1917 – Legislatura de Santa Fe

En 1917 el servicio estenográfico en la Legislatura santafesina, continuaba con la dirección de Federico Barboza. El 27 de marzo de 1917 se realizó la primera sesión preparatoria en la Cámara de Senadores presidida por el senador Moisés Leiva, con la presencia de los senadores Bartolomé L. Barreto (Belgrano); Juan Beaupuy (Castellanos); Juan B. Boero (San Martín); G. Jorge Cabral (San Javier); Juan Cepeda (Constitución), Gerardo Costanti (San Lorenzo), Ignacio Crespo (La Capital); Carlos Dobler (Las Colonias); Nicolás Habegger (General Obligado); Joaquín Lagos (Iriondo); Moisés Leiva (San Cristóbal); Héctor S. López (San Jerónimo), Enrique Thedy (Caseros), Dalmiro L. Videla (San Justo), Tomás M. Vivas (Vera); ausentes con aviso Valerio Carreras (Gral. López) y Régulo Martínez (Garay); sin aviso Agustín Araya (Rosario) y Pedro Virasoro (9 de Julio).

A partir de la primera sesión ordinaria realizada el 3 de abril, ejerció la presidencia Juan Cepeda…

En la sesión preparatoria del 30 de marzo de 1917, en la Cámara de Diputados presidida por el Dr. Elías F. de la Puente, se consideró el informe de la Junta Electoral presidida por el Dr. Julio A. Busaniche, secretario L. Puig sobre los resultados del escrutinio correspondiente a las elecciones del 24 de diciembre de 1916 en los departamentos Vera, San Jerónimo, Constitución y General López.

La Cámara de Diputados fue presidida por el Dr. Gregorio Parera (San Javier), vicepresidente 1º don Hermenegildo Basualdo (La Capital) y vicepresidente 2º Dr. Romeo David Saccone (Rosario). En ese tiempo, desempeñaba el cargo de Jefe del Cuerpo de Taquígrafos: Julio Fayó; Taquígrafo de 1ª Fernando Birri; de 2ª Adolfo A. Sovrano y Francisco P. Espino; Corrector de Pruebas Luis Pavón Rueda.

Integraron la Cámara de Diputados, por La Capital: Hermenegildo Basualdo y Dres. Pedro Gómez Cello y Arturo Anello; Rosario: Dres. Elías F. de la Puente, Juan Luis Ferrarotti, Romeo David Saccone y señores Tobías Arribillaga, Enrique A. Larrazábal, Francisco Capmany, Pedro Goyenechea, Ramón Taborda, Eduardo A. Nuñez, Alejandro F. Nogués; departamento Castellanos: señores Ángel Masjóan, Carlos F. Bonazzola, Ramón Visconti; San Justo: señor Emilio Angeloni; Las Colonias: Martín de la Peña, Gabriel Faure, Adolfo Pérez Ordóñez; General López: Dr. Pablo Tiscornia (uno vacante por rechazo del diploma del electo Dr. Juan D. Pardal, radical); San Martín: Dr. Ángel Ortiz Grognet, señor Justo Arroyo; Caseros: Dr. Luis María Mattos y señor Nemesio García; Iriondo Dr. José M. Medina y señor Marcelino J. Bayo; San Jerónimo: señores Emilio Pfirter y Melitón Gómez; Constitución: señores Fernando E. Centeno y José M. Madariaga; San Lorenzo Dr. Guillermo E. Kehoe y señor Aristóbulo Lazo; Belgrano: Dr. Luis M. de la Vega; General Belgrano: señor Juan O’Connor; Vera: Dr. Amadeo Ramírez (cuyo diploma se intentó rechazar); San Cristóbal Dr. Luciano F. Molinas; Garay señor Julio E. Racine; San Javier Dr. Gregorio Parera; 9 de Julio señor Oscar Pini.

Estudio de los diplomas

Durante la sesión preparatoria del 30 de marzo de 1917, después de un prolongado debate donde se denunció el sufragio de ciudadanos fallecidos y algunos que estaban prestando el servicio militar- Se aprobaron los diplomas de los representantes del departamento Constitución diputado Fernando E. Centeno; del departamento San Jerónimo, diputado Melitón Gómez.

Violencia y juego…

Al considerarse las elecciones en el departamento Vera, el 22 de junio de 1917 fue miembro informante el diputado Dr. Arturo Anello (La Capital) y el diputado electo Dr. Amadeo Ramírez, manifestó que “ese mismo día” observó “en la estación Garabato, donde el señor Anello tiene su baluarte por ser poseedor de un obraje, que se habían colocado estratégicamente diez o quince individuos de acción con el propósito de esperar la llegada de los trenes y atemorizar con gritos y amenazas a la gente amiga nuestra… obligando en forma violenta a los paisanos a que los siguieran al comité radico-anellista, dando lugar así a que se produjera la mayor confusión… En la “fonda de un señor Andrés Gutiérrez… unas cuantas personas, violando los edictos policiales, se entretenían en jugar la taba” y luego fueron detenidos.

Doctor Amadeo Ramírez y las talas en “La Forestal”…

Durante las sesiones de 1917, el Dr. Amadeo Ramírez destacó que “la actitud de ‘La Forestal del Chaco’ es algo más que censurable: es vergonzoso… sabido es que esta compañía extranjera es dueña de una extensión de campo equivalente, por lo menos, a las dos terceras partes del territorio del departamento, donde ha constituido una especie de sistema feudal, por sus procedimientos, puesto que allí no rige más ley que la voluntad y capricho de sus dueños”. Planteó que en Vera “se vive en un estacionamiento aplastador, ya que toda iniciativa de progreso no puede prosperar debido a la falta de apoyo y a la resistencia de esta compañía que sólo piensa en enriquecerse, explotando desconsideradamente el brazo del pueblo y destruyendo sin reparo los bosques de nuestro Chaco. Esta es la verdad. Esa compañía sólo piensa en llenar sus arcas a costa del sudor del pueblo y talando los montes de nuestro Chaco de una manera deplorable”.

Desde aquel tiempo, en los diarios de sesiones de ambas cámaras legislativas hay incomprensibles debates acerca de La Forestal y queda la evidencia que algunos argentinos incorregibles preferían defender los intereses de aquella compañía inglesa y soslayaban las injusticias sociales que soportaban los hacheros y sus familias, mientras sus patrones y los contratistas acumulaban distintos beneficios.

Décadas después -en 1965-, el destacado escritor Gastón Gori -nacido en Esperanza el 17 de noviembre de 1915-, publicó un extenso estudio sobre ese país dentro de otro país titulado: La Forestal y reflejó en esas páginas una aproximación a la tragedia del quebracho colorado, obra que el escritor y periodista Luis Gudiño Krämer calificó como un “magnífico testimonio”, en su valoración expresada en el acto de presentación del libro en la ciudad de Rosario, destacando en aquella oportunidad que Gastón “pertenece a la estirpe de los sociólogos” porque “siempre le ha preocupado el problema de la tenencia de la tierra y del hombre que sobre ella lucha”.

Acerca del fraude…

Después que el secretario Domingo Garcilazo terminó la lectura de una “síntesis de los cargos y las pruebas”, que el presidente de la Cámara Dr. Gregorio Parera había puesto a disposición de la Comisión de Poderes y que el diputado Fernando E. Centeno había recibido en ese momento, el electo diputado Amadeo Ramírez manifestó en el recinto que “apenas” había podido leer “la nota comunicación que acompaña a los documentos”.

Se reiteraban las denuncias sobre fraude electoral porque aparentemente votaron “algunos muertos”, ciudadanos “ausentes”; “conscriptos bajo bandera”.

El Dr. Ramírez manifestó: “…Voy a afrontar el debate, pero no con propósitos egoístas porque no defenderé intereses personales, sino simplemente los derechos de mis electores que en una forma tan desconsiderada se quieren violar”.

Reconoció sus limitaciones: “…me coloco en situación desventajosa en relación a mis impugnadores, porque no soy orador, ni poseo la práctica parlamentaria que se necesita para afrontar con cierta eficiencia un debate, pero a pesar de todo nada temo, porque aunque sea en incorrecta forma he de saber oponer a la elocuencia de mis contrincantes y bien al desnudo, la verdad y la justicia que me asisten; esas dos fuerzas que se imponen siempre ante la conciencia de los hombres honrados!”

Aplaudieron y el doctor Ramírez continuó con su reflexión:

“Intereses de círculos”

“Es realmente sensible, que los egoísmos, los apasionamientos y los intereses de círculo produzcan una especie de anestesia, anulando por completo en los hombres los sentidos de la virtud, haciendo desaparecer hasta la misma sinceridad; pero me consuela la esperanza de que algún día un rasgo tardío quizás de probidad y de vergüenza sacuda la conciencia de los que hoy se prestan a secundar propósitos tan mezquinos, de esos que como en la época memorable del gobernador Crespo –Ignacio-, pretenden a toda costa cerrarme las puertas de esta legislatura, después de haber conquistado honrada y legítimamente mi diploma…

“Desprestigio”y “esterilidad” del Poder Legislativo…

Si hoy es grande el desprestigio de este cuerpo legislativo por la esterilidad de su obra, mayormente será mañana cuando el pueblo sepa que al reunirse por excepción es para facilitar que algunos de sus miembros propongan la comisión de verdaderas injusticias, de verdaderas iniquidades…”

Se produjo “una violenta discusión, hablando al mismo tiempo varios diputados, lo que impide oír sus palabras”.

El doctor Ramírez manifestó: “Con gritos nadie me convencerá de que tiene razón, sino simplemente de que posee mejores pulmones”.

Sus opositores lo interrumpían, aludiendo el diputado Fernando Centeno, a “los tiempos en que perteneció a todos los gobiernos pasados, que fue cuando obtuvo su jubilación” y otros legisladores hablaban al mismo tiempo.

El Dr. Ramírez refiriéndose a “la investigación que con tanto celo y diligencia ha realizado el señor presidente doctor Parera, con el propósito de evidenciar irregularidades y vicios del acto eleccionario”, expresó:

“…no me preocupa ni sorprende mayormente, porque soy un convencido que de ser cierto, es obra exclusiva de mis enemigos, quienes se han valido de estos recursos, para en caso de un revés, tener motivos con que disimular su fracaso”.

Destacó que “se encuentran en Vera muchos ciudadanos sin sus libretas, que aseguran habérselas retirado el comisario de policía en la época de Adolfo Costa, para hacerlas arreglar! Estos casos se observan a diario… De manera que no es nada extraño que esas libretas que todavía se encuentran en número considerable en poder de los menchaquistas, hayan servido en esta última elección para hacer votar a muchos ausentes y hasta muertos”.

Hizo severas críticas a quienes le impugnaban la validez del diploma y terminado el debate, los diputados Arroyo y Centeno de la Comisión de Poderes retiraron el dictamen que pasó al día siguiente, cuando por falta de quórum hubo sesión en minoría, aunque la mayoría de los diputados estaban en la sede legislativa y el diputado Centeno, permanecía en dependencias del Senado.

En la sesión ordinaria del 29 de junio, tampoco se trató ese asunto aunque sobre tablas, fueron resueltos algunos proyectos.

Los adversarios del doctor Ramírez hacían sentir la fuerza cuantitativa resultante de la circunstancial mayoría numérica.

Juan Pardal: diploma rechazado

En la prolongada sesión del 22 de junio de 1917, en la Cámara de Diputados se consideró el despacho de la Comisión de Peticiones y Poderes que aconsejó el rechazo del diploma del electo diputado Dr. Juan D. Pardal en los comicios del 24 de diciembre de 1916, departamento General López.

Informó el diputado Fernando E. Centeno (Villa Constitución) y defendió al legislador electo el diputado Francisco Capmay (Rosario) explicando lo inexplicable:

las razones por las cuales se había registrado el voto de ciudadanos fallecidos o se habían utilizado libretas de detenidos o de soldados para la emisión de sufragios.

Hubo un extenso debate y la lectura del diario de sesiones permite comprobar que así como hubo frecuentes risas y aplausos, también hubo “un diálogo violento” entre los diputados Centeno y Nogués, hasta que el sonido de la campanilla logró imponer el orden por unos segundos ya que se produjo “un violento cambio de palabras” entre los mismos legisladores y nuevamente la estridente campanilla logró que continuara la sesión.

El diputado electo no asumió y el departamento estuvo representado por el Dr. Pablo Tiscornia, con mandato hasta 1918.

Dificultades financieras

El gobernador Rodolfo B. Lehmann tuvo que afrontar una “Deuda Interna” de doce millones de pesos moneda nacional, incluyendo el atraso de los años 1915 y 1916 en el pago de “los porcentajes de Contribución Directa y Patentes” las Comisiones de Fomento. En octubre de 1916 remitió a la Legislatura un proyecto “para negociar por dinero en efectivo, la cantidad de tres millones de pesos, sin lograr la correspondiente sanción.

En consecuencia, el 3 de abril de 1917 el P.E. envió otro mensaje a la Legislatura, con intervención del ministro de Hacienda Dr. José Araya, insistiendo en la necesidad de que se le acordara aquella autorización y al mismo tiempo, ingresó otro proyecto a fin de “tomar en préstamo la suma de cinco millones de pesos moneda nacional” que invertiría además, “en obras de utilidad pública, resolviendo así, el problema de la desocupación y el pago de las deudas más premiosas de la administración.

Los antecedentes pasaron a la Comisión de Hacienda, integrada por los diputados Dres. Romeo Saccone, Pablo Tiscornia y señor Tobías Arribillaga.

Homenaje al poeta “Almafuerte”…

Entre las treinta y siete leyes sancionadas se observa la que autorizó una contribución de $ 500.- destinados al homenaje organizado en Rosario, en homenaje al fallecido poeta argentino Almafuerte (seudónimo de Pedro B. Palacios), proyecto presentado por los diputados Ángel Ortiz Grognet, Romeo David Saccone y Juan Luis Ferrarotti representantes de ese departamento. Fue tratado sobre tablas porque era inminente su realización. Destacó el diputado Saccone en la sesión del 14 de abril de 1917 que:

“Almafuerte no es un poeta crítico, moralista, un poeta filosófico; es un apóstol y ha hecho de su vida un verdadero apostolado. Su vida puede servir de estímulo y de ejemplo para todos los hombres de la generación actual y venidera.”

El proyecto fue sancionado por unanimidad.

Reconocimiento a los aborígenes

Es frecuente leer los proyectos de distintos legisladores en sucesivos períodos, pidiendo al Poder Ejecutivo alguna solución al problema de la tierra y a la exención del pago de contribuciones que soportan las comunidades aborígenes.

En la sesión del 5 de mayo de 1917 en la Cámara de Diputados se consideró el proyecto de ley presentado por los diputados Romeo D. Saccone, Tobías Arribillaga (Rosario) y Dr. Pablo Tiscornia (General López), eximiendo del pago de contribución directa a los “indígenas de San Javier, San Martín Norte y Santa Rosa”.

En esa oportunidad el diputado Saccone reconoció que ese proyecto era la reiteración de anteriores y que “hace cuatro años que está durmiendo el sueño de los justos en el seno de la Comisión” y recordó “los términos brillantes y realmente conmovedores” del ex diputado Alcides Greca cuando lo renovó dos años antes, el 18 de junio de 1915.

El diputado Saccone manifestó que “los indígenas, son los dueños lógicos y naturales de todo el territorio del país. La civilización, la llamada civilización, los ha ido desalojando lentamente de todas sus propiedades, hasta el punto que han tenido ellos que recurrir a los poderes públicos en demanda de algunos pequeños lotes de tierras fiscales para poder seguir desarrollando su vida y sus costumbres. El gobierno de la provincia acordó oportunamente una pequeña extensión de tierra en San Javier, San Martín Norte y Santa Rosa, a varias tribus que estaban radicadas en esas zonas”.

Advirtió que “ya que reconocemos a favor de los civilizados la posesión treintenaria, respetemos la posesión milenaria de estos indígenas”. Pidió que se aprobara el proyecto “ya que no solo son los dueños de esas tierras sino del país entero.”

Solicitaron el tratamiento sobre tablas e insistió el diputado Adolfo Pérez Ordoñez (Las Colonias) para que fuera estudiado en la comisión porque había colonias en toda la provincia.

El diputado Arribillaga advirtió que no todas los grupos aborígenes estaban en iguales condiciones; planteó que algunas comunidades “pueden estar muy lejos, en la selva, donde no tienen comercio de ninguna clase”.

En consecuencia, desde su punto de vista podrán “servirles actualmente sólo para establecer su toldo o rancho”. Las correspondientes al proyecto eran tierras “bajas”, que “no producen… no tienen valor comercial… y que se les ha dado para que tengan un lugar donde reposar y donde vivir”, de modo que pagarían contribuciones las que estuvieran enajenadas o las que se enajenasen.

Monumento a Alberdi

La Comisión de Fomento de Alberdi, en el departamento Rosario, pidió autorización a la legislatura para erigir en la plaza de esa localidad, un monumento al Dr. Juan Bautista Alberdi y el 28 de diciembre de l916 el proyecto sancionado en la Cámara de Senadores pasó a la de Diputados.

Se consideró en la sesión del 29 de junio de 1917 y el diputado Dr. Juan Luis Ferrarotti manifestó que sería un “homenaje público a uno de los hombres que ha sido más combatido en nuestra historia y para quien la posteridad tiene que ser unánimemente generosa, porque es, quizás, el cerebro más profundo que se ofrece en toda la gloria de nuestro pasado”.

Advirtió que “nuestras escuelas han de reformar ese concepto anticuado de la historia, que permite únicamente a través de los siglos, la espada del militar. Estos hombres que viven en la penumbra y en el silencio de la historia, pero tan ilustrativos en las bibliotecas, serán los únicos que acariciarán los corazones de nuestros hijos, serán los únicos que despertarán su admiración… Alberdi nació poco tiempo después de nuestra revolución, creo que fue el 29 de agosto de 1810. Murió muy anciano. Casi no ocupó cargos públicos; vivió en el destierro, bajo la tiranía. En el destierro sostuvo polémicas muy apasionadas con Sarmiento y todos los hombres que él combatió…”

(Una aproximación al libro Política Británica en el Río de la Plata escrito por Raúl Scalabrini Ortiz y a La Forestal – Tragedia del quebracho colorado obra de Gastón Gori, sirve para advertir las señales que dejó Alberdi mientras desempeñada diversas misiones diplomáticas en el exterior…)

El diputado Ferrarotti, expresó: “Yo no justifico de la vida de Alberdi aquella situación en que se colocara cuando la triple alianza frente al Paraguay; pero entiendo que cuando los grandes intereses de la patria se encuentran en peligro, es preciso que los hombres sepan acallar hasta sus propias ideas, hasta sus cerebros en pro del ideal por el cual sus hermanos están derramando su sangre en los campos de batallas”.

Entiendo que sus obras son las más grandes, las más intensas que se han escrito; nadie mejor que él ha comprendido mejor a la república…” y lo comparó con “Rivadavia, cuyos decretos y leyes encierran una serie de reformas tan revolucionarias para el porvenir, que aún estamos esperando que llegue el presidente que sea capaz de completar esa obra”.

(Aplausos y exclamaciones de aprobación en las bancas y en las barras.

Bernardino González Rivadavia –poco reconocido con su primer apellido-, fue quien intervino en la gestión y posteriores trámites del primer empréstito con la Bahring Brothers… que significó la hipoteca de todas las tierras fiscales y una deuda que se cancelo un siglo después…)

El diputado Pérez Ordoñez planteo que “tarda ya Santa Fe en erigir en la plaza de su cabildo el monumento en que se perpetúe la figura de este eminente argentino que en horas de agitación intensa para el país, echara las bases sobre la que después se edificara, aquí en Santa Fe ese monumento institucional por el cual debemos ser envidiados por más de uno de los pueblos afines de la tierra”.

Resultó evidente alguna ignorancia acerca de las normas constitucionales provinciales porque intentando no lesionar la autonomía de la comuna, afirmó que sus autoridades podían “disponer de sus plazas y paseos”.

El proyecto fue aprobado por unanimidad.

Poder Ejecutivo – Falta de presupuesto

El gobernador Rodolfo B. Lehmann designó ministro de Gobierno Justicia y Culto al Dr. Francisco G. Valdez y de Hacienda y Obras Públicas al Dr. José Araya.

A comienzos de 1917 crecían las dificultades para cumplir con el pago de los sueldos al personal de la administración pública y se acumularon cuatro meses de atraso.

El 14 de abril de 1917 el Poder Ejecutivo -con la intervención del ministro Araya-, remitió un mensaje a la Legislatura informando acerca de “la delicada situación porque atraviesa en estos momentos el tesoro de la provincia”, aunque había apelado “a todos los recursos para realizar economías”.

Rebaja mensual en todos los sueldos

Pedía que evaluaran un proyecto de ley que en el artículo 1º establecía “rebaja mensual en todos los sueldos” desde el 5% para los haberes hasta cien pesos hasta el 15% para quienes percibían más de ochocientos pesos mensuales y en igual proporción las jubilaciones y pensiones; abarcando al personal de los tres poderes y del Consejo General de Educación.

El 27 de ese mes, la Comisión de Hacienda -Bartolomé L. Barreto y Dalmiro L. Videla- aconsejaron rechazar el proyecto y al fundamentar esa decisión, el senador Barreto destacó que “la legislatura no conoce el presupuesto que tiene la provincia de Santa Fe, pues el gobierno no mandó el presupuesto el año pasado”.

Tampoco había recibido el de ese año aunque tenían informes acerca de una reducción de aproximadamente medio millón de pesos con respecto al “presupuesto de dieciocho millones sancionado en 1914”.

Advirtió que de acuerdo a manifestaciones del ministro de Hacienda “había un ingreso de diez y seis millones” y en consecuencia “la comisión no encuentra razón para sancionar la rebaja propuesta”.

Recordó que “en el gobierno del doctor Freyre con un presupuesto de seis millones escasos -casi la cuarta parte de lo que gastó en un año el gobierno del doctor Menchaca”, el gobierno pidió una reducción en los sueldos “porque era imposible, dada la crisis y grandes dificultades sobrevenidas en esa época”. Es necesario tener en cuenta que la recaudación fiscal fue insuficiente y se estaban completando importantes obras públicas, “que son el ornato y el porvenir de Santa Fe”, entre ellas el edificio de la Legislatura y el Puerto de Santa Fe.

El senador Barreto destacó que en ese tiempo, los funcionarios pagaban “un fondo de montepío”, “un segundo fondo de montepío con los intereses que tiene que pagar para descontar sus sueldos atrasados -tres o cuatro meses-” y si se aprobaba ese descuento, “sería el tercer montepío de ciento cincuenta pesos mensuales para un camarista, y después de aceptado este procedimiento vendría el cuarto montepío, después de tres meses de atraso, se le saldarían sus haberes con consolidados que quedarían reducidos a la mitad.

Las declaraciones del representante del departamento Belgrano fueron apoyadas por el senador Gerardo Costanti de San Lorenzo en representación de “la agrupación demócrata” y en igual sentido se expresó el senador Enrique Thedy (Caseros), quien recordó que “el proyecto presentado por el gobierno del doctor Menchaca y que sancionó la legislatura, excedía en más del cuarenta por ciento al presupuesto de 1911 que entonces regía”; que debieron aumentarse los impuestos y especialmente la contribución directa.

Insistió en que “ésta ha sido la obra del partido radical en la provincia, en materia de gastos públicos, en materia de impuestos y en materia de procedimientos parlamentarios, sosteniendo que debía tratarse el presupuesto a libro cerrado”.

Finalmente planteó que: “…La única disminución establecida en el sistema rentístico de la provincia, es una que disminuyó a dos centavos el impuesto al cuero de carpincho.

Es ésta la única modificación trascendental introducida en el régimen rentístico”, tal como lo había señalado días antes el senador Barreto, quien en ese momento completó la información: “El carpincho y la nutria pagaban diez centavos por kilo; la nutria sigue pagando diez y el carpincho paga dos centavos”.

Colegio Nacional de Santa Fe: terreno para el edificio…

En 1906 se aceleraron los trámites para lograr la donación de un terreno destinado a la construcción del Colegio Nacional y de la Escuela Normal en la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz. El 19 de julio de 1907 se sancionó la ley Nº 1385 autorizando al P.E. a donar a la Nación “la parte de terreno a que tuviera derecho del antiguo cementerio de San Antonio” (manzana ubicada entre las calles Salta y Mendoza -de sur a norte- y 4 de Enero y Urquiza de este a oeste) y “los que podrían expropiarse declarándolos de utilidad pública”. El 31 de marzo de 1909 se otorgó la escritura de donación, sin hacer expropiación alguna y de estableció que “si en el plazo de dos años no se llevaban a cabo las construcciones, la donación quedaría sin efecto”.

Lógicamente, al no disponerse las expropiaciones, el terreno resultó insuficiente para construir ambas escuelas, la escritura de donación resultó nula aunque “el donatario cargó con la obligación del pago de adoquinado” cuyo pago se estaba gestionando y que importaba “varios miles de pesos”. Se impuso la necesidad de revisar esa situación…

Una década después…

En la sesión del 22 de junio de 1917, el diputado Dr. Luciano F. Molinas (San Cristóbal) recordó que el 19 de julio de 1907 mediante la ley Nº 1385 el poder ejecutivo provincial fue autorizado a donar a la nación, “la parte de terreno a que tuviere derecho del antiguo Cementerio de San Antonio -situado entre las actuales calles 4 de Enero y Urquiza de este a oeste, Mendoza y Salta de sur a norte- y los que fueran necesarios de esa manzana, declarándolos de utilidad pública, a los fines de construir una escuela normal y un colegio nacional” y aludió a trámites posteriores.

En consecuencia, el diputado Luciano Molinas impulsó el proyecto de ley “declarando renunciado el derecho para pedir revocación del terreno donado”.

Se iniciarían luego los trámites para disponer de un terreno destinado a la escuela normal y el autor del proyecto insistió en que “el donatario cargó con la obligación del pago de adoquinado”, que se estaba gestionando e “importa varios miles de pesos”, insistiendo en la necesidad de que el proyecto pasara a la Comisión para completar su estudio.

Reconocimiento a Ítalo Bonacossa

En la sesión del 22 de junio de 1917 se consideró el proyecto de ley otorgando un subsidio de cinco mil pesos moneda nacional, a la viuda e hijos menores del fallecido legislador Ítalo Bonacossa.

En esa oportunidad el diputado Ferrarotti destacó parte de la trayectoria, reconociendo que “fue un entusiasta, decidido y ferviente cumplidor de sus deberes, llegando a descuidar sus propios intereses particulares en favor de los de la Provincia… nunca fue ambicioso, pero como actuó en un partido forzosamente debía ocupar puestos de responsabilidad, aun sin querer; pero en cualquier parte que fuera, Ítalo Bonacossa ha sido siempre el mismo: hombre correcto, intachable”.

Recordó haber visto a “la compañera de su vida… aconsejándole que se retirara de la política, pero él continuó luchando, siguiendo sus sentimientos generosos”.

Destacó que “cuando fue al ministerio de Hacienda tenía cien mil pesos de capital, y cuando bajó no tenía un solo centavo. Tenía únicamente su nombre y se vio obligado a… trasladarse a Buenos Aires, después de haber perdido todo, para velar por sus hijos”.

El proyecto fue aprobado por unanimidad.

Desocupados

La difícil situación que se creó con motivo de la primera guerra mundial repercutió en varios países y en la Argentina disminuyeron sensiblemente las exportaciones y las importaciones de productos manufacturados. Se generó una crisis que determinó la creación de Comisiones Pro Desocupados en varios departamentos y mediante subsidios otorgados por el P.E. con aprobación de la Legislatura, se pudieron atender algunas de sus necesidades.

El 4 de mayo de 1917 el diputado Dr. Arturo Anello (La Capital) pidió que se tratara sobre tablas el proyecto de ley que había presentado para que se autorizara al P.E. a invertir hasta $ 30.000.- en el pago de pasajes para obreros que necesiten trasladarse a distintas localidades del territorio Los diputados Juan Luis Ferrarotti y Aristóbulo Lazo ese día ingresaron otro proponiendo que el P.E. nombrara a propuesta de las Bolsas de Comercio de Santa Fe y de Rosario, dos comisiones de tres miembros -ad honorem-, facultándolas para invertir para el traslado de peones, hasta diez mil pesos cada una. Se proponía una disminución del gasto y como indicó el diputado Ferraroti, se evitaría al gobierno “habilitar oficinas en Santa Fe y en Rosario”; sería posible disponer de la rebaja otorgada en un contrato de la Compañía del Ferrocarril Francés. El diputado Arribillaga advirtió que la desocupación preocupaba en las comunas y también en Santa Fe y Rosario porque “quizás entre las dos ciudades suman más hombres desocupados que en el resto de la provincia”. Rechazó algunos comentarios desfavorables al gobierno provincial porque utilizarían esos recursos con fines de promoción partidaria y planteó que con igual criterio, se podía dudar de que “las comisiones de fomento hagan política a su vez”.

Hubo un prolongado debate y fracasó la moción de preferencia expresada por el diputado Anello.

Una vez más, los obreros tendrían que acrecentar su paciencia y solucionar sus problemas, recurriendo sólo a sus propios medios…

Sueldos a Policías y “gastos de etiqueta”…

El senador Barreto indicó que “es un presupuesto de lujo el que tenemos, un presupuesto costoso; las policías están profusamente servidas…

El jefe político del Rosario, tiene setecientos pesos para gastos de etiqueta y mil pesos de sueldo. Yo no sé para qué quiere etiqueta el jefe político de un departamento. El jefe político de la capital tiene trescientos pesos de etiqueta. Es un presupuesto mal confeccionado”.

En La Capital se disponía de mil seiscientos pesos mensuales para gastos de escritorio. Reconoció que “la jefatura de Vera tiene un estado mayor de cabos y sargentos que dan ganas casi de verlos desfilar y maniobrar en Postdam o en cualquier plaza militar. Hay cuarenta o cuarenta y cinco cabos y tantos vigilantes” -como lo comprobara el senador Vivas que anteriormente había sido jefe político de ese departamento-, “que ahora tiene ciento dos” aunque “con cincuenta vigilantes tendría bastante”.

Comentó que “el jefe político de Vera tiene 230 pesos para gastos de escritorio.

¡Ni que escribiera en papel del Japón… se podrían gastar doscientos treinta pesos mensuales! De manera que hay lujo y magnificencia y entonces el gobierno tiene el deber de reducir los gastos innecesarios”.

Reinserción de jubilados

En la sesión del 28 de abril de 1917, se consideró el proyecto del senador Dr. Bartolomé L. Barreto autorizando a los jubilados por causas físicas a reintegrarse al servicio activo, sin aumento de ninguna clase, terminando el empleo que hubieren aceptado. Era una ley transitoria porque en esos momentos estaba en la comisión de legislación un proyecto de ley de pensiones y jubilaciones cuyo dictamen estaba demorado por diversos motivos.

Deudas de seis y ocho meses…

A los jubilados, como lo reconoció el senador Costanti “se les adeuda siete u ocho meses, o no sé cuantos más” y el diputado Barreto intentó atenuar la responsabilidad del gobierno de Santa Fe porque a su juicio, “esa imprevisión es general, es de Europa, es de América, es de todas las provincias”.

Desde otro punto de vista, el senador Costanti dijo que “no se han hecho las leyes de jubilaciones sobre la base de los cálculos que hacen las compañías de seguros, porque las jubilaciones no son más que un seguro en el fondo”.

Manifestó que “el empleado a quien se le quita una parte de su sueldo, tiene un derecho legítimo adquirido a gozar de jubilación, y así es que no hay sociedad de seguros que se funda; las que han caído reconocen por causa su mala administración”.

Propuso que al modificar su sistema financiero, se considere “la estabilidad de los empleados públicos como complemento”, interrumpiéndolo el senador Barreto para decir que “ese es un ideal teórico”.

Inmediatamente el senador Costanti insistió en que “es una exigencia de buena administración y es la valla opuesta al abuso del poder, para que no sea posible que a un empleado porque no pertenezca a la filiación política de donde ha surgido el poder ejecutivo, se le eche a la calle.”

Después de un prolongado debate, después de la lectura de un artículo de la ley vigente, se resolvió que el proyecto a pesar de haber sido sancionado en general, pasara la Comisión de Legislación que en síntesis, no era más que una nueva demora en la resolución de tales problemas.

Contadores y calígrafos

En la sesión del 4 de mayo de 1917 se consideró en la Cámara de Diputados el proyecto de ley estableciendo la matriculación de los procuradores, contadores o calígrafos para poder actuar en los tribunales de la provincia.

El diputado Arribillaga recordó que en la sesión del 26 de mayo de 1902 se había sancionado un proyecto dando “intervención al contador público en todos aquellos casos judiciales que correspondían a su competencia”. Destacó que en aquella oportunidad el proyecto sancionado en la Cámara de Diputados, después en el Senado “fue completamente alterado en sus fines más fundamentales, al extremo de que todo su articulado quedaba reducido a una sola cláusula condicional”.

Insistió en que “era el modo de legislar de la época”. Planteó la necesidad de “la intervención del contador público en los inventarios y rendiciones judiciales, de cuentas por administración de bienes o en determinadas gestiones de negocios, cuando en ellas sean parte o estén comprometidos intereses de menores, incapaces y ausentes”, porque hubo con frecuencia algunos tutores o curadores que habían “esfumado tanto las modestas como las cuantiosas fortunas de menores, mientras los jueces y defensores por falta de preparación específica aprobaban “los libros y papeles” que justificaban los excesivos gastos.

Sostuvo el diputado Arribillaga que los calígrafos públicos eran imprescindibles y ya habían demostrado “su eficacia y competencia” en distintos tribunales.

Beca negada a Juan Bautista Massa.

En la sesión del 22 de junio de 1917 se consideró sobre tablas el proyecto de ley concediendo una beca por dos años al maestro don Juan B. Massa para perfeccionar sus estudios en Europa.. El diputado Ferrarotti anticipó su voto favorable reconociendo que el músico americano, dirigía su Conservatorio en Rosario; había estudiado en nuestro país “una serie de motivos musicales populares” y era autor de Vidalitas y de La muerte del Payador, comentarios musicales originalísimos y sentidos, bordados alrededor de tan celebrada poesía de Rafael Obligado, uno de nuestros mejores poetas…”

En consecuencia con ese viaje se proponía difundir “en Europa una gran cantidad de composiciones musicales que tiene hechas, sobre motivos populares” y al mismo tiempo lograría perfeccionar su técnica.

El diputado Pérez Ordóñez propuso que se le otorgara sin indicar que era para viajar a Europa, considerando que “con la guerra va a adquirir un espíritu un tanto guerrero”.

Pidió al diputado Saccone que “retirara su moción para que resulte más breve la sinfonía”, acotación que produjo hilaridad de acuerdo a la versión taquigráfica.

El proyecto finalmente fue rechazado por la mayoría de los legisladores.

(Anoté en un libro inédito: Estas informaciones… sirven como demostración del apoyo de los Sres. Legisladores a la imprescindible “Educación Permanente de la Comunidad”. [1]

Mientras releo y corrijo estas páginas, en el cuarto año del siglo veinte, agrego: Juan Bautista Massa, nació en Buenos Aires en 1885. Músico, compositor clásico, escribió cuatro tangos en los albores del siglo: “El matambre”, “El estrilo no paga patente”, “Don Luis” “Inquietud”, para piano. Miembro de la Sociedad Nacional de Música. Miembro de la Comisión Provincial de Bellas Artes. Por decreto del P.E. nacional, Miembro comprometido en estudios en la Nación Argentina. Fue profesor en la Escuela Normal de Maestros Nº 3; en la Escuela del Profesorado Nº 1 “Nicolás Avellaneda” y en el Colegio Nacional Nº 2. Miembro en Jurados de Música (Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires) y en el Teatro Colón de Buenos Aires. Director de la Asociación Coral Argentina de Rosario.

La Escuela Municipal de Música de Rosario es reconocida con su nombre, funciona en Bvard. Oroño 1540 y funcionan talleres de iniciación musical para aprendizaje de violín, guitarra y piano; dictan Cursos de Capacitación Instrumental –5 años- y el Profesorado de Educación Musical en tres años. En 1933, alumnos y exalumnos editaron un libro con recortes y antecedentes acerca de su luminosa trayectoria.

Falleció el 7 de marzo de 1938 en Rosario.) [2]

Beca otorgada a Irma Vives Rimini.

El 23 de junio de 1917 se sancionó en la Cámara de Senadores el proyecto de ley acordando una beca de ciento cincuenta pesos oro mensuales, durante tres años a favor de la señorita Irma Vives Rimini para su perfeccionamiento superior de canto en Europa, beneficio que correspondía liquidar desde el día del embarque con el compromiso de enviar anualmente al ministerio de Instrucción Pública un certificado de sus estudios, legalizado por el cónsul argentino. El diputado Dr. Ferrarotti reconoció que la cantante pertenecía a una familia numerosa, y aunque “en principio” era “enemigo de esta clase de becas”, consideró que en este caso sería oportuno aprobar la iniciativa.

Con el quórum requerido -dos tercios-, el proyecto fue sancionado.

(En sucesivas lecturas, no he hallado información acerca de esta artista.)

Beca a futuro Químico

En la sesión del 4 de mayo de 1917, en la Cámara de Diputados varios legisladores -Martín de la Peña, Lazo, Pablo Tiscornia, Pedro Gómez Cello; Kehoe, Racine, presentaron un proyecto de ley acordando una beca de cien pesos moneda nacional mensuales a Jerónimo Donaldo Senn, estudiante de segundo año de la carrera de Química en la Universidad de la Plata, que se destacaba por sus notas sobresalientes y debido a la falta de recursos estaba ante el riesgo de tener que abandonar esos estudios. El fallecimiento del padre “en estado precario después de haber servido diez y nueve años a la provincia” y la carencia de recursos de la madre, justificaban ese apoyo de la provincia porque se trataba de “un joven laborioso y contraído al estudio”. En la sesión del 22 de junio de ese año, se consideró el proyecto con dictamen favorable; le liquidarían la beca desde el 1º de marzo de ese año hasta la finalización de su carrera y prácticamente sin discusión, el proyecto fue sancionado. (No he hallado datos posteriores acerca de J. D. Senn.)

Aislamiento de tuberculosos

El 23 de junio de 1917 -con media sanción-, pasó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley otorgando a la Asistencia Pública de la Capital dos mil pesos moneda nacional mensuales para el sostenimiento de la “Casa de Aislamiento” para tuberculosos, instalada en la ciudad de Santa Fe.

El diputado Dr. Elías de la Puente (Rosario) anticipó que apoyaría el proyecto aunque…

“…nada consigue la provincia con distraer mensualmente… cualquier cantidad en asilar a los enfermos. Esta enfermedad radica en algo más profundo, radica en la herencia familiar, en el malestar social, en la pobreza del medio ambiente en que se vive”.

Casas baratas para obreros…

Destacó la importancia del proyecto que todavía estaba en la Comisión, sobre construcción de “casas baratas, de manera que el obrero consiga un alojamiento higiénico y pueda desplegar sus actividades, porque la actividad, el trabajo, todo ello contribuye al mantenimiento de la salud…

La tuberculosis no se cura con atender a los enfermos, sino con medidas higiénicas, con mantener el organismo fuerte, dándole buena alimentación”.

(Oportunas observaciones porque hay que combatir con tratamiento y será prioridad organizar oportunamente y con eficiencia, los imprescindibles servicios para una eficaz prevención.)

El diputado Dr. Arturo Anello destacó los riesgos de contagio entre los enfermos que se asisten en el Hospital de Caridad, por “dolencias agudas” junto a los “individuos tuberculosos”.

La observación fue apoyada por el diputado Dr. Romeo David Saccone quien insistió en los riesgos de contagio que se generaban por la creciente demanda de servicios en ese Hospital donde en las salas de traumatología era frecuente la atención de enfermos contagiosos.

El diputado Dr. José M. Medina (Iriondo), insistió en la necesidad de mejorar la calidad de vida con viviendas higiénicas y combatiendo el alcoholismo. El proyecto fue sancionado por unanimidad.

Creación de la Imprenta Oficial

En la sesión del 29 de junio de 1917 se consideró el despacho en minoría de la Comisión de Legislación referido al mensaje del P.E. proponiendo la modificación de la Ley 1799 del 29 de mayo de 1914 sobre imprenta de la provincia y creación del Boletín Oficial, aconsejando que no fuera aprobado.

Ejercicios vencidos…

El senador Virasoro observó que estaba pendiente la consideración de los ejercicios vencidos para ser tratados con preferencia y se retiró del recinto; fue invitado retornar dos veces y durante su ausencia momentánea pidió la palabra el senador Gerardo Costanti (San Lorenzo), para fundamentar ese dictamen negativo porque la mencionada ley autorizaba al P.E. a instalar talleres en las cárceles penitenciarias como una contribución a “la reparación moral de los presos”.

El senador Costanti estaba manifestando que “la creación de una imprenta oficial en Santa Fe no podría nunca llenar los fines que se tuvieron en cuenta al crear el boletín oficial en ambas circunscripciones”, que serían impresos en las cárceles de la primera y segunda circunscripción de acuerdo con aquella legislación. En ese momento, “ocupa su banca el señor senador Virasoro”.

Supresión de los talleres en las cárceles

Insistía el senador Costanti en que resultaba absurdo “suprimir los talleres de las cárceles cuando ellos son reconocidos universalmente como un elemento indispensable de regeneración en los establecimientos penales, aparte del beneficio que en el orden económico reportan permitiendo que los individuos recluidos en las penitenciarías trabajen en beneficio del estado, en beneficio de sus propias familias y también de ellos mismos”.

El senador Virasoro manifestó que si se aprobaba el proyecto del P.E. “pueden hacerse los trabajos con elementos de las cárceles, pero es el caso que en las cárceles no se tienen comodidades suficientes para instalar imprentas. Una vez que se hagan las cárceles en la provincia, con todos los adelantos modernos, seguramente se instalarán ellas, pero en la actualidad, repito, no se puede hacer así.”

El senador Araya (Rosario), manifestó que “el trabajo de impresión a base de linotipos exige, no solamente un material costoso que es de un manejo delicado… se necesita un personal técnico, tan técnico que todos aquellos que han tenido que luchar con la administración de diarios saben lo difícil que es conseguir el personal necesario para que estas cosas no se deterioren, para que funcionen normalmente y que en todo momento estén en condiciones de llenar los propósitos para los cuales han sido adquiridas”.

Advirtió que “es necesario haber entrado en las cárceles de la provincia para que se sepa que es imposible hacer ninguna instalación de valor. Lo elemental, lo fundamental es hacer desde ya una cárcel”.

Insistió en que era imposible desplazar “a una cantidad de seres laboriosos que han puesto muchos años, que han gastado muchísima energía, mucha fuerza para adquirir una profesión difícil como es la de ellos”, reemplazándolos “con presos, con bandidos vulgares que están indicando de la capa social de donde han salido, incorrectos, incapaces de comprender el trabajo; cuando para manejar linotipos es necesario ir comprendiendo las ideas que se van leyendo, es necesario poder suplir la falta de un punto, de una letra, para no rehacer la línea en su totalidad; es necesario adivinar cuando ha habido una equivocación” (sic).

El senador Barreto (Belgrano) describió las dificultades para la comunicación en la provincia, ante la posibilidad de disponer de una sola imprenta -oficial- y reconoció que para viajar desde Constitución a Santa Fe se necesitan “dos o tres días”.

Destacó “que todos los argumentos del miembro de la comisión en minoría han quedado en pie, no han podido ser destruidos a pesar de la dialéctica que usa siempre en los debates el señor senador por Rosario”.

La lectura del diario de sesiones revela las divergencias entre ambos legisladores porque Araya expresó que “al señor senador jamás le han movido móviles políticos y que nunca ha estado con ningún gobierno” respondiéndole Barreto que había estado en su partido y seguía estando “en la oposición desde hace seis años. Respecto a la disciplina de mi partido… siempre he sido un soldado poco disciplinado, siempre he sido un soldado de vanguardia; y creo que no tengo necesidad de explicarlo porque mi actuación es bien conocida…”

Después de una reiteración de conceptos entre personas que observaban el problema desde puntos de vista diferentes, la decisión de concretar la votación del despacho puso fin a la controversia cuando quedó aprobado por la mayoría.

Banco de la Provincia: Comisión Investigadora

Durante la sesión del 29 de junio de 1917, el senador Gerardo Costanti -demócrata- manifestó que “hace ya bastante tiempo que la comisión investigadora del Banco Provincial se encuentra acéfala, porque está desintegrada a causa de renuncias que se han producido de algunos miembros que la componían y es necesario que se reintegre porque la prensa está llamando insistentemente a la comisión al cumplimiento de su deber.

El presidente de la Cámara Juan Cepeda, pidió “un poco de tiempo para consultar a los señores senadores, a fin de evitar renuncias ulteriores” teniendo en cuenta que “la mayoría de los señores senadores se excusaban de entender y formar parte de la comisión, y forzosamente tenían que recaer las designaciones en su totalidad, en miembros de un solo partido”.

Informó que “por eso les manifestaba a los señores senadores del partido demócrata, que los deseos de la presidencia eran integrar la comisión de modo que estuvieran representados todos los partidos, a objeto de que no se tomara como parcialidad de la presidencia el hecho de constituirla con miembros de un solo partido”, aunque “de no ser posible se verá obligada a reintegrarla con representantes de una sola agrupación”.

El senador Pedro Virasoro aclaró su posición porque al tener que ausentarse continuamente de La Capital, no podía desempeñar esa función; reconoció que “ya se ha practicado la investigación correspondiente a la casa de Santa Fe y queda solamente la del Rosario”, sugiriendo que se integrara con miembros del mencionado partido, “a quienes les sería cómodo porque viven casi todos en aquella ciudad”.

El senador Dr. Bartolomé Barreto negó esa posibilidad porque esa investigación “implica una función delicadísima; puede herir derechos, y nunca, por cierto, dada la delicadeza de su funciones” se podría “dar toda la representación a un solo partido”.

El debate continuó y ante otra propuesta del senador Virasoro, el senador Barreto expresó: “Yo vivo fuera de la provincia; estoy menos en ella que el señor senador” y por tal motivo no aceptaba integrar la Comisión Investigadora.

El presidente prometió integrarla en el transcurso de la semana siguiente y ante esa promesa, se resolvió levantar la sesión.

Indemnizaciones – Mensuras y cobro de letras…

El señor Héctor Dellepiane -de acuerdo al testimonio del senador Barreto-, era “un acreedor muy conocido, que siempre anda en asuntos con la provincia”.

Había ejecutado “a la provincia de Santa Fe por el cobro de una letra y en consecuencia, concluido el juicio se vendió en remate público una fracción de tierra en el departamento Vera, de nueve leguas cuadradas (24.298 hectáreas 57 áreas), “por el precio único de sesenta mil pesos moneda nacional”.

Los señores Luis J. Ansaldo, E. Lutcher y otros, al hacer la mensura comprobaron que “faltaba área”: 5.505 hectáreas y “pidieron a la Corte deducir proporcionalmente el precio”.

Intervino el gobierno provincial y determinó que debían “consignar la totalidad de los sesenta mil pesos que importaba la compra”. Otorgada la escritura por la Suprema Corte, “en representación de la provincia -de 1903 a 1904- dan poder al señor Mariano Leiva para que se presente a iniciar las diligencias pertinentes, reclamando ante la administración provincial” y el gobierno en ese tiempo, “acogió la reclamación del señor Leiva como se han acogido la mayor parte de las reclamaciones, escondiéndose la solicitud un año o dos” y con sucesivos “pases” provocando demoras inaceptables, en el caso en discusión de aproximadamente catorce años.

El senador Barreto reconoció que “es doloroso decirlo pero son cosas necesarias; la verdad, aunque amarga, es siempre saludable, -la provincia de Santa Fe es la única provincia que tiene estas cuestiones de indemnizaciones”, situación que lo había impulsado a consultar con el presidente de la Suprema Corte de la Nación, también su amigo, quien le confirmó que no había “ninguna oficina de indemnizaciones como es esa, que se constituye en un centro de transacciones difíciles y azarosas”. ^{Subrayado aquí.}

Opinión de Vélez Sarsfield sobre Santiago del Estero…

El senador Barreto recordó que en el año 1863 el Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield siendo ministro del presidente General Bartolomé Mitre, al discutirse los límites con la provincia de Santiago del Estero, dijo “que era la provincia más desconceptuada, porque nunca pagaba sus obligaciones y vivía en continuos pleitos”.

La provincia de Santa Fe y los negocios con “tierras”…

En aquel tiempo, el gobierno de Santa Fe “dos horas antes de notificarse a las partes del fallo, del laudo arbitral, vendió cien leguas de campo comprendidas de Caseros a General López, casi todo el departamento Marcos Juárez y Unión… sabiendo que no eran ya de la provincia de Santa Fe”.

Señaló que “la historia de la provincia de Santa Fe, sobre tierras, motivará siempre las censuras y las críticas de todos”, porque equivocadamente esos gobiernos, “en lugar de transar y terminar con los acreedores que tienen razón en reclamar, que tienen títulos justificativos de sus créditos, están dilatando en lugar de dictar una resolución”.

En el caso que se estaba discutiendo, admitió que esa reclamación administrativa originó “chicanas de todo género para no pagarse”; hasta los fiscales se expidieron, “uno del tiempo del gobierno del doctor Echagüe y otro del tiempo del gobierno del Dr. Menchaca, quien “arregló el asunto pagando por cada hectárea veintinueve pesos, que hacía un total de ciento cincuenta mil pesos”, amparándose en el art. 1º de la sancionada el 4 de agosto de 1904 durante el gobierno del Dr. Rodolfo Freyre, siendo ministro de Hacienda el Dr. Juan Carlos Crouzeilles; presidente del Senado don Ignacio Crespo y Juan Beleno en la Cámara de Diputados.

(Es oportuno tener en cuenta que el Dr. Crouzeilles fue diputado en la legislatura santafesina en los períodos de 1894 a 1897; 1897 a 1901; 1901 a 1904 -equivalente a una década-, hasta que asumió el mencionado ministerio.)

Por esa ley, el P.E. estaba autorizado “para solucionar en la forma que estime conveniente a los intereses de la provincia, todos los juicios iniciados o a iniciarse por créditos contra la misma”, autorizándose los títulos para esos pagos con un plazo de cinco años”. El senador Enrique Thedy observó que esos procedimientos “sólo tendrán vigencia durante un año” y a pesar de la interrupción, el senador Barreto siguió con sus argumentos a favor de la aprobación del proyecto de ley. Reconoció que el señor Mariano Leiva -vinculado por lazos familiares con el gobernador- había adquirido una parte de esas tierras, “la correspondiente a la sucesión del señor Ferraría… y otra parte de una señora de Livi –Eufemia C. de Livi- que la recibió por herencia…”

Insistió en que “el eje central de todo acto, es su legalidad y su honestidad. La letra mata y el espíritu vivifica. Para ser gobernante se necesita tener amplitud de criterio y no vacilar porque la oposición combate..”

La importancia de ese debate era previsible debido a la presencia del ministro de Hacienda y Obras Públicas Dr. José Araya, quien destacó que “tanto el gobernador como las demás personas del poder ejecutivo, en ningún momento han entendido aceptar la transacción ni ratificarla”.

El senador Barreto volvió a manifestar: “soy muy amigo de Leiva, hace veinte años que soy su amigo y no necesito para darle un voto consciente y honrado en el senado venir con hipocresías y velar mi voto.

El gobierno del doctor Manuel J. Menchaca, el 19 de abril de 1916 reconoció “a los representados por don Mariano Leiva y a la señora Eufemia C. de Livi” el “derecho de la indemnización” acordando que los $ 150.000.- se pagarían en efectivo (20.000.-) y 130.000.- en títulos del crédito público, cuya emisión se solicitará a las honorables C.C.L.L.”

Algunos legisladores calificaron esa decisión como “abiertamente ilegal”, porque la venta se había realizado “a un solo precio y no a tanto la medida”, de modo que era justo “devolver al comprador la parte proporcional del precio correspondiente a la superficie que faltare”.

El cálculo pertinente indicaba que correspondía restituir a los compradores $ 13.542,63 m/n., mientras que la resolución del P.E. era doce veces mayor. El expediente estuvo en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores desde noviembre de ese año y el 7 de junio de 1917 el senador Joaquín Lagos (Iriondo), elaboró un dictamen en minoría en su carácter de miembro de esa comisión. El senador Bartolomé Barreto (Belgrano) durante el tratamiento del dictamen en el recinto de la Cámara, reconoció que “la prensa de todos los partidos… se ha valido de este asunto… cargando los puntos de su apreciación y repudio, sobre el arreglo concertado entre el gobierno de la provincia y el señor Mariano Leiva, como apoderado de los señores Lutcher, Ansaldo, Ferraría y compañía”.

Insistía el senador Barreto reconociendo “ser amigo del señor Leiva”; que se había enterado de ese trámite “en el mes de diciembre, cuando concurría a las sesiones extraordinarias” y luego el señor Leiva lo “visitó en Buenos Aires” para suministrarle todos los antecedentes.

Se leyó en el recinto la nota del señor Leiva al ministro de Hacienda con fecha 5 de julio de 1917, proponiendo que “dado el informe de la contaduría y de la escasez de fondos en que la provincia se encuentra” se le “abone la tercera parte de $ 130.000.- al contado; otra tercera parte a tres meses de plazo y la otra a seis meses”, aceptando “los últimos pagos” sin “intereses”.

El ministro de Hacienda en el citado expediente resolvió desestimar la petición de arreglo en ese asunto y en el recinto reconoció ante una insistencia del señor Leiva había reiterado su decisión con pase a la Fiscalía. Se generó un prolongado debate y el senador Barreto insistió en que “todos los asuntos de la administración debieran ser ventilados en la plaza pública y que los dineros fiscales debieran también ser contados en el mismo lugar, para que no hubiera sospecha en el manejo de esos dineros pueda haber habido, de parte de los administradores y de los contratantes, mala voluntad o mala fe y poca honradez”.

Luego manifestó: “En cuanto a la legalidad, no olvidemos lo que ha pasado con las últimas indemnizaciones. El caso de Casado, en que se propuso al gobierno de la provincia transar por seiscientos mil pesos, y que en el gobierno de Echagüe se pagaron dos millones seiscientos mil pesos”. Luego aludió a otro caso, sin plantear precisiones.

Hizo uso de la palabra el senador Moisés Leiva (San Cristóbal) reconociendo que “se jugaba la honestidad del apellido Leiva y estaba la política de por medio”. Manifestó: “voy a hacer historia, no son cuentos. Había orden de un partido de hacerle la guerra a Leiva. Se llevó este asunto a un término cordial, a una conferencia, a un acuerdo de ministros…” y comentó el senador Leiva haber participado en el encuentro de Mariano Leiva con el gobernador Lehmann y con sus dos ministros, circunstancia que impulsó al ministro de Hacienda a retirarse del recinto, mientras el senador Leiva afirmaba que “el ministro de hacienda, que era quien llevaba la dirección en este asunto, habló con el ministro de gobierno y con el fiscal de estado y sostuvo que era justo lo que se reclamaba, que no había más remedio que pagar. La opinión del ministro de gobierno fue ésta: ‘Es un contrato que se ha empezado a cumplir en parte y debe terminarse’.” Hubo prolongados aplausos en la barra y exclamaciones de aprobación.

Después de la intervención de otros legisladores, se dispuso la votación.

Se retiraron los senadores Leiva y Videla porque “intervienen” miembros de su familia en ese asunto.

Registraron tres votos negativos: los senadores Ignacio Crespo (La Capital), Carlos Dobler (Las Colonias) y Enrique Thedy (Caseros).

(Esta trascripción es una síntesis que se corresponde con aproximadamente dos horas de debate y sirve para evaluar qué criterios se aplicaban para resolver los pleitos contra el gobierno de la provincia; en la mayoría de los casos a favor de los particulares y aunque para ello, comprometieran los recursos de sucesivos gobiernos.)

Homenaje al Dr. Juan Carlos Crouzeilles

En la sesión del 27 de abril de 1917, varios legisladores presentaron un proyecto de ley que fue tratado sobre tablas, con motivo del fallecimiento del Dr. Juan Carlos Crouzeilles, considerando que “la familia ha quedado en la mayor indigencia”.

El senador Gerardo Costanti manifestó que “le han quedado a la señora viuda varios hijos cuya educación se hace indispensable” y recordó parte de la trayectoria del “miembro distinguido de Santa Fe y un benefactor en los distintos puestos públicos que ha desempeñado”.

Recordó que “ha sido diputado a la honorable legislatura en los períodos de 1894 a 1897; 1897 a 1901; 1901 a 1904” -prácticamente una década-, hasta que asumió las funciones de ministro de Hacienda y Obras Públicas.

En 1907 fue miembro de la Convención reformadora de la Constitución de la Provincia; fue asesor letrado de la provincia en la Capital Federal y diputado nacional, demostrando su formación y su responsable dedicación.

Destacó el legislador Costanti, que el Dr. Crouzeilles se había dedicado a la defensa de la justicia cuando existían enormes dificultades ante las apelaciones, porque había que trasladarse a Paraná para hacer la defensa en segunda instancia, hasta tanto se logró el establecimiento de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, un demorado trámite parlamentario que fue sancionado cuando él insistió en la Cámara de Diputados de la Nación y logró finalmente la sanción en menos de veinticuatro horas.

Durante ese período, logró que el Congreso Nacional otorgara el subsidio imprescindible para completar las obras del Hospital de Caridad de Santa Fe y del Hospital Centenario de Rosario. Impulsó la construcción del ferrocarril desde Deán Funes a Laguna Paiva y obtuvo una ampliación en el subsidio nacional para la instrucción pública en el territorio provincial.

El proyecto a favor de los herederos del Dr. Crouzeilles tuvo el apoyo unánime de los legisladores y fue sancionado sin discusión.

Acerca de las dietas…

En la sesión del 12 de mayo de 1917 el senador Bartolomé L. Barreto (Belgrano) presentó un proyecto declarando inembargables las dietas de los legisladores.

En esa oportunidad reconoció que con la palabra dieta se identifica a la remuneración de los legisladores, siendo “el pago de un viático” en el sentido etimológico y también “dieta es jornada” como se lee en diccionarios y en diversas interpretaciones.

Recordó que “los romanos fueron los que incorporaron a la administración el concepto de la dieta y decían jornœ, o sea el pago de un gasto por día, que le hacían a los distintos funcionarios que se ausentaban de la capital y se trasladaban a las provincias romanas para cumplir su cometido”. Luego “la incorporación de la palabra dieta en todos los códigos parlamentarios del mundo, viene trayendo con su origen el verdadero concepto de lo que muchos llaman remuneración de los legisladores”.

Planteó cuatro proposiciones:

1ª proposición: “La dieta. Su objeto primordial. Es necesaria para la verdadera representación del pueblo. Garantiza la concurrencia de los legisladores.
2ª proposición: “El privilegio de la dieta es un poder implícito”.
3ª proposición: “Inembargabilidad de la dieta. Ella no constituye patrimonio del legislador. Doctrina universal y argentina. Jurisprudencia de nuestros tribunales.
4ª proposición: “El consentimiento o tolerancia de las cámaras no justifica el embargo de la dieta. No es contraria al principio de la igualdad civil.”

El senador Dr. Barreto indicó que “la dieta importa dos cuestiones. La primera, que asegura la concurrencia de los legisladores para celebrar sesión; la segunda, que mantiene la investidura y dignidad de los legisladores garantiendo su independencia en las funciones legislativas”.

Insistió en que la dieta “asegura la concurrencia de los legisladores para que vengan al recinto a deliberar y dar las leyes para el estado, que es el fin primordial y quizás único del parlamento. Y privar a los legisladores de sus dietas sería imposibilitar el funcionamiento del poder legislativo, disminuir sus funciones, casi anularlo.

La concurrencia al parlamento, es el deber primero que el legislador contrae al prestar juramento… “

Destacó que si se los privara de la dieta era necesario reconocer que “los únicos que tienen derecho a sentarse en el parlamento son los hombres ricos” lo cual significaría retroceder “al origen del parlamento, a su primera edad, a su forma embrionaria, en tiempo de Juan Sin Tierra, en que las funciones estaban reservadas y representadas en Barones y hombre ricos. El pueblo no era en el concepto de tal, pueblo soberano; no reinaba la democracia”. En aquel tiempo, surgió “el derecho de control para el ejecutivo en forma de parlamento formado por los barones, pero no ejerce la función parlamentaria, no ejerce el control popular que es la verdadera esencia del sistema representativo moderno, que es la democracia”. Recordó que “en Inglaterra, una de las naciones más libres del mundo” había prevalecido “la tesis de que las funciones legislativas deben ser gratuitas. Se recuerda en la historia de Inglaterra que siempre fueron gratuitas y de ahí el caso de un poeta, Andrés Maxwell que ejerció las funciones en el año 1670, remunerado”.

Rememoró que en la primera década del siglo XX, la asociación gremial de trabajadores de Inglaterra -Trade Unions-, “llevó al parlamento a Juan Burns, un obrero que resultó uno de los más grandes estadistas ingleses, rivalizando con Henry George que también fue otro obrero tipógrafo que sentó gran parte de los principios modernos sobre sociología”. El senador Barreto destacó la labor parlamentaria de Burns y mencionó a “otro estadista fallecido ya y que fue llamado el A.B.C. (Alejandro Bannermam Cambell)” (sic) quien “se vio obligado a crear el ministerio de trabajo para Burns, quien “llevó desde su gabinete al parlamento la proposición de que los diputados debían ser remunerados y tener sus dietas” que en aquel tiempo eran de “cuatrocientas libras esterlinas al año”.

Experiencias en el Parlamento inglés

En 1914 estalló la primera guerra mundial y en 1917, en el parlamento inglés volvió a plantearse “la cuestión de las dietas, es decir, si los legisladores deben o no ser remunerados”. En esa oportunidad “los diputados conservadores, todos ricos, no pudiendo hacer en forma la renuncia de sus dietas”, pidieron al presidente de la cámara que “destinase todo el producido de sus dietas al fondo de guerra, a objeto de que no se les obligara a asistir gratuitamente a sus funciones”. En esas circunstancias, el ministro de Hacienda Bonard Law, “uno de los hombres más infiltrados en el materialismo y en la sociología del estado, que se destacó en su acción parlamentaria de veinte años, era un gran tarifista, no entendía más que de tarifas, y llegó a ser por la anulación de Balfour, el jefe del partido conservador de Inglaterra, decía a sus subordinados, a los miembros del parlamento de su partido en la cámara de los comunes, que les rogaba que desistiesen de la pretensión de renunciar a sus dietas, que cada uno hiciera de su dieta lo que quisiera, pero que no la renunciaran ni indirectamente, que si querían se suscribieran a los títulos de guerra… pero que no la renunciaran porque herirían la dignidad de la cámara”, considerándose que en realidad la dieta era “el pago de su pensión en Londres mientras funciona el congreso”.

Criterios en Estados Unidos y Europa…

Al ser sancionada la Constitución de Estados Unidos, “quedó establecido en forma oficial en la primera constitución en el mundo, el derecho irrevocable de los diputados para gozar de su dieta”, aunque no escribieron la palabra “dieta”, “pusieron la palabra ‘compensación’ o ‘remuneración’. En 1831 adoptó ese principio Bélgica aunque los senadores no tenían dieta porque se les exigía una fuerte renta. Igual criterio se aplicó en Italia, en Suecia y en 1840, en Francia se estableció el pago a los diputados y a los senadores hasta que por ley se dispuso suprimirlas, cuando Luciano Napoleón aún no era Napoleón III y en la práctica esa decisión fue el prólogo de la cercana disolución del parlamento.

Leyó el senador Barreto un comentario del norteamericano Story: “Que se alegraba de tener la ventaja de abrir la entrada a los consejos de la nación, a los hombres eminentes cuya pobreza pudiera alejarlos; que era imposible esperar que esos hombres se impusieran los sacrificios más rigurosos a fin de satisfacer su ambición, y que por otra parte, si tal cosa sucediera se debía temer que su independencia y probidad quedasen a merced de los hombres ricos y corrompidos. Que, además, este sistema lisonjeaba el sentimiento popular ensanchando el círculo de sus representantes, y colocando así estas altas funciones al alcance de los hombres de la clase media, aún cuando ellos no se distinguieran por el brillo de su talento. Que este sistema era conforme a la igualdad, que es la base de una república, y que estaba ya fortificado por los antiguos usos y por la aprobación del pueblo”. En las primeras décadas del actual siglo, en Australia, Canadá y Suiza los legisladores recibían remuneraciones por asistencia, por día de labor parlamentaria.

En Hispanoamérica…

Los estudios de un colombiano indicaban que “Chile” era “el único país latinoamericano que no tiene renta para los diputados, ‘que allí reina la aristocracia, que es un círculo de privilegiados y que a eso se debe el malestar político que hay en Chile…”

En la Argentina, “quien ha justificado la dieta en su principio ha sido Rawson, miembro del congreso de Paraná. Cuando se instaló el congreso de las trece provincias confederadas, separadas de la provincia de Buenos Aires, se estableció el principio pro primera vez de la remuneración de los servicios legislativos. El congreso federal no tenía plata con qué sostenerlo, y entonces se adoptó por una ley del congreso el que se diesen libranza contra las aduanas, libranzas que se cobraban con un veinte o treinta por ciento de descuento porque las daban a los agentes de cambio o despachantes de aduana para que las convirtiesen en Rosario y Paraná, cuando los derechos diferenciales”.

En 1862, en el Congreso tres senadores renunciaron porque fueron nombrados por el presidente Bartolomé Mitre: Guillermo Rawson del Interior; Vélez Sarsfield de Hacienda, Rufino de Elizalde de Relaciones Exteriores y fue precisamente Rawson quien sostuvo el mensaje del Poder Ejecutivo pidiendo la sanción de una remuneración para todos los legisladores, propuesta que estaba sin despachar en la Comisión de Hacienda desde hacía varios meses. En esa oportunidad, el ministro del Interior manifestó: ‘…queremos que los distritos de campaña puedan mandarnos sus representantes genuinos y que respondan verdaderamente a sus intereses locales; queremos que cada departamento, que cada sección mande los diputados y senadores que convenga a sus intereses, a aquellos que conozcan mejor sus necesidades, para que todos los intereses de esas poblaciones lejanas estén bien representados en la legislatura’…”

Aumento en las dietas y desprestigio del Parlamento…

Finalmente se “adoptó como un sueldo máximo doscientos pesos mensuales”; remuneración que fue creciendo hasta llegar en 1917 a la renta de “mil quinientos pesos, quizás excesiva y que ha traído como causa el desprestigio de ese parlamento” porque “es muy excesiva para la capacidad del país y como renta que deben gozar los miembros del poder legislativo”, motivo de “reiteradas reclamaciones del diputado socialista doctor Justo, pidiendo que fueran reducidas a mil pesos… necesarios y suficientes para garantir la concurrencia al parlamento y la dignidad de inmunidad de la investidura del legislador”.

En senador Barreto reconoció que “todas las legislaturas de provincia sostienen el mismo principio de remuneración y solamente las provincias que reciben subvención del gobierno de la nación para la asistencia de sus poderes, como La Rioja, San Luis y Jujuy, tienen sus legisladores sin remuneración porque no los pueden sostener aunque en sus Constituciones está establecido que deben ser incorporados al presupuesto cuando las recaudaciones fiscales sean suficientes. En Santiago del Estero, a pesar de ser la cuarta provincia subvencionada, se les “pasa cien pesos mensuales a sus legisladores” y se les aumentaría al doble si la renta alcanzara “a un millón de nacionales”. Los legisladores jujeños cobraban por los gastos de traslación, “lo necesario para que subsistan y puedan concurrir a las sesiones”. En Entre Ríos, una Constitución anterior establecía que la remuneración anual debía ser prorrateada por sesión y el pago sería proporcional a la asistencia. En “la provincia de Santa Fe, (la Constitución sancionada durante el gobierno de Iturraspe) decía que los legisladores tendrían una remuneración mensual en razón de su asistencia”, criterio semejante al de los entrerrianos, pero con la reforma constitucional de 1907, “al año 1908, esa disposición tan buena… fue abrogada”.

Refiriéndose a la dieta como “una facultad nacida del poder implícito de la asamblea” a fin de “hacer concurrir a los diputados o senadores inasistentes y remisos al cumplimiento de su deber, guiados por un interés político o a raíz de disidencias de orden constitucional, que no deben existir”. Sostuvo el principio de independencia del poder legislativo a pesar de que en la historia santafesina hubo “gobiernos caudillos, en que las cámaras eran algo que estaba casi de más, y en que se llegaba hasta a elegir diputados por Rosario a los más vecinos de la plaza de Santa Fe, para que no tuviesen que viajar ni caminar mucho, desconociendo en su esencia el sistema representativo popular”.

Advirtió que “eso no es más que la resultante de una tradición que poco a poco irá borrándose a medida que la luz vaya desalojando la oscuridad y la ignorancia”. (Agrego en el 2004: ¡Tradición arraigada!… con más brotes…)

Reconoció el senador Barreto que “los poderes implícitos fueron sostenidos por Sarmiento en la forma más avanzada”.

Recordó que el estudioso sanjuanino “había presentado al senado argentino la ley” que en realidad “casi toda era una traducción de Wilson”, en cuya publicación oficial “está el prólogo hecho por Sarmiento” con el apoyo de Aristóbulo del Valle “que fue el secretario que tuvo Sarmiento para traducir a Wilson”.

En aquel tiempo -1877- el poder legislativo de Salta no podía funcionar porque los legisladores “se habían ido al campo” y “había que formar quórum.

Entonces, Simón de Iriondo, ministro del interior en la presidencia de Avellaneda, un político ilustre que ha dejado tan gratos recuerdos en esta provincia, Simón de Iriondo mandó al congreso el pedido de intervención en el gobierno de Salta, con excepción del poder judicial”.

Esa decisión fue fundamentada por el jurisconsulto Abel Bazán, luego miembro de la Suprema Corte nacional junto a Benjamín Paz y a José Benjamín Gorostiaga.

Sarmiento durante ese debate manifestó: “No hay que buscar en la ley escrita las facultades del parlamento, hay que ir a la esencia de las cosas”.

Advirtió que “la forma de destruir el parlamento, es disentir sus facultades, es negarles las fuerzas cuando las pide para compeler a los inasistentes; es negarle el derecho de tener dietas para sostener sus diputados y es, también, negarle el derecho de intangibilidad de esas dietas para su funcionamiento”.

Con respecto a la “inembargabilidad de la dieta”, Sarmiento había aclarado que “no constituye patrimonio del legislador”, que esa inembargabilidad “surge de los poderes implícitos” y mencionó cuatro casos judiciales con fallos de embargo que fueron dejados sin efecto.

En la legislatura santafesina, terminado el debate, el proyecto fue aprobado en general y en particular, por unanimidad.

Reducción de las dietas

El senador Thedy anticipó que rechazaría el proyecto y que si correspondía hacer “economías serias”, sostendría como lo había hecho en 1913, “que las dietas de los legisladores deben ser reducidas a trescientos pesos, hasta tanto la Constitución de la Provincia permita establecer las dietas por asistencia, sistema evidentemente el más justo de todos”.

Repitió, que si el poder ejecutivo lo proponía, estaba dispuesto a dar su voto afirmativo. Cerrado el debate, el dictamen fue aprobado y no hubo descuentos para el personal del estado provincial.

Expropiaciones: la ciudad hacia el norte

En la sesión del 1º de junio de 1917 se consideró el proyecto ley autorizando a la Municipalidad de Santa Fe a expropiar un terreno de propiedad del Dr. Vicente Navia, destinado a la prolongación de la calle Las Heras al norte del Boulevard Gálvez, compuesto de aproximadamente trescientos metros lineales de norte a sur y diecisiete de este a oeste, linderos al norte con Juan Abásolo, al sur con terrenos de la sucesión de Francisco Crespo y al este y al oeste con más terrenos del doctor Navia, superficie de aproximadamente media hectárea cuyos planos se presentaron a los legisladores y sirvieron como base para la tasación y la aprobación inmediata del proyecto.

La ciudad hacia el sur

En la sesión del 23 de junio de 1917 se consideró el proyecto de ley presentado por los senadores Bartolomé L. Barreto, Héctor S. López y Moisés Leiva, quienes habían dialogado con algunos funcionarios enterándose de la necesidad de adquirir un terreno para ensanchar el Cuerpo de Guardiacárceles y la Cárcel de Encausados y Contraventores.

El 1º de febrero de ese año, el Jefe de Policía de La Capital había comunicado al ministro de Gobierno, Justicia y Culto Dr. Francisco Valdez que se había ofrecido en venta un terreno que permitiría mayor expansión en la parte destinada a los detenidos.

En el artículo 1º del proyecto se indicaba la ubicación: “formando esquina a la calle San Jerónimo y Uruguay, con los linderos siguientes: por el Norte, la calle Uruguay; por el Sud, propiedad del doctor Paredes; por el Este, Hospital de Caridad -hoy cuarto batallón Guardia de Cárceles- y por el Oeste, la calle San Jerónimo, compuesto de una superficie de tres mil quinientos setenta metros cuadrados”.

No se había determinado el precio de modo que el gobierno, según lo aconsejaran sus tasadores, determinaría oportunamente la conveniencia de adquirirlo o su aplazamiento. Un breve debate sobre esa situación provocó que el proyecto pasara a la Comisión para su estudio.

Teatro Municipal

El ministro de Hacienda y Obras Públicas Dr. José Araya, remitió a la Legislatura un proyecto de ley para pagar a los señores José Mai e hijos, aproximadamente dieciocho mil quinientos pesos correspondientes a la última liquidación relativa a la construcción del Teatro Municipal de Santa Fe, obra iniciada once años antes por el gobierno de la provincia. Los arquitectos habían determinado una deuda de aproximadamente “cuarenta y tantos mil pesos” que disminuyeron porque la provincia había aplicado una multa de cinco mil pesos mensuales por las demoras en la entrega del edificio terminado.

En consecuencia, se redujo considerablemente el saldo de la última liquidación y la empresa soportó mayores pérdidas porque durante once años se estuvieron discutiendo esos valores.

El senador Dr. Bartolomé Barreto manifestó que el voluminoso expediente había acumulado “muchísimas discusiones sobre el debe y el haber respectivo del gobierno y de los constructores” y había “varias vistas fiscales del señor procurador de gobierno y del fiscal anterior”.

Al ser sancionado el proyecto, culminó la primera parte de la historia del actual Teatro Municipal “1º de Mayo” que a fines del siglo XX sigue necesitando mayor presupuesto para el mantenimiento del edificio, que incluye en la planta alta la “Sala Leopoldo Marechal”, inaugurada como homenaje al destacado poeta argentino.

Subsidio al Ejército de Salvación

Durante la sesión del 1º de junio de 1917 se consideró el despacho de comisión favorable al otorgamiento de un subsidio por una vez, destinado a las obras del Ejército de Salvación de Rosario.

El senador Barreto manifestó que esa iniciativa era un estímulo y un reconocimiento hacia esa institución que es “el ejercicio de la caridad reglamentada en forma de ejército”, cuyo origen en Londres a fines del siglo XIX estuvo generada “al conocerse cierta institución privada que atentaba contra el pudor y ejercía casi, no la trata de blancas, pero que introducía mujeres de la campaña, honestas, castas, completamente ajenas a la malicia y corrupción en las grandes ciudades, para que fuesen explotadas por los grandes dignatarios y magnates de Inglaterra.

El hecho fue denunciado por un gran diario inglés, surgió el clamor de protesta de todas partes y salpicó parte de esa mancha sobre personas de la corona real.

Entonces, el general Booth, un hombre sencillo, de costumbres patriarcales y honestas, levantó la bandera de protección” y “en poco tiempo llegó a formarse en Inglaterra, esa legión que llevaba como única consagración y único objeto: la caridad.”

Durante la primera guerra mundial murió el mencionado general, recibiendo el homenaje de los ciudadanos ingleses durante los funerales del sepelio que presenciaron las autoridades de Londres como reconocimiento a su magnífica obra, que como es sabido, se ha difundido en la Argentina y siguió creciendo en la provincia de Santa Fe.

(Lecturas y síntesis: Nidia Orbea de Fontanini.)

[1] Orbea de Fontanini, Nidia A.G. 1882-Biblioteca de la Legislatura-1989. (Inédito, 180 páginas, original cedido a alumnas de los carrera de Bibliotecología del Instituto Superior “Gustavo Martínez Zuviría” de la capital santafesina. La cita corresponde a la página 37, donde está incluido ese “reconocimiento a un compositor”.

[2] Agradezco la atención por teléfono del director de la Biblioteca de la Legislatura Téc. José Gaitán y del señor Rodríguez, a los fines de verificar estos datos. Consulté hoy por internet, a “LyS Libros” y en breves minutos, Luis Oliva también cooperó para esta breve referencia biográfica del maestro Massa. 07-11-2004; Hora 11:31.