1918 – Legislatura de Santa Fe

En la primera sesión preparatoria, el 2 de abril de 1918 en la Cámara de Senadores se consideró el despacho de la Comisión de Poderes aconsejando la aprobación de los diplomas correspondientes a los electos Ricardo D. Murray (Belgrano); Simón Carlen (Garay); Nicolás Habegger (General Obligado); Francisco B. Caminos (La Capital); Alejandro Gutiérrez (General López) y Román J. Argenti (Vera). Se postergó el tratamiento del correspondiente al Dr. Diógenes Antille (San Javier) quien se encontraba en el recinto.

Fracasó la iniciativa del senador Enrique Thedy (Caseros) para escuchar al doctor Antille, considerando que “trajo numerosos antecedentes al seno de la comisión de poderes, antecedentes muchos de ellos comprobados” y teniendo en cuenta que…

…en la “cámara de diputados de la nación en la elección del doctor Martínez Zuviría –Gustavo-, que no obstante no tener diploma, pero sí gravísimos cargos que formular contra las elecciones de esta provincia fue escuchado por dicha cámara”.

Hubo aplausos; un breve debate y la posterior votación afirmativa continuó con el juramento de los senadores electos, excepto el doctor Greca.

Jardines de la Legislatura

El 21 de junio de 1918 en la Cámara de Senadores por indicación del senador Thedy se suspendió hasta el día siguiente el tratamiento del despacho de la Comisión de Hacienda “autorizando fondos destinados a ornato en los jardines del palacio de la Legislatura” y al “no estar presente ninguno de los miembros de esa comisión”, el senador insistió en otra postergación aunque la mayoría resolvió que se tratara en ese momento. Fue leída la comunicación del 12 de junio de 1917 firmada por el presidente del Concejo Deliberante Ángel E. Argenti y el secretario general T. Martínez, “acompañando el presupuesto formulado por la dirección de plazas y paseos”, “cuyo monto total es de quince mil novecientos quince pesos moneda nacional” y un “catálogo de la casa Motteau, de Buenos Aires” para “apreciar la magnitud y las modalidades de la ornamentación proyectada”, entre ellas el “ensanche de las veredas cuyo costo asciende a siete mil novecientos cincuenta pesos”. La descripción indica que se harían dos jardines, con una estatua y con césped -calculándose $ 3.215 en obras de arte); se ampliaría la instalación eléctrica subterránea, con diez columnas de ornato completas y se construirían 1.590 metros cuadrados de vereda de mosaico.

El senador Thedy consideró que no eran “indispensables y que, sobre todo, debiera cargar con ellas la municipalidad desde el momento que son obras realizadas por ella y que embellecen el municipio”, insistiendo en que “la provincia no se encuentra en condiciones de hacer desembolsos de tal naturaleza e importancia, cuando se encuentran atrasados los sueldos de muchos funcionarios públicos en diez u once meses, cuando no es posible realizar servicios premiosos de la administración…”

Pidió autorización para retirarse el senador Román J. Argenti (Vera) por su parentesco con el presidente del Concejo, pero resolvió quedarse cuando le indicaron que no habría quórum. El senador Pedro Virasoro propuso levantar la sesión y considerarlo al día siguiente. En esa sesión el presidente ordenó la lectura del despacho firmado por los senadores Héctor S. López, J. Beaupuy y Dalmiro L. Videla autorizando al gobierno provincial a entregar a la municipalidad la suma doce mil pesos y el proyecto fue sancionado.

Régimen municipal

Durante la sesión del 17 de mayo de 1918 se consideró el proyecto de caducidad de las autoridades comunales de Casilda. El senador Gerardo Costanti pronunció un extenso discurso censurando los abusos por cobro indebido de multas y analizando la incompetencia de los jueces para resolver esas cuestiones de derecho público. Existía el antecedente de caducidad del concejo deliberante de Rosario en 1909; el nombramiento de una comisión administradora municipal responsable de esa administración hasta que asumieran las nuevas autoridades electas conforme a un nuevo padrón.

Antecedentes históricos

El senador Costanti en su prolongado discurso recordó que “fue un Cabildo abierto el que destituyó por indigno del cargo al virrey Sobremonte; fue también un Cabildo abierto el que entregó el gobierno militar de Buenos Aires, durante las invasiones inglesas, a Liniers, y fue asimismo el Cabildo abierto de Buenos Aires, en definitiva, quien inició el movimiento emancipatorio. (sic)

Pero Rivadavia, por la desgraciada ley del 24 de mayo de 1821, imbuido del espíritu imperialista de Europa, adonde fuera en misión diplomática, trajo de Francia la institución de las policías en una forma completamente opuesta a los cabildos coloniales”, por cuanto hasta ese momento, dependían de las autoridades del Cabildo. Destacó el senador Costanti que “Rivadavia, por esa ley fatal, arrasó con la institución de los viejos cabildos españoles, sustituyéndolos en cuanto a la justicia, por jueces de primera instancia y jueces de paz, y en lo que se refiere al orden político, por un jefe y los catorce célebres comisarios”.

Reconoció el senador Costanti que “nuestros constituyentes establecieron también como precepto categórico e ineludible, que las constituciones provinciales debían garantizar el régimen municipal”. Desde entonces la legislatura sancionaba la ley orgánica de las municipalidades cuyo poder ejecutivo ejercía el intendente -nombrado por el gobierno hasta que se dispuso la elección directa- y un poder legislativo integrado por los concejales, mediante votación directa del electorado de cuyo seno se elegían las autoridades del concejo deliberante. En su extenso discurso citó antecedentes de legislación municipal de diversos países.

Ejercicio ilegal de la medicina

En la sesión del 21 de junio de 1918 en la Cámara de Senadores presidida por don Juan Cepeda, se consideró el proyecto de ley sobre ejercicio de la medicina, obstetricia y odontología, reconociendo habilitados a los egresados de universidad nacional o de la provincia; los que posean títulos de los países con los cuales existan tratados de reciprocidad y los autorizados por los Consejos de Higiene. El proyecto era prácticamente una reproducción del sancionado en la Cámara de Diputados de la Nación por iniciativa de los doctores Semprum, Penna, Del Barco, Agote y otros” y aunque adolecía de algunas omisiones, serviría “por lo menos” para “perseguir con cierta eficacia, al curandero, al corredor y al charlatán”, que en ese tiempo eran los mayores males para el tratamiento de las enfermedades.

Legislación vigente

Durante el prolongado debate el senador Gerardo Costanti reconoció que en la provincia de Santa Fe todo lo relativo al arte de curar, se rige por la ley del 4 de diciembre de 1889 de creación del Consejo General de Higiene en Rosario, reconociéndole facultades para dictar “los reglamentos convenientes para el ejercicio de la medicina, de la farmacia y los referentes a parteras, dentistas, flebótomos, veterinarios, etcétera”, proyecto de reglamento aprobado por el Poder Ejecutivo el 30 de enero de 1890 y con relación a las farmacias, conforme la ley 1386 del 20 de junio de 1907 modificada por la ley 1459 del 22 de noviembre del mismo año. Ambas leyes eran ineficaces porque como destacó el senador Costanti: “no hay diario que se publique, en que no se encuentren en el sitio más visible los retratos de los curanderos con los avisos más llamativos y la relación de las curas más extraordinarias o maravillosas”.

Advirtió el legislador que “no son únicamente los curanderos los merecederos de una severa represión” porque “abusan de la buena fe de los incautos que atrapan” y “no se detienen aún ante los serios peligros en que, por su ignorancia, colocan la salud del enfermo que se confía a ellos”. Planteó lo comprobado en Rosario: “Hay en esa ciudad una numerosa banda de corredores que no tienen otra misión ni otro oficio que el de buscar enfermos. En cuanto un individuo con cualquier dolencia se embarca en el ferrocarril, aunque sea a cien kilómetros de Rosario, a la simple sospecha de que va a ponerse en manos de un facultativo, los corredores inmediatamente lo circundan y asedian, con el pretexto de ofrecerle el hotel o la fonda en que ha de alojarse, y lo trabajan con tal habilidad, en forma tan insinuante y tan decisiva, que no tardan en convencerlo del médico que ha de elegir”.

En consecuencia, el enfermo “deja de lado las recomendaciones de que era portador”, le manifiesta cuánto dinero tiene disponible para el tratamiento y se somete a la decisión del “corredor” y se inicia “trámite repugnante: El corredor, a solas, antes de presentar el cliente, le dice al médico: ‘Traigo un enfermo con tres mil pesos; si usted me paga sobre esa suma mi comisión del veinte, del treinta o del cuarenta por ciento, el enfermo es suyo, sino, me voy.’ Más de un médico medita, discute, pero al fin transige, hace suyo el doliente y acepta la comisión del intermediario… El hecho no puede constituir una inmoralidad mayor.”

Con la sanción de la ley Nº 1957 se reglamentó el ejercicio del arte de curar, aunque no pudo erradicarse definitivamente el curanderismo. En consecuencia, el 30 de abril de 1919 el gobernador Lehmann remitió a la Legislatura un mensaje indicando “las múltiples dificultades que la aplicación de la Ley 1957 ofrece en sus numerosos procedimientos” y de acuerdo a la experiencia legislativa en las provincias de Tucumán y Buenos Aires, modificó las funciones del Consejo de Higiene. Amplió las normas para registrar los títulos de medicina, obstetricia, odontología, veterinaria y demás ramas del arte de curar; especificó los procedimientos para registrar los títulos y lograr la correspondiente habilitación para el ejercicio profesional.

Déficit en municipalidad de Santa Fe

El 26 de julio de 1918 tuvo media sanción en la Cámara de Diputados el proyecto autorizando a la municipalidad de Santa Fe a realizar una operación hipotecaria hasta la suma de 400.000.- pesos moneda nacional para resolver algunas de las dificultades financieras. El senador Caminos informó que esa administración adeudaba “300.000 pesos por sueldos de empleados de siete meses de este año”; “45.000 pesos de cupones del empréstito internos”, algunos ya ejecutados; “97.000 a la caja de pensiones y jubilaciones municipal; 17.000 pesos al Banco Municipal y 187.914,50 hasta el 30 de julio de 1918 al Consejo General de Educación. Después de un breve debate, el proyecto fue sancionado.

(Es oportuno expresar que el señor Carlos M. Portela era Director del Cuerpo de Taquígrafos.)

Impuestos y construcción de caminos

En la Legislatura cuando hay disidencias, se demora el tratamiento de determinados asuntos durante el período ordinario de sesiones. Entre los temas de mayor discusión están los referidos a la administración de justicia; al presupuesto y a las leyes que permiten disponer de los recursos financieros.

En 1918, después de treinta reuniones ordinarias, en las de prórroga que comenzaron el 19 de julio de 1918 presididas por el diputado Arturo Anello con 21 legisladores presentes, tres ausentes con aviso y catorce ausentes sin aviso, comenzó el debate sobre la ley de Sellos que se ampliaría en las actuaciones administrativas y judiciales (registro general de la propiedad; marcas y señales; productos agrícolas, registro civil, impuestos profesionales, transmisión gratuita de bienes).

En la sesión la primera sesión de prórroga de la Cámara de Diputados, hizo moción de preferencia con respecto al tratamiento del proyecto sobre “el impuesto al mayor valor y el que se refiere al latifundio, con o sin despacho de Comisión”.

En esa oportunidad el diputado Dr. Luciano Molinas indicó la necesidad de que se expidiera la Comisión y rechazó algunas imputaciones: “… si mi intención hubiera sido que el proyecto se malograra, hubiera propuesto que se tratara inmediatamente, porque tengo la seguridad que hubiera sido rechazado”. Reiteró la necesidad de “un estudio del proyecto para suministrar los antecedentes necesarios a la Cámara y presentar el despacho”, proponiendo que se invitara al ministro de Hacienda para que concurra al debate.

El diputado Cabanillas sostuvo que “el asunto no es tan complejo como lo presenta” y que habían “perdido ya la primera quincena de ese mes por una u otra razón”, siendo “necesario ahora ganar, recuperar ese tiempo perdido”. Al día siguiente no hubo quórum, aunque el plazo del período de prórroga para poder votar los proyectos pendientes era exiguo. El diputado Nogués insistió en las disposiciones reglamentarias, apelando a la adopción de “las medidas necesarias a fin de compeler a los inasistentes a la sesión” o aplicar la pérdida del “derecho a la dieta correspondiente al tiempo que durase su ausencia, a contar desde su última inasistencia”.

Rosario: sede del gobierno provincial

El 20 de agosto de 1918 el gobernador Lehmann informó a la Legislatura que de acuerdo con el art. 75 de la Constitución de la Provincia, el P.E. trasladará al día siguiente “la sede de su gobierno a la ciudad de Rosario”.

Elección de secretario de Cámara

En la sesión del 23 de agosto de 1918 el presidente de la Cámara de Diputados Dr. Arturo Anello informó sobre “el fallecimiento del señor Domingo Garcilaso, que durante quince años” había sido secretario de esa cámara y comunicó que había dispuesto que “de fondos de la Honorable Cámara, se abonaran los gastos del entierro”, decisión aprobada por unanimidad.

Luego el diputado Amadeo Ramírez respondiendo a la sugerencia de la presidencia, indicó que en la primera sesión de la semana siguiente se podría designar al sucesor. Fue durante la sesión del 6 de septiembre de 1918 que el diputado Enzo Bordabehere propuso que se proceda al nombramiento del secretario de la Cámara de acuerdo a lo resuelto en la sesión anterior. Indicó el legislador que había trascendido el nombre del candidato de la mayoría y se opuso porque consideró que la idoneidad era una condición insoslayable y con respecto a la buena conducta, en su opinión “el señor Fernández” que había sido candidato a diputado por el Partido Radical de Santa Fe en el departamento Castellanos”, tenía “antecedentes sobrados” para justificar una “incompatibilidad de hecho”. Aludió a un juicio en un Juzgado de la Segunda Circunscripción, “en que se lo acusa de defraudación” motivo de su detención, porque se trataba de “un cheque doloso”. Esa información del diputado Bordabehere contrastaba con el informe del diputado Nogués acerca de la confianza de los integrantes del Concejo Deliberante de Rafaela, cuyo presidente era “un miembro conspicuo del Partido Demócrata -el Presidente del Comité Departamental-”, quien “no tuvo inconveniente en aceptar el diploma del señor Fernández, cuando fue electo Concejal, para desempeñar luego el cargo de Presidente del Concejo Deliberante de Rafaela, con el beneplácito de los demócratas de aquel Distrito”. Después de un breve debate, votaron 17 diputados por la designación del señor Juan Andrés Fernández; ocho por el señor Benjamín Recamán y cinco por el señor Miguel Angel Pintos. Hubo aplausos y mientras seguía el proceso, asumió el nuevo secretario.

Interna radical e investigación legislativa

El 22 de noviembre de 1918 los diputados Ángel Ortiz Grognet, Luciano F. Molinas, José Carreras, Enzo Bordabehere, Luis M. de la Vega; J. A. Guevara, L. M. Mattos y Otto C. Gschwind, presentaron el proyecto de resolución para la designación de tres miembros a fin de investigar “la forma en que se practica el régimen municipal en la provincia”. En ese tiempo la falta de quórum impedía la labor parlamentaria; se reiteraban las acusaciones recíprocas por ese “entorpecimiento” en las sesiones ordinarias de la Cámara y el diputado Domingo B. Cabanillas (Rosario), aludió a los porcentajes de asistencia de los 41 diputados, indicando que el diputado Medina está ubicado en el orden 26, el diputado Mattos en el 18; el diputado Guevara en el 16. Insistió el diputado Cabanillas -que sólo había faltado a veinte reuniones” en que el diputado de la Vega ocupa el lugar 27 -con veinte inasistencias sobre 98 reuniones-; Bordabehere, “quien fuera el más cáustico en la acusación”, “faltó a 49 reuniones de las celebradas”; el diputado Gschwind a 43; Guevara a 50; Mattos a 54; Ortiz Grognet a 50 reuniones… siendo Centeno con 92 inasistencias y Madariaga con 87 quienes menos concurrieron al recinto de las deliberaciones y en consecuencia, tampoco influyeron en las decisiones políticas emitiendo el voto. El diputado Cabanillas -del partido radical de Santa Fe- advirtió que “es el Partido Demócrata Progresista quien con mayoría en el senado, ha trabado la marcha de la administración de la provincia y la solución de graves problemas financieros. Tan es así, que desde el agente de policía hasta el principal magistrado de justicia, en la actualidad tienen que entregarse en manos de los usureros”. En un breve debate distintos legisladores justificaron sus ausencias y los motivos de sus oposiciones.

En ese tiempo en la zona de San Cristóbal un ciclón había producido enormes daños y el P.E. el 15 de noviembre de 1918 expidió un decreto acordando “un subsidio de diez mil pesos moneda nacional a la comisión pro víctimas del ciclón, del departamento San Cristóbal. Dos semanas después la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados se expidió favorablemente y recién el 20 de junio de 1919 se consideró el dictamen de la comisión del Senado, insistiendo el senador Héctor P. López (San Jerónimo) en la importancia de esa ayuda “con motivo del ciclón que destruyó una parte de algunas poblaciones y causó tantas víctimas”. El proyecto fue sancionado.

Comisión investigadora

Durante la sesión del 29 de noviembre de 1918 el diputado Luciano F. Molinas (Dto. San Cristóbal) fundamentó el proyecto disponiendo la creación de una comisión investigadora para estudiar las causas que dificultan el normal funcionamiento del régimen municipal autónomo en toda la provincia, debiendo presentar su informe en las primeras sesiones del año siguiente.

En Casilda se había integrado un concejo deliberante ilegal “para quitar así al partido demócrata progresista la mayoría que tenía legítimamente adquirida. Con el voto de los diputados nacionalistas se declararon caducas sus autoridades, y todavía no se había discutido en el Senado. El partido demócrata y algunos miembros del partido radical, habían protestado por el decreto del P.E. que removió al intendente de Rosario que tenía acuerdo legislativo.

En Rafaela considerando que tres son la mitad más uno, es decir los “dos tercios” requeridos para declarar cesantes a concejales, separaron por inasistencia a dos concejales y después rechazaron arbitrariamente la siguiente elección, seguramente porque esperaban otro resultado; origen de “la protesta del vecindario y la abstención de la Unión Vecinal y del partido radical nacionalista”.

Destacó el diputado Molinas que “en Esperanza los conflictos se suceden entre los dos bandos del partido radical de Santa Fe”, imputándose a uno de ellos haber ganado la elección por el ostensible apoyo de las autoridades”. Para dirimir ese conflicto se dispuso una reunión de los dos concejales y media hora antes de la propuesta, uno sólo ya había “aprobado la elección, comunicado al intendente, y en una palabra consumada toda la obra”.

El diputado insistía “en la ciudad de Santa Fe, las dos fracciones radicales se imputan una serie de actos y procedimientos que han motivado los cargos que se hacen recíprocamente de haber confeccionado padrones fraudulentos, consumándose una serie de transgresiones, que ha motivado por último la abstención del partido radical nacionalista”. Destacó el diputado Molinas que “un juez en esta ciudad se ha creído autorizado a mandar suspender los procedimientos electorales, hasta la terminación de una querella iniciada contra varios concejales, vulnerando así los principios básicos de nuestra organización política”.

Deuda con los maestros

El gobierno que había asumido en 1916, tuvo crecientes dificultades para resolver las deudas públicas y pidió autorización a la legislatura para emitir una letra de 800.000 pesos para pagar “los haberes que por el presupuesto de 1917 tenga a cobrar el personal docente que depende del Honorable Consejo de Educación de la Provincia. El proyecto se trató en la sesión de prórroga del 29 de noviembre de 1918, dato que permite comprender cuánto debieron soportar los maestros en aquellas circunstancias.

Proyecto al año siguiente: Conservatorio Musical de la Provincia…

A pesar de esas dificultades financieras, el 9 de mayo de 1919 los diputados Manuel A. Fernández y Domingo B. Cabanillas presentaron el proyecto de creación del “Conservatorio Musical de la Provincia” en Santa Fe y en Rosario, que funcionarían “directamente bajo la inspección del Ministerio de Instrucción Pública y Agricultura” de acuerdo “a la reglamentación que oportunamente dicte el Poder Ejecutivo”, autoridad que nombraría a “los directores técnicos de los Conservatorios” quienes debieran ser “argentinos nativos y graduados en establecimientos superiores de música, nacionales o extranjeros, que comprueben su idoneidad”.

Las actividades de ambos conservatorios se desarrollarían con los recursos provenientes de derechos de inscripción, cuotas mensuales y derechos de examen a cargo de los alumnos de ambos sexos, salvo quienes en las escuelas primarias provinciales, hubieran “demostrado aptitudes para el estudio de la música” y en tal situación, no pagarían las cuotas mensuales.

Otro proyecto presentado por un grupo de diputados de Rosario, autorizaba el otorgamiento de una beca a Herminio Blotta, “talentoso escultor” de esa localidad, “para que pueda proseguir sus estudios en Europa”. El diputado Gatti destacó, que el “artista laureado en la Academia de Bellas Artes de Rosario” había merecido una distinción del gobierno nacional y que con motivo de la guerra había fracasado ese proyecto de perfeccionamiento en el exterior. Como se trataba de “una persona modesta, de origen humildísimo”, pidió que se sancionara el proyecto para que el escultor rosarino se pusiera “en contacto con la civilización milenaria del viejo mundo, a fin de que traiga, junto con el recuerdo de los grandes genios del pasado, las orientaciones de las nuevas corrientes artísticas”. El proyecto fue sancionado.

(He leído acerca de Herminio Blotta que fue uno de los iniciadores del movimiento artístico de Rosario, una de sus esculturas fue ubicada por la municipalidad en Resistencia -departamento Gral. Obligado, al norte de provincia de Santa Fe; también en la municipalidad de Esperanza, en el Parque de la Tradición está su obra titulada Martín Fierro…)

Mensaje convocando a extraordinarias

El 11 de diciembre de 1918 el gobernador Rodolfo Lehmann convocó a la Legislatura a sesiones extraordinarias para considerar un proyecto de empréstito, reforma en las leyes impositivas y el presupuesto anual. En esa circunstancia, el gobernador y el ministro Gobierno, Justicia y Culto Dr. Francisco Valdez firmaron un “decreto, inusitado” -al decir del senador Agustín Araya, de Rosario-, que fue “impreso en carteles y repartido a profusión en toda la provincia”. Destacaban los responsables del P.E. que al asumir la administración provincial el 9 de mayo de 1916, había “un déficit de varios millones” debido a la disminución en las recaudaciones y a la crisis universalmente conocida y que en consecuencia, los presupuestos de los años 1917, 1918 y 1919 se habían elaborado sobre la base del vigente de 1914 con las mayores economías posibles.

Las crecientes dificultades financieras habían impulsado al gobernador Lehmann a remitir a la Legislatura “tres proyectos de empréstito para regularizar la situación financiera de la provincia para pagar al día los sueldos de todo el personal, atender los compromisos del estado y facilitar trabajo en horas difíciles a los obreros desocupados”. El 9 de agosto de 1918, el gobernador había remitido un mensaje acompañando el proyecto del ministro José Araya para lograr la autorización de una partida por gastos pendientes del año anterior. Había resultado insuficiente la entrega de 40.000 pesos a la Municipalidad de Santa Fe, “destinada a dar trabajo a los desocupados, cuya situación era en extremo aflictiva, y alimentos a los menesterosos que imploraban en forma desconsoladora caridad para su hogar”. En consecuencia, se insistía en que la municipalidad había invertido aproximadamente 15.000 pesos más.

Destacó el gobernador que “la mayoría opositora de la honorable legislatura, formada por miembros de los partidos demócrata y radical nacionalista”, no había sancionado ni durante los períodos ordinarios ni en los extraordinarios, “ninguno de los proyectos de presupuesto y empréstitos citados, ni los sustituyó por otro que pudiera considerar más conveniente”. Reiteró que “en la Cámara de Diputados donde la Unión Cívica Radical de Santa Fe, tiene mayoría, fueron sancionadas numerosas leyes de gran importancia, entre ellas, la que autoriza a un empréstito de once millones de pesos, con lo que la situación de la provincia hubiera podido mejorarse, pero el honorable senado, cuya mayoría está formada por demócratas y radicales nacionalistas, no trató el empréstito”, “ni ninguna de las numerosas leyes del mismo origen”.

Refiriéndose a la huelga del personal de la policía de Rosario, el gobernador Lehmann insistió en la importancia de “exponer -por excepción- ante la opinión de la provincia, los antecedentes que sirvan para establecer la forma en que cada uno de los poderes del estado, ha entendido cumplir con su deber”. Esas afirmaciones motivaron un prolongado debate durante la asamblea legislativa del 17 de diciembre de 1918, en la apertura del período extraordinario presidido por don Juan Cepeda. El senador Araya reconoció que en esa Cámara “sobre 50 proyectos de ley sometidos a su consideración, 35 fueron estudiados, discutidos y sancionados”. En consecuencia rechazó esos “agravios de poder a poder” que “a nada bueno conducen, pues dejan la triste impresión de que el régimen no sólo se encuentra subvertido, sino también que en esta hora difícil falta en el partido gobernante el carácter, la decisión y entereza de afrontar responsabilidad que en todo tiempo fueron el mayor timbre de gloria de la raza”. Sucesivos discursos intentaron justificar las actitudes de los diferentes bloques mientras el diputado Arturo Anello advertía que “la situación por la que atraviesa la provincia de Santa Fe, no puede ser más grave” y manifestó que “cuando por la inercia, algún poder olvidara el cumplimiento de sus deberes constitucionales, habrá llegado el momento en que, velando por los intereses superiores del bienestar del estado, se proceda enérgicamente y se arrase de una vez por todas con esa rama del poder público que desnaturalizó su misión”. Al mismo tiempo que hubo aplausos prolongados, el diputado Enzo Bordabehere preguntó: “¿Y por qué no la arrasan?”. El diputado Gregorio Parera manifestó que era “un argumento brutal… porque dentro de nuestra constitución ningún poder puede juzgar a otro; y si se quiere ir a la barbarie o a la montonera, yo acepto que el gobernador Lehmann sea el jefe de la montonera disidente, pero no lo acepto dentro del orden institucional”. Hubo “diálogos violentos y la presidencia hace sonar la campana de alarma para restablecer el orden.” El diputado Bordabehere expresó su sorpresa por “las manifestaciones del miembro que preside la Cámara de Diputados”, acerca de la posibilidad de “disolver la legislatura, para poder crear en la provincia, un régimen de dictadura, un régimen en que no imperara la amplia discusión de las ideas, sino que reinara sin oposición, la opinión de los que mandan, el poder ejecutivo, porque para ello se lo ha consagrado en la lucha eleccionaria”. Rechazó las imputaciones del oficialismo por la falta de labor parlamentaria, indicando que su “sistema en la comisión es estudiar las cuestiones que se presentan, con criterio propio” y que no podía “jamás aceptar la imposición de la mayoría oficialista” existente en las comisiones de la Cámara; considerando imprescindible “poder entrar a discutir y atacar” con sus “propias ideas a ese oficialismo rayano en la exageración”. El diputado fue interrumpido en varias oportunidades. Estas discrepancias que han quedado registradas en los diarios de sesiones, se han repetido con diferentes protagonistas y la historia de la Historia revela que a pesar de tanta divergencia, enseguida se intenta lograr un acuerdo en función de distintos intereses.

Empréstito

El senador Agustín Araya (Rosario), insistía en sus dudas con respecto a los montos diferentes insertos en los proyectos de empréstito, en 1917 de cinco millones; en el proyecto demócrata seis millones; once millones en el proyecto nacionalista y veinte millones de acuerdo al despacho de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados en 1918. Planteó que quien mire sin pasión ni prejuicios esta danza de millones debe aparecerle acertada la actitud prudencial adoptada por el honorable senado de la provincia”. Admitió que con ese empréstito se consolidaría la deuda flotante de la provincia, originada por disminución en las recaudaciones fiscales en sucesivos períodos, agravada en esos momentos por los compromisos financieros resultantes de los fallos de la suprema corte”, que obligaban a la provincia a “cumplir sin vacilaciones ni demoras perjudiciales al crédito y buen nombre de la provincia”. No había posibilidades de aumentar los impuestos porque ya habían manifestado sus protestas las Bolsas de Comercio de Santa Fe y de Rosario, también los “obrajeros, industriales y propietarios del norte y sur de la provincia”. El senador Agustín Araya planteaba la demora del gobierno en establecer un “impuesto al capital en giro”, “impuesto a las herencias”, “impuesto al mayor valor y al latifundio”.

Ataques a la prensa

En esa apasionada asamblea legislativa, el diputado Cabanillas manifestó: “El partido radical de Santa Fe y el gobierno de la provincia no tienen prensa, carecemos de prensa, porque no tenemos con qué costearla y porque hemos creído en la buena fe del cuarto poder. Costeamos nuestros comités con el esfuerzo personal de cada uno de los afiliados que pueden concurrir a sufragar sus gastos. El partido radical de Santa Fe, tiene el más profundo respeto por todos los intereses y dineros del estado; ninguno de nosotros osará tocar un centavo de los dineros públicos, no sólo porque sabemos que están abiertas las cárceles y la mazmorra, como es la cárcel de Santa Fe, para los funcionarios que delinquen, sino por culto a nuestros principios y normas legales”. El diputado Cabanillas censuró a “la prensa, la mala prensa… siempre soez y mercenaria!” que había “atizado en estos días el fuego de sus procacidades y calumnias contra los poderes y hombres públicos, para producir el desorden y el caos, pero guardó sepulcral silencio sobre los negociados de su grey”. Planteó si “acaso no son los mejores representantes de la mala prensa ‘La Capital’, diario demócrata que está dentro o fuera del credo según le convenga, y el órgano oficial del partido demócrata progresista, ‘La Acción’… periódico redactado por un extranjero irrespetuoso de todas las tradiciones del país; sujeto de quien se cuenta que un presidente del Paraguay le hizo tragar una de sus producciones infames”. Hubo una violenta discusión y sonó la campanilla para frenar los violentos impulsos. Leyó el diputado algunos títulos y párrafos de ese “pasquín” y expresó: “Yo puedo declarar… con orgullo, que quizás mis ropas puedan ostentar, como un blasón, en zurcidos los prodigios de aguja de mi honesta mujer” y defendió a sus compañeros de bloque y al poder ejecutivo. Aludió a los recientes conflictos en Rosario. “… En los instantes de la huelga de agentes, muchos demócratas tomaban parte y esquivando peligros alentaban la rebelión. Sabían que había soldados del escuadrón de seguridad y bomberos armados con pistolas Manlicher, que cada vigilante tenía un revólver o un espadín, que llevaban consigo las armas que el estado les confiara para defensa de las instituciones, y en su afán de incitar y promover el desorden prodigaron el veneno de las ‘copas’ para hacerles perder el equilibrio moral por medio del alcoholismo. Soliviantaban los demócratas progresistas al grupo de vigilantes en huelga para producir en la provincia de Santa Fe una situación de fuerza, el escándalo y la depredación…” Nuevamente “se produce un violento cambio de palabras entre los señores diputados Nogués, Carreras y Palenque; el presidente hacía sonar la campana del recinto y los taquígrafos registraron: “sólo se oye que dice el señor Nogués: ¡Silencio! ¡Silencio en su boca!, señor Diputado” e inmediatamente se restableció el orden.

Entre la reforma constitucional y la intervención

El diputado Dr. Amadeo Ramírez, reconoció que estaba vigente en la provincia “una constitución arcaica” y sugirió al senador Agustín Araya que pusiera “todos sus esfuerzos en la cámara de senadores para que se trate la reforma”, circunstancia que motivó al representante de Rosario para manifestar: “… Si nuestro período se muestra huérfano de iniciativas proficuas, no es el poder legislativo el culpable, sino que lo es esta constitución en la que el poder ejecutivo se ampara indebidamente para mandar y no para hacer obra de gobierno…”. Enseguida el diputado Nogués expresó: “Lo invito al señor senador a que pidamos la intervención amplia; desde el momento que no cumplen con su deber ni el poder ejecutivo ni el poder legislativo, están de más y están haciendo una verdadera estafa al presupuesto de la provincia”. Hubo aplausos y una rápida lectura de los diarios de sesiones, permite comprender que la mayoría de los discursos respondían básicamente a los respectivos intereses partidarios. Después de prácticamente tres horas de reunión, el diputado Ramírez propuso el cierre del debate y así se hizo. Se leyó la contestación de la asamblea legislativa rechazando “las imputaciones inexactas, temerarias e injustas que contiene el decreto del poder ejecutivo”, por ser “violatorio de sus derechos y prerrogativas fundamentales”; desconociendo “igualmente al poder ejecutivo la facultad que se atribuye para fijar el término de las sesiones ordinarias”. Hubo empate con 22 votos, en segunda votación con idéntico resultado, desempató el presidente de la asamblea don Juan Cepeda, “por la afirmativa”; hubo “aplausos en la barra y en la izquierda” –de las bancas. El diputado Bordabehere propuso que se hiciera público el discurso del doctor Molinas y la resolución que acababa de votarse”, aunque debido a “un murmullo” y a que se habían retirado algunos legisladores, optó por retirar esa moción.

Renovación de Senador Nacional

El 4 de octubre de 1918, el gobernador Rodolfo Lehmann remitió un mensaje a la Legislatura informando que la presidencia de la Cámara de Senadores del Congreso Nacional había comunicado que el 30 de abril de 1919 finalizaba el mandato del senador nacional Dr. Pedro Antonio Echagüe. En consecuencia, el presidente del Senado don Juan Cepeda el 12 de ese mes convocó a sesión de asamblea para el 25 de octubre a las 14. La demora de algunos legisladores motivó que la sesión se atrasara una hora y media y el senador Gregorio Parera hizo una advertencia porque “el retiro de algunos legisladores podría haber constituido un caso de nulidad de la elección, e induciría por consiguiente a la nulidad de la asamblea”. Se ordenó la votación y el doctor Ricardo Caballero obtuvo 26 votos, el señor Cepeda 14 votos y un voto menos el Dr. Gerardo Costanti. El diputado Molinas manifestó entender “que es un privilegio exclusivo de la asamblea hacer esa designación, y que en cualquier momento, aunque las cámaras estuvieran en receso, puede la presidencia convocarlas para elegir senador nacional”, ratificándolo el diputado Cabanillas y el Dr. Costanti, quien insistió en que “la asamblea no necesita ni de la intervención del poder Ejecutivo ni de la de ninguna otra autoridad -que en este caso le resulta extraña-, para reunirse y desempeñar una función que le es propia e indiscutible como es la elección del senador que ha de representar a la provincia en el senado Nacional”. El diputado Arturo Anello planteó su disidencia y terminó la sesión a las 16. Recién en el año 2001 –conforme la Constitución Nacional vigente desde 1994-, los integrantes del Senado Nacional fueron electos electos por el voto directo de los ciudadanos empadronados.

Banco Provincial de Santa Fe

Transformación con capital mixto

En la sesión del 27 de septiembre de 1918 se consideró el proyecto del diputado Luciano F. Molinas “de transformación del ‘Banco Provincial de Santa Fe’ en un Banco mixto, al que se incorporaran capitales privados, dando así vida a una institución nueva y eficiente, destinada a influir en el régimen económico y financiero de la provincia”.

Es interesante tener en cuenta lo expresado por el Dr. Molinas en aquella oportunidad: “Nuestro Banco, no obstante todos los privilegios de que goza no ha podido alcanzar el lugar que legítimamente le correspondiera como institución oficial del segundo Estado argentino…”. En consecuencia, opinó que había llegado la hora de que “la Legislatura, aprovechando la situación creada, se ponga en la tarea de la reconstrucción”. Aludió a las deficiencias del régimen bancario del país y destacó que “después de las medidas tomadas en los días inmediatos a la gran conflagración europea, nada se ha hecho”.

Advirtió que “nuestras leyes notoriamente liberales han permitido que se instalen en todo el país toda clase de asociaciones bancarias, las que realizan sus operaciones sin contralor alguno, salvo las que se organizan bajo la forma de sociedades anónimas, mandando muchas de ellas al exterior las ganancias obtenidas y guardando reservas desproporcionadas, que traen como resultados, en unos casos, falta de garantías adecuadas para sus clientes, o fuertes cantidades improductivas, en otros, ocasionando en ambos, perjuicios serios para el país”. Se refirió a algunos riesgos: “Nuestros Bancos, salvo excepciones, mantienen las reservas en una porción arbitraria y no están en condiciones de soportar una corrida. Las mismas instituciones que mantiene las reservas previstas en las leyes o en sus cartas orgánicas, no están tampoco en condiciones de soportar una situación de pánico. Y si sumamos todas las cantidades depositadas en los Bancos de la Provincia y de la República, veríamos las sumas enormes de capitales improductivos, retirados de la circulación”. Luego informó sobre las características del sistema bancario en Estados Unidos, en Rusia, Francia, Italia, Austria, Hungría y “el Imperial de Alemania, el más moderno de los Bancos centrales de Europa, cuya organización se imita en todas partes, que poseen la facultad de emitir billetes en cantidad variable y en la medida que las circunstancias y los negocios lo exijan”. Planteó las limitaciones de la Caja de Conversión; la importancia de poder regular las reservas y los encajes “ya que igualmente acarrea males la falta como la abundancia del medio circulante” y reconoció la “iniciativa inteligente” del entonces Diputado doctor Lisandro de la Torre al proponer la ley de redescuento que “con carácter de emergencia”, fuera “realmente salvadora del país”.

El diputado Luciano Molinas -partido Demócrata Progresista-, propuso crear el “Banco de la Provincia de Santa Fe”, “que se formará con el capital que actualmente tiene el Banco Provincial de Santa Fe, y con el producido de acciones que se lanzarán a la suscripción pública, a fin de que sea una institución mixta, en que el capital privado también concurra a su constitución, desarrollo y progreso”. El Dr. Molinas manifestó que el capital del Banco podía estimarse “en poco más de seis millones de pesos, dejando de lado el crédito que gestiona al Poder Ejecutivo la casa de Rosario” y sería “la base de al nueva institución, la que podrá aumentar su capital hasta la suma de veinte millones de pesos”. Aclaró que “el excedente que pudiera resultar a la Provincia, de los seis millones de pesos en que se fija su aporte, como las ganancias que se obtengan, se depositarán en una cuenta especial llamada ‘Reserva especial del Superior Gobierno’, cuenta que devengará el más alto interés que el Banco pague por los depósitos a plazo fijo, intereses que se capitalizarán cada seis meses y el importe se destinará a realizar el aumento del capital, y cuando él se halle integrado y no se realizaren otras ampliaciones del mismo, se invertirá en la adquisición, por cuenta del Gobierno, de títulos de la deuda pública provincial.”

Antecedentes en la provincia

El diputado Molinas recordó que en “1872 la Legislatura autorizó un empréstito de siete millones de pesos fuertes” destinados a varios proyectos, entre ellos al “establecimiento de un Banco de la Provincia con privilegios fiscales”, y dos años después, “la Legislatura autorizó a un grupo distinguido de personas de Rosario a formar una sociedad anónima para fundar un Banco abajo la denominación ‘Banco Provincial de Santa Fe’, teniendo en aquella ciudad su asiento el Directorio. “Este Banco, después de diversas alternativas por las que pasó, aumentándose unas veces el capital, disminuyendo otras, siendo objeto de diversas reformas por leyes de 1876, 1877, 1878, 1883 y 1890, dejó de ser mixto en 1895, en que se expropiaron las acciones y se dividió el Banco en dos secciones: la de Rosario y la de Santa Fe, que con leves modificaciones” siguieron hasta el momento de su iniciativa. El diputado Molinas apoyaba su “optimismo” en las respuestas de “muchísimos hombres de banca y de negocios de Buenos Aires, Rosario y de esta ciudad”, quienes se habían manifestado dispuestos a suscribir “todas las acciones y con facilidad”.

Administración del Banco

En el proyecto del diputado Molinas, “el Banco estará administrado por un Directorio mixto designando el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, el Presidente y dos vocales, y los accionistas cuatro vocales y el Síndico. Como el centro de mayores actividades comerciales, industrias y bancas en general, es Rosario, allí deberá funcionar el Directorio, debiendo la casa de Santa Fe tener un Directorio local”, teniendo en cuenta el antecedente de la provincia de Buenos Aires.

Opinión sobre Estados Unidos

Al final de su discurso, el diputado Dr. Luciano Molinas insistió en las transformaciones que se habían concretado en Inglaterra y destacó que “Estados Unidos ha realizado el esfuerzo más formidable en el desarrollo de sus industrias, favorecido por la maravillosa organización bancaria”. Consideró que “la producción es la base de la acción y resistencia, y que la industria diversificada que por todos los medios debemos fomentar, nos dará la tan anhelada independencia económica. Destacó en aquella oportunidad: “… en esta hora, los Estados Unidos han podido lanzar sobre Europa, y por su organización en primer término, el esfuerzo formidable de su potencialidad múltiple, decidiendo irremisiblemente la gran conflagración, para desplazar después sobre América la hegemonía del mundo que mantuvo Europa en la historia, cumpliéndose así, a poco más de un siglo de distancia, la profecía de Washington, que señalaba a los Estados Unidos en tiempo no lejano como los árbitros de la paz y de la guerra”. Hubo exclamaciones de aprobación: ¡Muy bien! y aplausos generales.

El presidente de la Cámara Dr. Luis M. de la Vega dispuso continuar con “la Orden del Día”; el secretario Arturo G. Maciel leyó lo pertinente y el proyecto de transformación del Banco pasó a la Comisión de Hacienda, donde le aseguraban una inmovilidad prolongada, como sucedía con tantas iniciativas.

Investigación judicial

En 1918 la Comisión de Investigación Judicial estaba integrada por los diputados Dr. Manuel A. Fernández (Rosario), Dr. Amadeo Ramírez (Vera) y Dr. José M. Carreras (San Lorenzo).

El 23 de agosto de 1918 el señor Pedro Lassaga patrocinado por el Dr. Isaac Francioni, pidió “la formación de juicio político a los jueces de la Excma. Sala, compuesta por los doctores Juan G. Maciel, José M. Passeggi y Juan M. Moscoso”.

Incompatibilidad judicial – Sueldos de policías – Cárceles

En la sesión del 21 de diciembre de 1918 se consideró en la Cámara de Diputados el dictamen de la Comisión de Hacienda sobre el proyecto de presupuesto del año 1919, aconsejando algunas modificaciones. Se había aprobado la ley sobre incompatibilidades del personal judicial y en consecuencia, correspondía incrementar los aumentos de sueldos previstos para diversas jurisdicciones. Teniendo en cuenta “la carestía de la vida, cada vez más intensa”, se modificaron los sueldos “a los más modestos servidores del estado” entre ellos “a los agentes de policía de campaña”, que en ese tiempo ganaban “la irrisoria suma mensual de 55 pesos”. Se incrementaron los subsidios a instituciones de beneficencia y se incluyeron partidas para mejorar la situación en las cárceles, “que atraviesan por una situación realmente penosa”.

Lecturas y síntesis: Nidia Orbea de Fontanini.