos, los que se alimentan en sus recursos de impuestos que inciden directamente sobre el costo de la vida y de la habitación…»

Cooperativas de socorro mutuo o especuladores…

Destacó el senador Agustín Araya que «el trabajador del campo, suspendido en su trabajo, privado de recursos, no sufre, porque en las comunas rurales el vínculo de la familia nunca roto, ofrece siempre una ayuda y un asilo. El obrero de la ciudad, troncado por lo general del árbol familiar, se encuentra aislado y sin sostén moral en las horas difíciles». Advirtió acera de que «las sociedades cooperativas de socorros mutuos para la asistencia médica o ayuda en los casos de huelga, miseria o desocupación, son más bien la obra de especuladores, ansiosos de lucrar políticamente o en dinero de la necesidad de asociación que impulsa a las clases obreras a inscribirse en ellas». Mencionó la «falta de legislación previsora en materia económica» que favorecía la «especulación» generando mayor «carestía de la vida y la desocupación», de modo que «el obrero, condenado a la ociosidad forzosa, ve disminuir su aptitud profesional y tomado en el remolino de los desocupados, peregrinando sin éxito de usina en usina, progresivamente reducido en sus medios, se deja seducir por las tentaciones fáciles, escuchando el hambre, mala consejera, acepta faenas que lo deshonran, en las que su dignidad se embota…»

Mayor población…

Describió el crecimiento de la población en el territorio nacional durante el período 1895 a 1914. En Santa Fe, en 1895 había 22.244 habitantes y en 1914: 64.095, con un crecimiento del 118,3 % en menos de veinte años; en Rosario ese año se registraron 245.199 habitantes, representando un crecimiento del 167,5 % sobre los 91.669 existentes en 1895.

La descripción sobre déficit alimentario por carencia o estado deficiente de conservación de los productos, permite comprender por qué motivos en Rosario la fiebre tifus era una enfermedad endémica.

Contaminación y enfermedades…

El senador Agustín Araya expresó en el recinto que las autoridades toleraban «el reparto de leche que encierra más microbios… que las aguas cloacales» apoyándose en las muestras analizadas por la Universidad Popular de Rosario, que indicaban un máximo de «ocho a diez millones» de microbios en las aguas cloacales, mientras que una muestra de leche presentó «hasta treinta millones de microbios por metro cúbico» de modo que «el ingeniero agrónomo señor Pimentel buscó en vano los componentes normales de la leche. Es sabido que los lecheros de Rosario como los lecheros de todas partes de la provincia, vuelcan la orina en la leche en lugar de agua, porque saben que esta última modifica la densidad de la leche, mientras que la orina tiene igual densidad… es sabido que ordeñan vacas sucias, llenas de estiércol, y que éste en el ordeñe suele caer sobre la leche contaminándola y haciéndola peligrosa para la salud. Es sabido que las cifras de moralidad son excesivas, que las enfermedades infecciosas se hacen endémicas…»

Declaró en el recinto: «…estamos haciendo una sociedad de tarados, de degenerados; y son nuestras municipalidades las grandes culpables de ello, por su incompetencia, por su falta de preparación, por su amor a las teorías. Con culpables porque en todos los casos y en todos sus proyectos de ordenanzas se vislumbra siempre y está siempre por delante, como algo que las obceca, la preocupación política». Recordó la deficiente construcción de los desagües en Rosario y al instalarse los tranvías eléctricos la falta de un estudio técnico acerca de las trepidaciones que exigían una base sólida, observándose que algunas edificaciones tenían grietas en sus paredes o techados.

Como suele ser en la tradición de los argentinos, aludió a las normas municipales en Norteamérica, donde en la opinión del senador Araya, «se considera al individuo en su fisiología y capacidad de producción, como el más firme basamento social, y se crean e instalan y organizan ciudades donde su organismo pueda alcanzar su máximo y más perfecto desarrollo para poder beneficiar con su mejor acción la sociedad que lo alimenta; se toma al hombre, al ser humano, en su evolución…»

Se insertó el proyecto de ley en el diario de sesiones y decidieron analizarlo en la sesión siguiente.

Camino en Santo Tomé

El 13 de junio de 1919 el senador Caminos pidió que se considerara sobre tablas el proyecto de expropiación de «dos o tres terrenos insignificantes, sumamente reducidos, para ensanchar una calle de treinta metros de ancho a continuación del puente carretero nacional de esta ciudad que une el pueblo de Santo Tomé y las colonias del oeste».

El proyecto pasó a la Comisión de Legislación de la Cámara de Senadores y al día siguiente sus miembros firmaron el dictamen favorable.

Se había logrado la donación de algunos terrenos y de acuerdo al plano entregado por la Comisión de Fomento de Santo Tomé, era necesario disponer de «cuatrocientos veinticinco metros de largo por treinta de ancho, o sea doce mil y pico metros cuadrados, que cualquiera sea el precio de la hectárea de esos terrenos rurales, no será nunca una suma considerable. El senador Caminos insistió en que era una obra imprescindible para las comunicaciones hacia las colonias ubicadas al suroeste porque empalmaría el puente tendido sobre el río Salado, «con el camino de Santa Fe a Rosario, y desde este punto hasta el camino general a San José». Se pretendía solucionar las dificultades planteadas por vecinos de las colonias «Las Tunas, Esperanza, los tres San Carlos, Gálvez y hasta San Francisco de Córdoba». El senador Caminos informó que diariamente atravesaban «ese camino y puente carretero alrededor de ochocientos vehículos» transportando artículos de primera necesidad y que en ese tiempo estaba prácticamente interrumpido «porque hay un punto en el camino que sirve de pasaje que tiene pantanos insalvables donde el tráfico tiene que hacerse por propiedades particulares y cuyos propietarios llegan a cometer el abuso de cobrar un peso por automóvil y cincuenta centavos por cada carro que pasa».

Plan de construcción de caminos.

Durante ese período se impulsó un vasto plan de construcción de caminos, entre otros el camino público de Serodino -«donde existía un comercio cerealista importante»- a Maciel y Puerto Gaboto, que exigía la expropiación de terrenos, decisión que de acuerdo a la opinión del senador Gerardo Costanti «ocasionará perjuicios irreparables a pequeños propietarios» al mismo tiempo que «salva sólo los intereses de los grandes terratenientes, a los que ningún daño puede producírseles…» El senador Caminos rechazó esas afirmaciones indicando que «por la subdivisión de la propiedad por la densidad de la población, es la industria agrícola, con preferencia a la ganadera, la que allí se desarrolla con mayor intensidad» y que para unir ambas localidades distantes a 17 kilómetros, era necesario recorrer 25 kilómetros, demora que «se traduce desde luego en pérdida de utilidad y de provecho para los mismos productores».

En ese tiempo, Maciel y Gaboto -pueblos situados al sudeste del departamento San Jerónimo- estaban en constante desarrollo: En Maciel, el esfuerzo de los trabajadores rurales y el de los jóvenes que también participaban en actividades industriales incrementaba las operaciones de tráfico ferroviario desde esa estación del ferrocarril Central Argentino, en la línea Santa Fe-Rosario. La estación siguiente era Gaboto, «un pueblo viejo» y «tal vez con mucho porvenir», «ubicado en el punto en que juntan sus aguas los ríos Coronda y Paraná y donde vierte las suyas el río Carcarañá» que desciende desde las serranías cordobesas.

Después de un prolongado debate, se dispuso que ese proyecto sería tratado en la próxima sesión, que por falta de quórum fue una reunión en minoría, generando protestas y la iniciativa de que los ausentes fueran convocados por la fuerza pública. El 27 de junio se consideraron varios proyectos similares que tenían despacho favorable de la Comisión de Legislación y el senador Agustín Araya insistió en que «el mal de los caminos, es un mal nacional que grava nuestra economía y al que es preciso poner remedio». Se dispuso la lectura de las notas de los presidentes de las Comisiones de Fomento que apoyaban esas iniciativas. En el diario de sesiones consta el informe comunal acerca de «la razón social Carlino Hnos. cuyos componentes son miembros activos del partido demócrata progresista de Maciel».

Ante una consulta del senador Caminos, la respuesta: «…hemos autorizado verbalmente al ingeniero señor Muñoz; con la presente lo confirmamos y cedemos gratuitamente los veinte metros de camino en su ancho por las tierras de nuestras propiedades» justificando esa decisión no sólo por ser «de utilidad pública» sino porque era «una necesidad impostergable para los intereses de Puerto Gaboto, Maciel y Serodino». Finalmente el proyecto fue sancionado.

Deficiencias hospitalarias

En la sesión del 16 de mayo de 1919 ingresó el proyecto de ley presentado por varios diputados, autorizando al P. E. para invertir cinco mil pesos en frazadas y ropas para el Asilo del Buen Pastor de Rosario. El diputado Palenque había visitado esa institución y observó a «pobres mujeres, hijas de la desgracia y del vicio, tiradas en humildes colchonetas, librando verdaderas batallas con el frío». En consecuencia con ese proyecto intentaban reparar «ese horrible cuadro» y pidió el tratamiento sobre tablas. El proyecto fue inmediatamente sancionado y pasó a la otra Cámara.

En la sesión del 13 de junio de 1919 se consideró en la Cámara de Senadores el despacho de la Comisión de Hacienda, aumentando las subvenciones a los hospitales Italiano y de Caridad de Santa Fe.

Lo expresado por el senador Gerardo Costanti permite apreciar el estado de los servicios de salud en aquella época, cuando «la epidemia de ‘grippe’ (sic) se ha difundido en tal forma en la provincia que no hay hospitales que den abasto», advirtiendo que en Rosario «donde ordinariamente se producían quince o veinte defunciones diarias, actualmente se producen setenta u ochenta».

Reconoció el senador Costanti que en Santa Fe «la epidemia se desarrolla en forma alarmante, a tal punto que no se admiten más presos enfermos de ‘grippe’ en el hospital, porque ya no hay sitio donde alojarlos». El senador Caminos aludió al Asilo del Buen Pastor que funcionaba dentro del Hospital de Caridad de Santa Fe. Considerando que los gastos de ese hospital eran atendidos por la Sociedad de Beneficencia, se propuso un aumento en la subvención porque en el año 1918 se había registrado «un movimiento de 442 presas» y «un número considerable de depositadas», hasta el final de ese año 1211 personas. El senador Costanti manifestó que en Rosario, la Sociedad de Beneficencia había constituido «una comisión a fin de que proveyera a los presos de la penitenciaría de una frazada por lo menos a cada uno de ellos» y que tanto los comerciantes como los particulares han apoyado esa iniciativa. En consecuencia, pidió que se apoyara el proyecto de ley autorizando al P. E. a invertir hasta 5.000 pesos moneda nacional «en frazadas, cobertores y ropas para el Asilo del Buen Pastor de la ciudad de Rosario», porque se había comprobado «que hay que tapar a los presos que se enferman con pedazos de arpillera vieja que se recogen». El mismo día la Comisión de Hacienda había aconsejado sancionar otro proyecto aumentando a quinientos pesos la subvención que recibía el Hospital Italiano de Santa Fe y que había sido reducida a trescientos pesos en los últimos años. El senador López informó que en ese tiempo se atendían más de 500 enfermos, quienes de acuerdo a un informe anterior provenían en su mayor parte de pueblos cercanos y eran pacientes de limitados recursos.

Homenaje al Doctor Pelagio Luna

En la sesión del 27 de junio de 1919 en la Cámara de Senadores el representante del departamento Rosario Dr. Agustín Araya informó acerca del fallecimiento del «doctor don Pelagio B. Luna, vicepresidente de la República» quien «por sus condiciones de carácter, por su ecuanimidad, su bondad de espíritu y demás bellezas que adornaban su persona, se había granjeado las simpatías de todos».

Propuso que como homenaje se levantara la sesión.

Varios senadores apoyaron la iniciativa y el senador Héctor P. López sugirió que se volvieran a reunir después de «un cuarto o de media hora» porque eran «los últimos días de sesiones» y tenían «que aprovechar el tiempo».

Licencia del gobernador

El 27 de junio de 1919 en la Cámara de Senadores se consideró el proyecto venido en revisión de la Cámara de Diputados, autorizando al «señor gobernador de la provincia, don Rodolfo B. Lehmann, para ausentarse del territorio de la misma, por el término de dos meses» cuando lo «considere conveniente». El proyecto fue sancionado.

Creación de la Universidad del Litoral

El 1º de abril de 1919 el gobernador Rodolfo Lehmann remitió a consideración de la Legislatura los «expedientes relacionados con la existencia e inversión del fondo universitario, durante los años 1915, 1916 y 1917.

El 9 de mayo de 1919 ingresó en la Cámara de Diputados el proyecto de los diputados Dres. Amadeo Ramírez, Luciano F. Molinas y José Oliva autorizando «al Gobierno de la Provincia y de acuerdo con la Universidad de Santa Fe, ceda al Gobierno de la Nación a título gratuito y en propiedad, la actual Universidad de Santa Fe con todas sus Facultades, bienes y muebles, laboratorios, bibliotecas y demás valores que constituya su patrimonio».

Estaba previsto salvaguardar los intereses del personal en cuanto a sus jubilaciones y pensiones, considerándolos empleados nacionales desde la fecha de sus nombramientos.

En el art. 4º se reconocía que los títulos expedidos por la universidad provincial estaban equiparados a los otorgados por universidades nacionales. Destacó el diputado Oliva que no creía necesario fundamentarlo porque estaban «en la conciencia pública las razones de urgencia que hay para convertirlo en Ley a fin de dar rápida resolución a los problemas universitarios de la provincia».

Apoyo al proyecto en el Congreso Nacional

El 6 de junio de 1919 el diputado Dr. Amadeo Ramírez informó que un grupo de jóvenes universitarios pertenecientes a la Federación Universitaria de Santa Fe, solicitó a la Cámara que exprese ante el Congreso Nacional que «vería con agrado la pronta sanción del proyecto de Ley del señor Diputado nacional por Santa Fe, don Jorge Raúl Rodríguez» representante de la Unión Cívica Radical y autor del proyecto de nacionalización de la Universidad provincial.

Provisión de fondos a la FUA…

Al mismo tiempo solicitaban la provisión de fondos para la Comisión de la FUA que estaba en la Capital Federal, aprobándose el proyecto que abarcaba ambas situaciones.

El 14 de junio esa federación remitió una nota al presidente de la Cámara de Senadores firmada por el presidente Juan A. Sans y el secretario Augusto Morisot; solicitándole que «se envíe al honorable congreso nacional un telegrama expresando su deseo de que se sancione a la mayor brevedad posible el proyecto de creación de la Universidad del Litoral», considerando que era «una aspiración de la mayoría de los habitantes de la provincia». Pedían que con fondos de la secretaría de la Cámara, se otorgara «un subsidio para la comisión que tiene destacada en Buenos Aires y que gestiona la pronta aprobación del referido proyecto».

En la sesión del 20 de junio de 1919, el senador Héctor S. López (San Jerónimo), aludió en el recinto a esa nota y recordó que la Cámara de Diputados ya había adherido a la iniciativa que se estaba considerando en la Cámara de Diputados de la Nación. El senador Gerardo Costanti manifestó que la demora en la sanción definitiva de ese proyecto se debía a que «hay indudablemente en juego intereses de otras provincias que tratan de oponer dificultades a la creación de esta universidad que va a tener su asiento en la provincia de Santa Fe». Por unanimidad se aprobó el envío de un telegrama.

Fallecimientos y subsidios

Reconocimiento al Secretario Maciel

El 26 de marzo de 1908 había sido electo secretario de la Cámara de Diputados don Arturo G. Maciel y desempeñó ese cargo hasta su fallecimiento. El 16 de mayo de 1919 varios diputados presentaron un proyecto de ley acordando un subsidio de 3.000 a la viuda e hijos de Maciel. Se trató sobre tablas, fue sancionado y pasó a la Cámara de Senadores siendo considerado en la sesión del 13 de junio de 1919 cuando el senador Héctor S. López propuso el tratamiento sobre tablas. El proyecto fue sancionado.

Policías asesinados…

En la Cámara de Diputados el 30 de mayo de 1919 el diputado José Oliva informó que «el lunes último, en un pueblito del departamento Las Colonias, en la misma policía, un detenido asesinaba alevosamente a un sargento» y destacó que Santiago Perren fue «un humilde funcionario, excelente en todo sentido». El legislador informó que «al sepelio ha concurrido toda la población» en ese momento mediante una colecta se reunieron 1.200 pesos para entregarlos a su familia y así en parte «compensar los buenos servicios prestados por ese sargento». En consecuencia, el diputado Oliva presentó el proyecto de ley otorgando a la viuda e hijos menores «por única vez la suma de ochocientos pesos» por cuanto el sargento registraba siete u ocho años de antigüedad y no tenía derecho a jubilación ni a pensión.

A pesar de la oposición del diputado Gregorio Parera porque según informaciones periodísticas «ha sido muerto por un demente» y «en tales condiciones no puede decirse que este funcionario haya muerto en el cumplimiento de su deber». Insistió el diputado Parera: «En el norte de la Provincia a diario mueren empleados de Policía cumpliendo su misión en lucha contra el cuatrerismo y en lucha contra los asesinos. Ordinariamente para las familias de estos funcionarios no se acuerda ninguna compensación por el sacrificio que han hecho». Consideró que esa familia, «ya ha encontrado compensado su sacrificio por la misma actitud del vecindario de la localidad, con la colecta pública» y recordó que «el Ministerio de Gobierno -según es práctica- acuerda a la familia de estos funcionarios dos meses de sueldo que les corresponde, para gastos de entierro y luto».

El diputado Arturo Anello también se opuso al proyecto que fue aprobado por la mayoría y pasó al Senado.

El senador Héctor López impulsó la aprobación del proyecto a favor de los herederos del policía asesinado días antes en Pilar, al recibir varios disparos mientras dormía. El senador Gerardo Costanti destacó la importancia de ambos proyectos y apoyó su tratamiento sobre tablas, indicando con respecto al señor Maciel que todos conocían los «servicios prestados y la condición angustiosa en que ha quedado su familia».

Con relación al sargento Santiago Perren, se propuso otorgar por única vez ochocientos pesos a sus familiares y el legislador destacó que había «muerto en forma trágica en cumplimiento de su deber y deja a su familia en la indigencia, pues es sabido que estos modestos servidores tienen sueldos tan reducidos que apenas les permiten vivir privados de las indispensables comodidades que todo hombre, por humilde que sea, debe gozar». El proyecto fue sancionado.

Protección a los trabajadores – Casas baratas

El 9 de mayo de 1919 en la Cámara de Diputados ingresaron dos proyectos de ley, uno autorizando al Banco Provincial de Santa Fe -Rosario y Santa Fe- al otorgamiento de «préstamos hipotecarios destinados a la transformación de las casas de vecindad o inquilinatos existentes, en casas de departamentos para ser alquiladas a familias obreras» y otro proyecto de creación de la Comisión Provincial de Casas Baratas.

Lucha contra el alcoholismo y la tuberculosis.

El diputado Ángel Ortiz Grognet autor de la iniciativa fundamentó ambos proyectos destacando que «de todas las condiciones de bienestar, la primera es la posesión de una habitación cómoda y salubre». En aquel tiempo se realizaban en distintas ciudades de Europa, congresos para analizar el problema de la vivida y el legislador insistía en que se trataba de una cuestión «íntimamente ligada con la lucha, resueltamente entablada… contra estas dos llagas del siglo: la tuberculosis y el alcoholismo, proveedores de los Hospitales, de los Manicomios y de las Cárceles, causa de la decadencia económica y moral de los pueblos».

Explicó el diputado Ortiz Grognet que el año anterior, de acuerdo a datos del Boletín Estadístico de la ciudad de Rosario, «sobre 4.800 defunciones, 696 son atribuidas a la tuberculosis» y que «se explica en presencia de la mala vivienda y del hacinamiento en que vive nuestro pueblo» porque «quien haya recorrido los conventillos de Rosario, encontrará que en ellos radica la causa del mal». Lógicamente, la alimentación insuficiente contribuía a agravar esas situaciones. Reconoció el diputado que ese proyecto era similar al presentado en el Congreso Nacional por el ex diputado nacional Dr. Juan F. Cafferata, “que con ligeras modificaciones fue convertido en Ley Nacional de Casas Baratas número 9677″.

Adquisición de terrenos para barrios obreros.

El proyecto de ley en consideración en la Legislatura santafesina, autorizaba al Directorio del Banco a adquirir en licitación pública los terrenos necesarios para la formación de barrios obreros con viviendas de dos a cinco habitaciones, cocina y baño, en lotes de no menos de «cuatrocientos metros cuadrados ni mayores de seiscientos»; estando previsto que se agrupen hasta cien casas y se proyecte el «espacio suficiente para ser ocupado por una Escuela y Biblioteca Pública y otro amplio para desahogo o recreo de las familias vecinas «, generalmente donde se instalaría una arbolada plazoleta o plaza.

En la sesión del 9 de mayo de 1919 el diputado Jorge Ferri presentó un proyecto para la construcción de «dos mil casas baratas para obreros y empleados» en series de cien casas, la primera a construir en Rosario en los barrios Refinería y Talleres», para ser vendidas a trabajadores argentinos o extranjeros.

Jornada de ocho horas y trabajo insalubre

El diputado Dr. Jorge Ferri (Rosario), el mismo día presentó otros proyectos: el que establecía la jornada obligatoria de ocho horas, pudiendo los obreros trabajar cuatro horas consecutivas y descansar por lo menos una hora. Estaba prevista la permanencia en los lugares de trabajo hasta un máximo de diez horas, si dos se dedicaban a «la comida y el descanso, dentro o fuera de dichos lugares» y si la empresa requería horario continuo se organizarían tres turnos consecutivos. El P.E. podía autorizar algunas excepciones en «ciertas industrias o trabajos y casos de fuerza mayor».

En otro proyecto, se establecía la prohibición del trabajo de mujeres y de menores de dieciocho años en las industrias peligrosas e insalubres.

Descanso hebdomadario y protección de la mujer.

En la sesión del 9 de mayo de 1919 también se sancionó una minuta de comunicación solicitando al P. E. que «hiciera cumplir estrictamente las disposiciones de la ley provincial de descanso hebdomadario».

Cuatro días después, el gobernador Lehmann informó a la Cámara de Diputados que había remitido copia de esa comunicación «a la Jefatura Política, para que sea de estricto cumplimiento» a la ley provincial vigente.

Varios legisladores presentaron un proyecto de «ley de la silla y de Protección a la Mujer», estableciéndose en el art. 1º que en los negocios donde hubiera «mujeres empleadas», «será obligatorio para el dueño, representante particular o compañía, tener dispuesto en un lugar conveniente, un asiento con respaldo para cada una de ellas, no debiendo contarse como tal, ninguno de los que están a disposición del público» y el artículo 3º disponía que «toda empleada podrá utilizar un asiento mientras no lo impida su ocupación y aún durante ésta, cuando su naturaleza lo permita». Se les reconocía el derecho al 25% de sus sueldos durante los últimos cuarenta días del embarazo y el mes subsiguiente al parto, sin que se le exigiera concurrencia a sus tareas durante ese término.

Ley de la silla.

El diputado Luciano Molinas en aquella sesión manifestó que «las estadísticas demuestran cómo la mujer sufre serias enfermedades por la fatiga inmensa a que está sometida». El proyecto en consideración tenía antecedentes en el Congreso Nacional con iniciativa del diputado Gustavo Martínez Zuviría, aunque sin sanción, a pesar de que una encuesta de la sociedad «Blanca de Castilla» indicaba que en Buenos Aires había «más de once mil empleadas» que aspiraban a la sanción de la «ley de la silla».

Varios países la habían impuesto, entre ellos Alemania, Inglaterra, Francia, Bélgica, Suiza, Colonias Británicas, Australia, Canadá, Colombia inglesa y varios Estados de la Unión Americana.

Bien del hogar

En 1917 se sancionó en la Cámara de Diputados un proyecto estableciendo el «bien del hogar», que caducó por falta de tratamiento en el Senado. En mayo de 1919 se reiteró la iniciativa tendiente a lograr que el hogar propio de la familia esté «a cubierto de las acechanzas de acreedores exigentes». La decisión legislativa en Estados Unidos se había difundido y en el Congreso Nacional se había aprobado una ley similar en la Cámara de Diputados, previéndose un Registro de la Propiedad del «bien del hogar».

Registros de Contratos Públicos

En consideración la demanda de algunos vecinos, en la provincia se habían habilitado varios registros de contratos públicos, el primero mediante la ley 1723 del 19 de abril de 1913 presentado por el entonces ministro de Gobierno doctor Antonio Herrera, luego uno en San José de la Esquina por iniciativa del diputado García (Caseros), dejándose «librado al criterio del P. E. la facultad de ubicar esos Registros en el territorio de la Provincia de acuerdo con las exigencias y necesidades de las poblaciones».

Esas atribuciones generaron que en la Capital, en Rosario y en otras cabeceras de departamento, existan registros en cantidad «superior a las verdaderas necesidades, mientras que otras poblaciones importantísimas por el número de sus habitantes, por la riqueza de su suelo y por el desarrollo de sus industrias y comercio, situadas a grandes distancias de aquellos centros, carecen de escribanos» y soportan dificultades para realizar sus operaciones cuando se requiere «la fe de este funcionario».

Aunque existían registros en Rafaela y San Cristóbal, había poblaciones con más de cuatro mil habitantes ubicadas a gran distancia que además de la falta de caminos adecuados porque eran intransitables después de las lluvias, esos traslados significaban un considerable aumento en los gastos, incluyendo hotel y otras erogaciones hasta triplicar el costo de la escrituración.

En consecuencia, se dispuso crear diez registros: en Las Toscas (Gral. Obligado); Ceres (San Cristóbal); Zenón Pereyra (Castellanos); San Jerónimo (Las Colonias); El Trébol (San Martín); Maciel (San Jerónimo); Armstrong (Belgrano); Carcarañá (San Lorenzo); Santa Teresa (Constitución) y Villa Cañás (Gral. López).

En ese tiempo habían egresado de la universidad provincial suficientes escribanos para cubrir esos cargos, quienes en la mayoría de los casos se estaban desempeñando como adscriptos. El proyecto pasó a la Comisión de Legislación y luego fue sancionado.

Ley de Educación

El diputado José Oliva presentó el 9 de mayo de 1919 un proyecto de Ley de Educación obligatoria para ambos sexos desde los siete hasta los doce años conforme los derechos constitucionales vigentes. Tanto en las escuelas del Estado, como en el hogar y en escuelas particulares, los niños tenían que aprender «por lo menos: leer de corrido y escribir sin notorias faltas de ortografía, aritmética (las cuatro reglas y el sistema decimal); la Ley de pesas y medidas y el valor de la moneda nacional; nociones de historia y geografía argentina, nociones de moral y prácticas cívicas, nociones de higiene, explicación de los fenómenos naturales más frecuentes».

La enseñanza en las escuelas públicas era graduada, impartiéndose en escuelas iniciales, elementales y elementales superiores. En el art. 13 se disponía que «en todas las escuelas públicas y particulares se darán clases de práctica cívica de la ciudadanía y de justicia social», siendo responsable del cumplimiento de esa ley «un Consejo General de Educación y un director general de escuelas”; un cuerpo de inspectores a comisiones, a comisionados y a comisarios escolares», mientras que «la higiene escolar se confiará a un cuerpo médico», solicitándose «el concurso honorario y desinteresado de los médicos que ejerzan su profesión en la Provincia, incorporándolos ad honorem» debiendo cumplir esas funciones conforme el reglamento respectivo.

Clases especiales para alumnos lentos o débiles…

En el art. 48 de la ley de educación, se disponía que «anexas a las escuelas públicas habrá clases especiales para alumnos retardados leves o deficientes» y «en las mismas condiciones se crearán escuelas especiales para niños débiles».

Estaba previsto que se dictaran «clases especiales destinadas a los escolares que deseen pasar a los institutos de enseñanza secundaria o para aquellos que deseen adquirir conocimientos determinados sobre la vida práctica con arreglo a su vocación u ocupación» y en el artículo siguiente se determinaba el funcionamiento de clases «nocturnas dominicales o especiales para adultos, analfabetos o para niños en edad escolar que por alguna razón excepcional no pudieran asistir a las escuelas comunes». Para la campaña se establecieron «escuelas tutoriales y ambulantes».

En el art. 51 se disponía que «apenas las rentas escolares lo permitan, se establecerán en centros estratégicos de la provincia escuelas especiales para niños anormales».

Dietas: anticipos y deudas…

La lectura de los diarios de sesiones permite comprobar que algunos bloques legislativos no apoyaban las iniciativas del gobernador Lehmann y en abril de 1919, el diputado Gregorio Parera presentó un proyecto de resolución con el propósito de que el P. E. informara sobre «la forma cómo se realiza el pago de las dietas a los Legisladores»; «las cantidades que se adeudan a cada uno de los legisladores hasta el 31 de marzo» y si se habían hecho «anticipos de dietas o pagos parciales de dietas devengadas».

Explicó el legislador en el recinto, que de acuerdo a la información disponible, no se realizaban esos pagos en forma regular y mientras a algunos legisladores se les adeudaban «quince meces de dietas» otros «han percibido mensualidades no abonadas aún, según planilla».

Declarada discriminación…

Recordó el diputado Parera que «uno de los motivos invocados para justificar la intervención a la Provincia de Buenos Aires decretada por el Presidente Irigoyen, intervención que, según el concepto de uno de los defensores de la medida, fue arriar la bandera de la piratería enarbolada en la casa de Gobierno de La Plata hasta el 24 de abril de 1917», fue detectar que el «P.E. de la provincia de Buenos Aires atentaba por medios indirectos pero eficaces, contra la independencia del Poder Legislativo, pagando religiosamente y anticipando dietas a los Legisladores afectos al Gobierno, y retrasando deliberadamente el pago de sus dietas a los Legisladores de la oposición».

Recordó también que «durante el gobierno del doctor Menchaca» -el primer gobernador radical-, «a raíz de la disidencia planteada dentro del radicalismo de la Provincia, la Junta de Gobierno de la Unión Cívica Radical de Santa Fe formuló en documento público una expresión de agravios contra los actos de aquel Gobierno». En esa publicación se aludió al «triunfo sin alegrías» de la fórmula Menchaca-Caballero y se destacó «el procedimiento anormal observado en los pagos y anticipos de dietas a Diputados y Senadores», cuyos nombres se incluyeron en «el informe producido por los señores Contadores Calógero y Gilabert, a raíz de la investigación decretada en 1916.»

Justicia de Barrio

El 16 de mayo de 1919 el diputado A. F. Nogués presentó un proyecto de ley declarando «necesaria la creación de la justicia de barrio, en toda ciudad de la Provincia con una población mayor de treinta mil habitantes». Los jueces serían nombrados por el P. E.; podían ser argentinos mayores de edad y con instrucción y los extranjeros naturalizados con diez años de residencia; disponiéndose que durarían en sus funciones mientras observen buena conducta. Entenderían en los «asuntos contenciosos civiles y comerciales cuando el valor cuestionado no exceda de doscientos pesos»; en «demandas de desalojo en fincas urbanas cuya renta no pase de ciento cincuenta pesos»; y «las demandas, denuncias que se deduzcan por contravenciones a las leyes y reglamentos policiales siempre que no constituyan delitos». Podían instalar sus oficinas en locales policiales, estarían bajo la superintendencia del Superior Tribunal y Cámara de Apelaciones y sus sentencias serían apelables ante los Jueces de Paz Letrados.

(Lecturas y síntesis: Nidia Orbea de Fontanini.)