Designó ministro de Gobierno, Justicia y Culto al Dr. Francisco G. Valdez; de Hacienda y Obras Públicas al Dr. José Araya y de Instrucción Pública y Agricultura al Dr. Francisco B. Caminos, quien presentó su renuncia el 16 de mayo de 1916.

Necesidad de Reforma de la Constitución

Es oportuno tener en cuenta que esa renuncia generó diversos comentarios y quince días después, durante la sesión del 2 de junio de 1916, el diputado Ferrarotti expuso sus conclusiones en torno a la necesidad de la reforma de la Constitución provincial y con respecto a las expresiones difundidas en los órganos de publicidad.

Rol de “un ministro”…

Recordó los argumentos del Dr. J. Daniel Infante en “El Mensajero” considerando a “un ministro” como “un simple consejero influyente” o “un secretario de Estado con facultades concurrentes a las del mismo gobernador”.

Planteó un interrogante: si podría “prolongarse en el puesto siempre que le dispense su confianza el supremo mandatario, aún cuando una de las Cámaras o la Legislatura exprese su desagrado contra sus gestiones”. Dejó planteadas esas situaciones y sostuvo que “un ministro será ministro o un vulgar amanuense según sea el hombre que tal título posea por decreto del P.E.” advirtiendo que los convencionales serían los responsables de resolver esas dudas.

Interrogante acerca del “Senado” – ¿Institución inútil y gravosa?

Mientras algunos legisladores insistían en la necesidad de reformar la constitución provincial, el Dip. Juan Luis Ferrarotti planteó en el recinto de la Cámara un interrogante:

¿“El Senado es una institución aristocrática, conservadora, inútil y gravosa para el régimen republicano?”

Inmediatamente contestó “en sentido negativo por las ventajas del sistema bicamarista que son superiores desde cualquier punto en que nos coloquemos”.

Acerca de “Rosario” como sede del gobierno…

Después de sucesivos comentarios, insistió en la necesidad de “comprender que la familia santafesina es una” y aunque “hubo una época en que hombres del Sud quisieron llevar la sede del gobierno a Rosario” reiteró que la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz debía seguir siendo la Capital de la provincia. En un ámbito de persistente oposición, resultaba estéril cualquier intento de acuerdo político y la mayoría de esas discusiones fueron sólo anécdotas registradas por los taquígrafos y después, sentenciadas al olvido.

Centenario de la Independencia

El 10 de enero de 1916 en acuerdo de ministros se había firmado una resolución adquiriendo 400 ejemplares de la obra “La Provincia de Santa Fe en el primer centenario de la independencia argentina, 1816 -9 de julio de 1916-” a cincuenta pesos el ejemplar.

El proyecto pasó a la Legislatura; recién el 8 de junio de 1918 tuvo despacho favorable en la Comisión de Hacienda del Senado y fue postergado su tratamiento en el recinto porque ese día estaban ausentes los miembros de esa comisión.

Dos años después, compra impaga…

En la sesión del 21 de junio de 1918 se trató en el recinto el proyecto relacionado con la compra de los cuatrocientos libros en recordación del centenario de la Independencia y el senador Dalmiro L. Videla (San Justo) insistió en la necesidad de votarlo porque “la obra editada ha sido ya entregada, se encuentra en poder del Gobierno, pero no ha podido ser pagada porque no se tienen, naturalmente, elementos para ello”.

Indicó el senador Videla que “se trata de una obra de propaganda, más bien para los extranjeros… como se dice en el mismo decreto, será repartida entre los Cónsules y Ministros plenipotenciarios… al gobierno de la Nación, respectivos Ministerios, a los Gobiernos de Provincia, a las Bibliotecas, escuelas, universidades, etc.” ^{Subrayado aquí}

El senador Gerardo Costanti anticipó su voto en contra “por el temperamento adoptado por el Poder Ejecutivo” porque hacía dos años que el P.E. -el ex gobernador Manuel Menchaca- había comprometido “el Tesoro de la Provincia, invirtiendo en esa obra la suma de veinte mil pesos sin tener la autorización legislativa correspondiente”. ^{Subrayo aquí.}

Insistió en que ese gasto debía pagarse con rentas generales de 1916 y al estar pendiente, pidió que se modificara la redacción del artículo estableciendo que se pagaría con rentas generales del ejercicio en curso. Finalmente, el proyecto fue sancionado.

Atraso en el pago de Letras e indemnizaciones pendientes

En la sesión del 10 de enero de 1910 se aprobó el proyecto autorizando al P.E. para que pagara a favor de don Fernando E. Centeno, 90.000 pesos moneda nacional, con más los gastos e intereses devengados y a devengar por cuanto la Corte Suprema había fallado a favor de sus herederos por la indemnización que reclamaban debido al atraso en el pago de letras.

Es oportuno tener en cuenta que sucesivos gobiernos no cumplieron con el pago de esa indemnización y el 23 de agosto de 1918 el diputado Nogués hizo una moción de urgencia para considerar el mensaje del P.E. solicitando autorización para abonar Letras de Tesorería que se habían entregado a favor del señor Centeno y que debido a su fallecimiento, su esposa Petrona Centeno de Centeno había cedido al señor Héctor Dellepiane.

Desde el 8 de noviembre de 1917 era necesario cumplir “un fallo definitivo del Tribunal que obligaba a hacer dicho pago”.

El diputado Enzo Bordabehere (demócrata progresista, departamento San Lorenzo), había indicado que por su importancia era conveniente que pasara a la Comisión respectiva para que produjera su despacho. Planteó que: “el mal concepto que merece el asunto en sí, por tratarse de indemnizaciones que han sido motivo de críticas acerbas, no puede, en consecuencia, por más urgente y grave que sea la amenaza que se cierne contra el tesoro provincial, autorizar una sanción inmediata”.

Aclaró el diputado Cabanillas que el tenedor de esas letras era el señor Héctor Dellepiane, quien había gestionado además el pago de otras Letras. En ese tiempo se había constituido en la Cámara de Diputados la Comisión de Investigación Judicial, presidida por los doctores Manuel A. Fernández; Amadeo Ramírez y José M. Carreras.

El diputado Bordabehere insistía:

“No es posible que un asunto entrado hoy mismo, lo sometamos a la sanción inmediata”.

Manifestó que aunque no quería “entrar al debate”, se oponía porque era necesario “hacer un estudio bien detallado de todas esas Letras de Tesorería gemelas, del Gobierno del doctor Menchaca, de aquella época bastante triste para la Provincia, que proceden del gobierno del señor Bernardo Iturraspe”.

Advirtió en el recinto:

“No debemos usar este procedimiento, para que no caiga la responsabilidad, sobre todo el grupo político a que pertenezco, sobre una sanción de esta naturaleza, sobre un asunto tan censurable”.

Se dispuso que el proyecto pasara a la Comisión respectiva.

(Esas manifestaciones del diputado Bordabehere con respecto a los gobernadores Iturraspe y Menchaca, contrastan con cualquier valoración histórica que se sustente en los mensajes anuales a la Legislatura y en sus respectivos planes de gobierno, reiterándose en diferentes ediciones siendo apenas una aproximación a la realidad de aquellas administraciones.

Se advierte al leer los diarios de sesiones, que el Dr. Manuel J. Menchaca soportó demoras en la sanción de sus proyectos legislativos debido a la persistente oposición de los demócratas de la Liga del Sur y por ello, el tratamiento y puesta en marcha de sus iniciativas fueron demasiado lentos.)

Cárcel en Coronda: adquisición de terrenos…

Desde el 30 de junio de 1903, mediante la ley Nº 1177 y por vigencia de la ley 1319 desde el 25 de junio de 1906, el gobierno provincial estaba autorizado por la Legislatura para construir varios edificios, entre ellos una Cárcel de la provincia.

El 29 de abril de 1916 el P.E. había celebrado un contrato ad referéndum, firmado ante el Escribano de Gobierno por el ministro de Hacienda y Obras Públicas y con los señores Salvador Dettoni, María G. de Recuero, Felipe Recuero, Agustina Gregoria N. de Fostier y José Cipriano Solís, referente a la adquisición de terrenos en Coronda (departamento San Jerónimo) destinados a la construcción de una Cárcel provincial para penados, en una superficie de veinticinco hectáreas.

En consecuencia, se remitió a la Legislatura un proyecto de ley para aprobar ese contrato. En el artículo segundo se autorizaba al P.E. por el mismo precio y en las mismas condiciones, a adquirir dieciséis hectáreas contiguas a los propietarios nombrados, pertenecientes a los herederos del doctor E. Ferreyra y de don Eustoquio García.

Se estudió la propuesta de venta y al ser terrenos altos, sin riesgos de inundaciones, hubo un prolongado debate acerca de las características del edificio a construir por cuanto todavía no se disponía de los planos.

Primero el plano, después la construcción…

El senador Gerardo Costanti insistía en que “cuando uno quiere hacer una casa pide primero que le hagan un plano y después emprende la construcción. El principio es idear la obra y después se compra el terreno para levantarla” siendo apoyado por el senador Thedy, mientras que el senador López afirmaba que “con ese criterio no se harían obras”.

Después de un prolongado debate, se resolvió pasar a un cuarto intermedio y al regresar, el senador Gerardo Costanti destacó que “todas las observaciones que hiciera esta tarde están tan justificadas que el mismo Departamento Topográfico de la Provincia expone en su dictamen que no es posible producir informe sobre la cárcel porque no hay idea alguna del gobierno que establezca en qué forma se va a hacer y a qué fines se va a tender”. Aclaró que no se oponía “porque pretenda que se ubique la cárcel en otro punto de la Provincia y no en Coronda y que no es porque crea que no deban gastarse los fondos para estos fines”, ya que consideraba que “que el doble debe gastarse en la edificación de cárceles, por razones de humanidad”, pero negaba su voto “por la forma como viene el proyecto”.

06-02-1916: comicios…

El 6 de febrero de 1916 se concretaron los comicios para renovar los mandatos a algunos legisladores de ambas Cámaras y en la sesión preparatoria del 8 de abril, en la Cámara de Senadores presidida por el vicegobernador Ricardo Caballero, se integró la “Comisión de Poderes” con el objeto de estudiar los antecedentes y aprobar los diplomas de los representantes electos, siendo designados los senadores Ignacio Crespo -La Capital-, Enrique Thedy -Caseros, quien renunció por razones de enfermedad y fue reemplazado por el senador Pedro Virasoro -Nueve de Julio- y José M. Zavalla del departamento General Obligado. Aunque inicialmente el presidente Caballero propuso que se pasara a un cuarto intermedio para que cumplieran ese mandato, se otorgó un plazo mayor para que produjeran el correspondientes dictamen.

Segunda sesión preparatoria

Transcurrió un mes y recién se concretó la segunda sesión preparatoria, presidida el 19 de mayo por el vicegobernador señor Francisco Elizalde, quien reconoció: “…soy miembro de un partido batallador, talvez en exceso; pero en el desempeño de esta alta misión que me ha conferido el pueblo de la Provincia, os prometo ser completamente imparcial y justo en mis disposiciones y procuraré que este cuerpo sea respetado en todo cuanto a la presidencia se refiera”.

Aplausos en las bancas y en la barra.

Inmediatamente el senador Zavalla informó sobre la aprobación de los diplomas de los electos en los departamentos Iriondo, Las Colonias, San Justo, San Martín y San Lorenzo y aplazó el tratamiento de los correspondientes a los departamentos Constitución y Vera.

Integración de la Legislatura

El vicegobernador Elizalde renunció el 3 de junio de 1916 y en consecuencia fue reemplazado por el presidente pro-témpore don Moisés Leiva (San Cristóbal).

Habían elegido vicepresidente al senador don Régulo Martínez representante del departamento Garay y eran secretarios Luis Bonaparte y José Manuel González.

Senadores

Representaron además a los distintos departamentos los senadores Bartolomé L. Barreto (Belgrano); Jorge Cabral (San Javier); Valerio Carreras (Gral. López); Tomás M. Vivas (Vera); José M. Zavalla (Gral. Obligado); Ignacio Crespo (La Capital); Enrique Thedy (Caseros); Pedro Virasoro (9 de Julio); Agustín Araya (Rosario); Héctor S. López (San Jerónimo); Juan Beaupuy (Castellanos); Juan B. Boero (San Martín); Dalmiro L. Videla (San Justo); Juan Cepeda (Constitución); Gerardo Costanti (San Lorenzo); Joaquín Lagos (Iriondo); Carlos Dobler (Las Colonias).

Diputados

La Cámara de Diputados en 1916 estuvo integrada por los Dres. Arturo Anello -vicepresidente 2º de la Cámara- y Pedro Gómez Cello (La Capital); Dres. Juan Luis Ferrarotti, Elías F. de la Puente -presidente de la Cámara-; Romeo David Saccone y señores Tobías Arribillaga, Enrique A. Larrázabal, Pedro Goyenechea, Alejandro F. Nogués, Ramón A. Taborda, Eduardo A Nuñez y Francisco Capmay (Rosario); Ángel Masjóan, Carlos F. Bonazzola y Ramón Visconti (Castellanos); Emilio Angeloni (San Justo); Martín de la Peña, Gabriel Faure, Adolfo Pérez Ordoñez (Las Colonias); Dr. Pablo Tiscornia (Gral. López); Dr. Ángel Ortiz Grognet -vicepresidente 1º- y señor Justo Arroyo (San Martín); Dr. Luis María Mattos y don Nemesio García (Caseros); Dr. José M. Medina y señor Marcelino J. Bayo (Iriondo); señor Emilio Pfirter (San Jerónimo); Dr. Guillermo E. Kehoe y señor Aristóbulo Lazo (San Lorenzo); Dr. Luis María de la Vega (Belgrano); Juan O’ Connor (Gral. Obligado); Dr. Luciano F. Molinas (San Cristóbal); señor Julio E. Racine (Garay); Dr. Gregorio Parera (San Javier) y señor Oscar Pini (9 de Julio).

Secretarios: Domingo Garcilazo y Arturo G. Maciel; jefe de Taquígrafos señor Julio Fayó.

Presupuesto de la Legislatura

El presupuesto de la Legislatura era de 316.320$ para sueldos de ambas Cámaras con una asignación de $ 500.- mensuales a cada legislador (19 senadores y 41 diputados); igual sueldo los secretarios; el comisario $ 300.- -igual que el bibliotecario-; 170.- $ el intendente y $ 100.- cada ordenanza (siendo tres en servicio). El gobernador recibía $ 2.500 mensuales y por “gastos de etiqueta” $ 500.- mensuales disponiendo el P.E. de mil pesos mensuales para gastos extraordinarios y eventuales.

Subvenciones a Bibliotecas

En ese tiempo, en la nómina de subvenciones de Instrucción Pública estaba registrada la asignación de $ 300.- mensuales a la Biblioteca Argentina de Rosario y a la Biblioteca de la Sociedad Cosmopolita de Santa Fe, y a dieciséis más con diferentes cantidades.

Acerca de la moral política

El senador José M. Zavalla, representante del departamento General Obligado, manifestó: “…como miembro de un partido inspirado en altos principios de moral política estoy moralmente comprometido a resistir y oponerme al espectáculo de que este recinto dé, como en épocas pasadas, franco acceso a ciudadanos que no deben ocupar una banca, si no llegan a ella como legítimos representantes de la voluntad popular y munidos de credenciales intachables que los habiliten para constituirse en mandatarios de mayorías reales y efectivas”.

Críticas al gobernador Menchaca…

El senador Zavalla juzgó al ex gobernador Menchaca al manifestar que el “fenecido gobierno ha coronado con su obra netamente regresiva el ciclo de los situacionismos electores (sic) que debió cerrarse para siempre con el triunfo de la democracia en 1913; defraudó los anhelos del pueblo que libró a su buena fe y a su celo honesto la custodia de esa conquista, y en lugar de engrandecerla en el ejercicio de una política elevada, concorde con los tiempos de derecho y libertad que nacían, la agredió hasta pisotearla para satisfacer ambiciones de bajo predominio y fundar influencias personales computadas y durables”.

Advirtió que “no es extraño que próximo ya a la expiración de su mandato, el jefe de la administración, ilusionado con la perspectiva de una sucesión concebida a la medida de sus deseos y aspiraciones, entregara al libre juego de las camarillas políticas, -frutos y hechura de su escuela oligárquica,- todos los resortes del poder oficial en forma tan ostensible y sin reparos que no tiene precedentes en los anales de ningún situacionismo anterior” (sic).

Influencias y “dineros del pueblo”…

Destacó el senador José M. Zavalla que “el gobierno elector en su afán de utilizar cuanto elemento halló a mano, en tendencia utilitaria puso en un mismo pie de igualdad ante sus maquinaciones exitistas, al juez de paz, al comisario y al maestro de escuela”. Mencionó a “los jueces rurales” que “desprestigiando la modesta justicia de vecinos y haciéndola servir mezquinos intereses partidarios” y a los “altos magistrados, a quienes vimos descender alguna vez de sus elevados sitiales para ganar… en asuntos tras de los cuales aparecía el espíritu vengativo del jefe supremo, capaz de premiar una mala acción con un ascenso. Y la política oficialista, lo que es más sensible, tuvo un influjo funesto en la administración de los dineros del pueblo”.

Insistió en las revelaciones de la prensa resultando “una verdad innegable que la malversación de las rentas fiscales” ha “obedecido como por lógica y natural consecuencia, al régimen político implantado, que rompió con toda norma de corrección administrativa dando libre paso a la corrupción. Fomentada ésta desde arriba, ha hecho presa de todo lo que encontró en su libre discurso. Los funcionarios públicos han sido fuera de dudas colaboradores principales en la inmoral campaña del oficialismo contra el pueblo, pues de ellos se obtuvo por la amenaza, la seducción y el soborno, un concurso que no habrían prestado seguramente a no ser víctimas de tales presiones. El empleado que no descuidaba el cumplimiento de sus obligaciones para secundar decididamente la propaganda electoral del oficialismo, dejaba de ser persona grata a su jefe supremo y era separado desconsideradamente de su puesto, como lo era también todo funcionario honesto que por razones de dignidad se rehusaba a prestar ostensible cooperación a ese politiquerismo inmoral y vergonzoso”. En consecuencia, se entregaban “de lleno a la propagada electoral, al frente de comités políticos, cuando debieron estar al frente de sus abandonadas oficinas cumpliendo los deberes de sus cargos, ya que para eso el pueblo les paga con largueza”.

Ratificó el senador Juan M. Zavalla que “los jefes políticos, los comisarios, los jueces de paz, los receptores de rentas y demás empleados, tenían la obligación de hacer vida de comité y presionar el ánimo de los electores para arrancarles el voto e impedir que los dieran al adversario, echando mano de cuanto recurso ilícito les brindaban las circunstancias”. Si negaban esa colaboración, “empezaban las persecuciones, las amenazas, los vejámenes, las multas o detenciones injustas, las sableadas, las imputaciones de delitos imaginarios, toda clase de criminales ensañamientos. Hasta ciudadanos inocentes pagaron con sus vidas el delito de haberse declarado opositores a la política del gobierno, satisfaciendo así su diezmo al machete policial o al plomo del matón irresponsable, alquilado con la misión de sembrar el terror y alejar de los atrios a los electores”.

Acoso a los radicales

El senador Zavalla nombró a “honestos, antiguos y respetables vecinos de San Justo, como los señores Juan Neme, P. Eduardo Acuña, Luis Blanche, Tomás Carratú y otros miembros conspicuos del comité del Partido Radical de Santa Fe en aquella localidad” que habían sido detenidos y trasladados a la jefatura de policía de esa localidad donde permanecieron incomunicados y sin que se les permitiera recibir alimentos “mientras se les instruía un sumario preventivo a base de declaraciones falsas que prestaban complacientes individuos que de ex profeso tenía la policía para esas trapisondas”. Indicó que fueron trasladados a La Capital, “previa intervención del Juez de Instrucción Doctor Rivera, con un sumario fraguado, en el que se les imputaba el delito de tentativa de asalto a mano armada a la Jefatura Política” hasta que el Superior Tribunal de Justicia ordenó “poner en inmediata libertad a los detenidos, por falta de mérito para su enjuiciamiento. No habían cometido otro delito que el de ser prestigiosos dirigentes en San Justo, de un partido opositor, del Partido Radical de Santa Fe!”

El senador Zavalla aludió a los “siete ciudadanos honestos a carta cabal, nacidos y criados en Reconquista, hijos de respetables familias de aquel pueblo”, entre ellos “los jóvenes Carussi, Tosi, Pagano, Centeno e Ittig, fueron arbitrariamente detenidos por las policías de Brusa” -el conocido jefe político de esa localidad don Juan Brusa- y “remitidos a Santa Fe ayuntados con esposas, como si se tratara de criminales peligrosos y temibles, bajo la absurda imputación del delito de sedición”.

Con respecto a la ciudad de Santa Fe, recordó que “desde la casa del Doctor Mosca, en papel que lleva su membrete, se ordenaba a los jefes de reparticiones públicas, cartas órdenes para que se proveyera a los comités con el racionamiento destinado a los presos”, leyendo en el recinto una “misiva: “Doctor Enrique M. Mosca – A. G. Antille – confidencial. Saluda atentamente al señor Firma Paz (Intendente del Cuerpo de Guardia de Cárceles) y le ruega se sirva entregar al dador, una olla, platos y útiles, que se necesitan para las cocinas económicas que se han instalado en el Comité Centenario de Santa Fe. Enero 28 de 1916.”

Terminado ese discurso, el senador Ignacio Crespo hizo la salvedad de no haber tenido “participación alguna en el informe producido por el señor miembro informante de la comisión de poderes”. En el diario de sesiones consta que “habla en voz tan baja que nos se alcanzan a oír sus palabras”, de modo que inmediatamente se transcriben las expresiones del senador Juan Cepeda del departamento Constitución, quien lamentó que “estos ataques no se hayan producido en la época en que por la Constitución deben funcionar las Cámaras” -dos meses antes-, oportunidad que hubiera permitido a un representante del Poder Ejecutivo “aclarar sus denuncias”, aunque corresponde tener en cuenta que al iniciarse en abril el período ordinario, resultaba imposible concretarlas en ese tiempo sugerido.

El senador Agustín Araya – Rosario- manifestó que desde su partido se ha defendido siempre el derecho de sus adversarios y “sobretodo hoy en la hora en que el Partido Radical llamado principista triunfa en la Provincia de Santa Fe”. Por ello, anticipaba el voto favorable al dictamen que aprobaba los diplomas y censuró la postergación con respecto a representantes de otros departamentos.

Durante cinco horas los senadores estuvieron debatiendo sobre la legitimidad de los electos y sucesivas manifestaciones han aportado datos que en otros apuntes podrán nutrir las referencias históricas acerca del tradicional desarrollo de la acción política en diversas localidades de la provincia de Santa Fe.

Situación en Vera

El senador Zavalla informó que “el departamento Vera fue preparado políticamente con mucha anterioridad a la elección. Los empleados dependientes de la jefatura, fueron sustituidos en su casi totalidad por elementos de cuyo incondicionamiento político tenía plena seguridad el jefe político”.

Así, “se incorporaron a aquella jefatura los comisarios Rómulo Fondo, Emiliano Leiva, Eliseo Álvarez, Juan Gómez, Eliseo Molinari, Felipe Cello, Menotti, Vigo y otros que sustituyeron a los que fueron nombrados al iniciarse el gobierno del doctor Menchaca”.

Advirtió que el jefe político don Adolfo Costa presidió personalmente la instalación de todos los comités oficialistas, acompañado por varios comisarios (los tres primeros nombrados y el comisario Maldonado), hecho verificado por él en mayo de 1915 cuando recorría el Chaco Austral junto al diputado Néstor de Iriondo y el señor Orfilio M. Fernández, motivo de la denuncia telegráfica ante el “entonces presidente de la junta de gobierno don Rodolfo B. Lehmann, que se encontraba en la Capital Federal para que tomara las medidas que el caso requería”, ya que “los subalternos del señor Costa eran obligados, bajo pena de destitución, a actuar activa y ostensiblemente en política”.

En Garabato, “los trabajos electorales del oficialismo estuvieron a cargo del comisario Alcibíades de la Casa y el juez de paz Adolfo Beltrán que reforzaron la policía con particulares armados, comandados por el sujeto apodado ‘Cambá Flores’. Las autoridades estaban bajo las órdenes del candidato a elector oficialista don Eduardo Arquint, al que más tarde se agregó el candidato a diputado doctor Marcos Anello.

El vergonzante corralón

En el informe de la Comisión de Poderes consta que en el distrito Garabato el oficialismo actuaba sin la menor reserva: “…la gente que lograban reunir era encerrada en el corralón de Arquint, donde agentes de policía armados hacían la guardia para no dejar salir a nadie. Más parecía un lugar de reclusión de delincuentes, dada la rigurosidad de las consignas, que un comité político. La policía arreaba a ese lugar los ciudadanos que encontraba, logrando reunir así contra su voluntad un regular número de votantes, que quedaron en calidad de detenidos hasta que hubieron sufragado. Las personas que descendían de los trenes de Garabato, para cumplir con sus deberes cívicos, eran literalmente asaltados por la policía y los dirigentes oficialistas que a toda costa trataban de conducirlos al mencionado corralón de Arquint. El señor Martín Moreyra (hijo) que conducía un grupo de cuarenta votantes disidentes de Colmena a Garabato, al descender del tren fue asaltado en esa forma. La policía quería llevarlo con toda la gente al obligado punto de concentración oficialista y como se negara altiva y enérgicamente, fue amenazado de muerte y después de la elección ha tenido que huir de Garabato para escapar a la venganza policial. El candidato Arquint y un tal Gaycne, asaltaron por la espalda al dirigente radical disidente señor Juan C. Sotelo, quien cayó desvanecido a consecuencia de los golpes que le asestaron en presencia de las autoridades que se abstuvieron de intervenir en el hecho.”

El “apoderado radical señor Miguel Virasoro” decidió retirarse de la mesa y dejar constancia en un acta, porque “sus reclamaciones no se tomaban en cuenta” mientras “el candidato doctor Anello, visitaba las mesas receptoras de votos, ordenando a los presidentes adictos hicieran indicaciones a los votantes para que colocaran en los sobres boletas de su partido”. Se destacó que “el retiro expresamente provocado del señor fiscal Virasoro, facilitó al oficialismo el vuelco de los padrones”, de modo que personas alojadas en la cárcel aparecían como si hubieran sufragado.

Hechos en el territorio de “La Forestal”

El senador Bartolomé L. Barreto -departamento Belgrano- planteó otras situaciones verificadas en el norte santafesino y con respecto al departamento General Obligado, reiteró la necesidad de “tratar de obrar moralmente para continuar en ese departamento la obra de regeneración política para que la luz brille, y perseverar para que se desaloje de esos bosques los bandidos que pasan de Corrientes en número de ocho o diez y se renuevan continuamente”. Indicó que “esa es la política que el radicalismo disidente de hoy debe iniciar en Obligado” porque todos saben “lo que hacen los comisarios que sirven al gobierno en víspera de las elecciones, creen que es su deber hacer todo lo posible en favor del gobierno; piden caballos a la Forestal, piden que los ferrocarriles de la Forestal les faciliten pases y no den ningún medio de comunicación a los opositores, quieren que el gobierno gane siempre cualquier elección y esa es la historia de siempre de la Forestal en Vera y Obligado”. De acuerdo a su punto de vista, en Vera no había triunfado la política oficialista y reconoció que “han habido cuatro agrupaciones: el partido que llamamos oficialista o sea el conservador; el radical disidente; el del señor Aldao –Ricardo– que era diminuto y que encabezaba el señor Berizo y el de la coalición o antiguo conservador”.

Manifestó el senador Bartolomé Barreto que “el coalicionista fue solicitado tanto por las fuerzas disidentes como por las que sostenían al gobierno y después de estudiar la conveniencia política, la aproximación o similitud política de los partidos entre sí, era muy lógico que prefiriese al partido de Menchaca, porque era un partido moderado, excluyendo el procedimiento de querer hacer demasiado ligero las reformas…”

En consecuencia, el senador Barreto insistió en que “la coalición o grupo conservador sumó fuerzas paralelas; no eran glóbulos de la misma sangre, sino que eran los radicales del comité nacional que se sumaban a una evolución política que daba a los radicales los electores de gobernador y a los coalicionistas el diputado y el senador, así que a cada uno alcanza una parte del triunfo”.

Ausencia del gobernador

En la sesión del 30 de junio de 1916 se consideró sobre tablas el permiso solicitado por el señor gobernador para ausentarse por sesenta días del territorio provincial.

El senador Thedy anticipó el voto favorable y destacó que el senador Leiva debía reemplazarlo de acuerdo con la Constitución vigente. Censuró algunas manifestaciones que promovían una convocatoria a elecciones de vicegobernador, porque sólo eran factibles si el vicegobernador estaba desempeñándose como titular de ese Poder. Varios legisladores apoyaron ese criterio. El senador Thedy recordó dos antecedentes en la provincia, “los casos del doctor García Vieyra y de don Pedro Lino Funes: en ninguno de ellos se convocó a elecciones y el Presidente pro-témpore del Senado continuó desempeñando las funciones de vicegobernador. Se generó un prolongado debate sobre ese supuesto hasta que por insistencia del senador Araya se concretó la votación que resultó afirmativa..

Proyecto de reforma constitucional

Durante la sesión preparatoria del 2 de junio de 1916 presidida por el diputado Dr. Elías F. de la Puente, en la Cámara de Diputados juró el representante del departamento Garay don Julio E. Racine y minutos después, en la primera sesión ordinaria se integraron las comisiones y se evaluaron los diplomas que estaban pendientes.

En esa oportunidad el diputado Juan Luis Ferrarotti (Rosario) fundamentó el proyecto de reforma constitucional y en su prolongado discurso aludió a diversos antecedentes políticos europeos y estadounidense; concretó algunas observaciones sobre las convenciones constituyentes argentinas.

Manifestó que “la Constitución vigente de la provincia es de un carácter circunstancial. Es la más ejecutivista de todas. Dota al gobernador de una serie de facultades extraordinarias. El que hubiera hecho uso de ella con habilidad, inteligencia y afán de predominio, aseguraba para sí y su partido una influencia absorbente sobre la Legislatura y la Justicia” e insistió en que era necesario reformarla.

Males de la política

El diputado rosarino Juan Luis Ferrarotti destacó que “nuestra política está afectada de muchos males, algunos crónicos, otros agudos, de igual gravedad alarmante. Evoluciona con cierta lentitud que turba sin motivos… Muchas de sus lacras han de curarse con cauterio y si son profundas, con una ya más seria intervención quirúrgica”.

Recordó que “Agustín Álvarez, uno de los pensadores más medulosos y originales del país, nos diagnosticaba como enfermos de mentira. La mentira es una cobardía siempre; una insuficiencia mental a veces. Sobra en los argentinos ese coraje erigido en idolatría que aclama a Juan Moreira en los picaderos y lo sienta, en oportunidades, por error, en una banca legislativa; sobre el matonismo que rodea con una guardia pretoriana a los caudillos y cuando sus guantes pertrechan su honor en las salas de armas para aumentarle quilates por la destreza y sacarle brillo con la insolencia (sic); pero, falta esa integridad moral que hace llamar a los hechos por su nombre y juzgar a los individuos por el fiel que marca el contrapeso de sus cualidades y sus deméritos. En nuestro país nadie canta las verdades del vaquero; a lo sumo se recitan las letanías de la adulación o se abre el dique de los depuestos con la bajeza de los odios personales, con la mezquindad del despecho, con la perversa insistencia de la envidia; sin que un propósito superior, sin que una idea alta, sin que un fin de saneamiento, excuse o justifique esos desahogos mulatos.

Es agresividad, nada más que agresividad, que depende por lo común de una conformación fisiológica: de la mandíbula saliente y del frontal en fuga; lo lamentable es que a esos doctorados en mala educación algunos los confunden con apóstoles y los siguen, haciendo cortejo al escándalo. Ese mal es rebelde a los tratamientos porque la cultura no se compra sino se adquiere por sí mismos, iluminando lentamente el alma propia en un suave y continuo despertar de humanidad. Tratase al fin y al cabo de una dolencia que si contagia a la política es por derivación de otra dolencia más honda y es la de que los argentinos no hacemos política de ideas; hacemos política de sentimientos olvidando que el que confiesa ideas, las tiene siempre propias o ajenas, mientras el que recita sentimientos puede fingirlos y que los sentimientos se aclaman en el teatro y no se advierten a menudo, en la vida, a pesar de estar aquellos a cargo de histriones y éstos del corazón. Hamlet es un cerebro; Tartufo, una actitud y Rabagás un método. Una actitud y un método se aprenden con facilidad, será por eso que afluyen de un bando al enemigo los que se arrepienten de la actitud anterior y son los bien llegados… En cambio, los que reniegan de sus ideas han de ganarse en el debate, sus títulos de convencidos y por la constancia, su diploma de sinceros. Entre una comedieta de ideas y una farsa de sentimientos, en la primera nos despreocupa quien las anuncia porque las ideas son semillas que cuajan en cualquier campo propicio y florecen en el más abonado; en la segunda no; el personaje es todo, es hasta el sentimiento mismo”. Después de ese análisis destacó la importancia de suprimir el “actual sistema de representación de las mayorías adoptando el de representación proporcional que vigoriza e intelectualiza a los partidos y aumenta las probabilidades de una selección real”.

Distribución de la tierra

El Dip. Juan Luis Ferrarotti manifestó:

“…Maravilla por ejemplo, que una provincia agraria como la nuestra, no tenga en su Constitución una sola cláusula que encare esa cuestión sorprendente de las tierras públicas dilapidadas con el marchanteo de favoritismo”…

Expresó también que era sorprendente que “no hayan tenido una defensa que evitara el despojo del Estado por los especuladores; que el latifundio que estrangula la expansión del trabajo, prospere por el silencio de la ley; que los vicios sociales como el juego y el alcoholismo no tengan un freno prohibitivo que luego la Legislatura deba de hacerlo eficaz, dotando a los jueces de los medios de aplicarlo sin contemplaciones”.

Excesivos gastos

Reconoció el diputado rosarino Juan Luis Ferrarotti, que “la política financiera pide bases científicas y sanas”; que “las Cámaras votan gastos sin medida colocando al Ejecutivo en la situación desairada de no atenderlos sumándose al disgusto de los legisladores, la enemistad de los favorecidos por la ley incumplida: La frase “se pagarán de rentas generales” es la muletilla de todos los que quieren sin gastos de sustancia gris, quedar bien con una comisión de fomento, una institución de beneficencia o una población cualquiera: Es la más usada en los diarios de sesiones y la que más inquieta a los Ministros de Hacienda. Por ella se introducen desequilibrios entre el debe y el haber del erario o desinteligencias entre los poderes co-legisladores”.

Planteó que “el gobierno del doctor Menchaca se desenvolvió con el presupuesto de la gobernación de Crespo y con el actual, uno inferior a las exigencias de una administración regular, y otro sancionado con un déficit evidente”.

Es interesante tener en cuenta que desde el 23 de junio de 1916, las tres últimas sesiones de la Cámara de Diputados se reunieron en minoría y en consecuencia, no se adoptaron resoluciones. El período extraordinario comenzó el 21 de octubre de ese año.

Educación laica

Durante la sesión del 21 de octubre de 1916 el diputado Juan Luis Ferrarotti (Rosario), fundamentó su proyecto de ley que era la reiteración del presentado dos años antes con la firma de veintidós diputados y que no fue sancionado.

Impulsaba otra ley de instrucción primaria destacando que “la enseñanza primaria debe ser laica”.

Antecedentes históricos

Revisó los antecedentes históricos a partir de la sesión del 24 de abril de 1853, cuando el representante de Catamarca Zenteno propuso que se incluyera un artículo así concebido: “La religión católica, apostólica, romana, como única y sola verdadera, es exclusivamente la religión del estado. El gobierno federal acata, sostiene y protege particularmente para el libre ejercicio de su culto público. Todos los habitantes de la confederación le tributarán respeto, sumisión y obediencia.”

El diputado por Tucumán Fray José Manuel Pérez, había aclarado que “la religión viene de Dios y no necesita imponerse”. El representante de Santiago del Estero, Padre Dr. Benjamín Lavaysse, expuso una conclusión: “el gobierno estaba obligado a sostener el culto y esto lo era lo bastante; que la religión como creencia no necesita más protección que la de Dios para recorrer el mundo sin que pudiese nunca la tenaz oposición de los gobiernos detenerla un momento en su marcha progresiva.”

Esas posiciones provocaron extensos debates y en la sesión del 17 de abril, el Dr. Lavaysse hizo “escuchar su voz serena impidiendo que se imponga como condición para ser miembro del Congreso, la de ser católico. Aquellos hombres fueron servidores de la grandeza del país al no dejarse influenciar por los defensores de una tesis intolerante, impropia de la época y enemiga del porvenir”. Entre quienes eran más liberales con respecto a la sumisión al dogma corresponde nombrar a los convencionales Juan María Gutiérrez y Salvador María del Carril.

Lo establecido en Constituciones de distintas provincias

Hacia 1916 las constituciones de Entre Ríos, Corrientes y Mendoza no contenían en su texto declaración alguna de sometimiento a determinada religión.

El diputado Ferrarotti aclaró que “la escuela neutra no es la escuela atea” y advirtió que “es pura y simple, es una escuela sin prejuicios”. Reconoció que “nuestra época es una época religiosa” y que resultaba evidente la existencia de “la necesidad de creer que es instintiva en las razas…” Planteó que “el laicismo no implica un ataque a la iglesia como los católicos pretenden; corrige apenas sus privilegios”.

En otros países…

En aquel tiempo “la escuela neutra” estaba implantada en Francia, Bélgica, Holanda, Brasil, Uruguay, en Estados Unidos, en Japón desde 1873 y en Inglaterra desde 1870. En nuestro país las escuelas eran neutras en el orden federal y Wenceslao Escalante, que no puede ser considerado un enemigo de la Iglesia, sostenía que: “El laicismo es la independencia de los distintos órdenes sociales, la armonía de los unos con los otros en la libertad y el mutuo respeto para que no resulten choques que engendren la iniquidad. Porque la historia nos enseña que las luchas entre el orden religioso y el orden político, lejos de ser favorables al fomento de la moralidad, le son contrarias. Separado cada orden y girando armónicamente en su esfera de acción, los pueblos se entregan tranquilos a la práctica de sus dogmas y es más fácil el levantamiento de la humanidad hacia los grandes ideales de la civilización”.

“La historia es sagrada”

El diputado Ferrarotti manifestó que “toda la historia es sagrada. Acercarse a ella es acercarse al dolor. Los siglos nos han legado la misma carga de sufrimientos y de progresos sin que en el reparto tengamos por qué distinguir al pueblo hebreo de los demás. La civilización de Israel fue una civilización de una grandeza monótona, pesada. La raza escogida por Jahvé, el dios de las venganzas y los ejércitos, no construyó pirámides sobre los arenales del desierto porque se las levantó en su espíritu la casta sacerdotal, para qué ahogar en un aislamiento egoísta, su innata y poderosa tendencia a la adaptación. Los judíos han sido siempre cosmopolitas; lo prueban sus fáciles internaciones en los medios que han soportado y sus grandes pensadores que han concebido con Jesús la humanidad como una familia, con Spinoza el mundo como una exteriorización de Dios y con Marx, la solidaridad como la senda de la justicia. A lo largo de los ghettos pagaron con usura generosa, las brutales tiranías de sus verdugos, aleccionándolos en la técnica del intercambio que une por el interés, las colectividades más distantes. Sus poetas desde David… cantan a lo universal.”

Advirtió que “la historia de los judíos se la adjetiva de sagrada hasta la dispersión de los apóstoles para encontrarle abolengo a la Iglesia, y se la trunca caprichosamente después, evitando que los estudiantes se compenetren en aquellas persecuciones crueles con que los católicos castigaron a los dispersos hijos de Abraham sin llegar nunca a domar su valiente rebeldía”.

(Su Santidad Juan Pablo II, con motivo del Jubileo del año 2000 expresó un pedido de perdón por las ofensas y persecuciones que la Iglesia Católica Apostólica Romana generó en distintas circunstancias y las imágenes de esa autocrítica responsable fueron difundidas por distintos canales de televisión, y en todos los continentes por diferentes medios de comunicación.)

Abandono infantil

En 1916, el Consejo General de Educación era autónomo y el legislador proponía una “autonomía real” con “descentralización administrativa”. Al referirse a la “crisis de la infancia” destacó que “la delincuencia en los menores asume una proporción espantosa. No faltan quienes culpan a la escuela de ser un factor determinante en ese aumento de criminalidad”, imputación inadmisible.

El diputado Luis Ferrarotti, advirtió acerca de que “no es la escuela responsable de que la sociedad no haga nada a favor de los niños dejándolos a veces, inermes en manos de padres indignos; otras agotándose en las fábricas para aumentar la ración mísera de pan en la mesa familiar; otras jadeando por las calles para vender baratijas y dormir por las noches en los portalones bajo la impasibilidad de los cielos; otras pululando alrededor de los hipódromos para recoger en sus retinas la visión envidiosa del vicio aristocratizado…”

Destacó que “en Santa Fe, el menor que delinque se interna en las cárceles en promiscuidad con los veteranos del delito y el menor que trabaja se halla librado a la explotación discrecional de los amos. Es que una sociedad que se funda sobre irritantes privilegios, por una equivocada perspectiva, considera que desentendiéndose de sus fallas monstruosas ha de seguir con mayor tesón por el camino de sus progresos. Detenerse a escuchar el dolor es apresurar el advenimiento de la justicia”.

Después de analizar distintas situaciones, teniendo en cuenta el derecho a la educación que debe ejercer cualquier persona, el diputado Ferrarotti reconoció que “la gratuidad de la enseñan oficial debe ser completa”.

Hechos posteriores han demostrado, que las escuelas no pueden controlar la violencia infantil y juvenil, ya que a finales del siglo XX -agrego y durante el primer lustro del veintiuno-, resulta insólito observar por televisión que aún en las aulas o lugares de recreo escolar se producen lesiones entre compañeros y hasta lograron herir a algunos profesores mediante el uso de armas de fuego.

Interpelación al ministro de Gobierno – Antecedentes legislativos

En la sesión de la Cámara de Senadores presidida por don Moisés Leiva, el 10 de noviembre de 1916 el interpelante senador Agustín Araya (Rosario) recordó que la práctica de convocar a los responsables del Poder Ejecutivo para que informen, se impuso como una necesidad durante la Asamblea del año 1813; se estableció en el Estatuto de 1815 y como consecuencia de la asamblea del año siguiente se reprodujo en el reglamento provisorio del 3 de diciembre de 1817 bajo el título: “Límites del Poder Ejecutivo”, vigentes después de promulgaba la Constitución de mayo de 1819. Interrumpido el gobierno nacional en 1820 y reconstituido en 1824, se mantuvo el derecho a las Cámaras a convocar a los ministros a sus “salas” y ratificado ese compromiso en la Constitución del 24 de diciembre de 1826, fue tenido en cuenta por los Constituyentes de 1852 quienes reunidos en Santa Fe de la Vera Cruz sancionaron la Constitución Nacional el 1º de Mayo de 1853, desde entonces vigente con las reformas de 1860; 1866 y 1898.

Informe escrito

En la Cámara de Senadores el 2 de diciembre de 1916 se consideró el mensaje del Ministro de Gobierno Dr. Francisco G. Valdez contestando a la interpelación formulada por el senador Agustín Araya. La lectura de esa contestación permite advertir las frecuentes denuncias en distintos departamentos, por abusos de las autoridades policiales porque detenían y castigaban a personas que no tenían relación con los hechos que se investigaban, circunstancias que eran comentadas en los diarios “La Capital” de Rosario; “Nueva Época” y “Santa Fe” de la capital de la provincia.

Proceso a la “mafia”

Con relación al Proceso de la “mafia” iniciado al producirse “algunas desapariciones de personas que se decía ocurrían de cuando en cuando y en forma incomprensible”, como sucedió en julio de 1916 con “el cochero José Zapater, cuyo hecho conmovió a la sociedad de Rosario”, la policía preparó “una campaña” y en esas circunstancias “tuvo lugar el atentado en que perdió la vida el padre del cochero secuestrado, Miguel Zapater. Con ello se intensifica la pesquisa que da por resultado descubrir la existencia de una banda de malhechores organizada con el objeto de atentar contra la vida de las personas y llevar a cabo secuestros de la naturaleza del mencionado, a fin de extorsionar pecuniariamente a los parientes de las víctimas. Prodújose de inmediato la detención de la banda, incluso de los asesinos de Zapater”, quienes tres meses antes habían secuestrado “al cochero Antonio Maressi” y también eran “los autores del asalto al tren” en los alrededores de Rosario, durante la noche del 24 de mayo.

Asesinato

En las inmediaciones de Bigand en abril de 1914 se había cometido un crimen “en la persona de Bautista Semoville” y dos años después, “Vicente Cuffaro fue conducido de su chacra de Bigand al Rosario, el 22 de septiembre” y “puesto en uno de los calabozos hasta el día siguiente en que debía llegar Bautista Semoville (hijo), quien conocía a los criminales que estuvieran dos años antes en la casa del padre”.

El 24 de septiembre al mediodía “el soldado que custodiaba a Cuffaro dio aviso al oficial de guardia de que el detenido estaba, al parecer, muerto”. El cadáver fue examinado por el médico de policía, intervino el juez de instrucción y a pedido del Cónsul de Italia intervino un médico de esa representación. El ministro reconoció que “con anterioridad a ese hecho y por el mismo crimen, se tuvo detenido a José Cuffaro, hermano de Vicente” y “no pudiéndose establecer nada en su contra, se le puso en libertad”.

Mientras tanto, la Justicia seguía acumulando folios en la causa sin encontrar a los asesinos y por circunstancial desconfianza -sin pruebas-, la población soportaba detenciones y llegaba a morir sin la mínima responsabilidad de los policías intervinientes.

En algunos casos, en el informe del ministro consta que al ser comprobados los “abusos de autoridad” de comisarios y agentes, fueron separados de sus cargos y declarados cesantes.

El senador Juan Cepeda -representante del departamento Constitución- amplió el mensaje del ministro, destacando:

“Es un hecho indiscutible, que hay algo podrido en el reino de Dinamarca y el mal olor parte de una reparticiones más importantes de la provincia; parte de la repartición oficial. Todo el que haya seguido atentamente el movimiento político y administrativo de la provincia, habrá notado que a diario la prensa y los vecindarios se quejan de los abusos de las autoridades”.

Estos signos de corrupción siguen contaminando los ambientes ciudadanos o pueblerinos y ni las cesantías ni las exoneraciones son suficientes para aniquilar esa tendencia a los excesos vulnerando los derechos individuales.

Oídos de mercader

Con los datos disponibles, el senador Juan Cepeda había enviado una nota al presidente del Senado para que se solicitara la investigación a través del ministro de Gobierno, y advirtió:

“He evitado que estos hechos se denuncien públicamente, y no quiero yo tampoco hacer una denuncia pública para probarle al Poder Ejecutivo que no es mi intención servir de vehículo a pasiones políticas, porque no deseo que con estas denuncias se haga política a costillas mías o de esos pobres infelices.”

El senador Cepeda sostuvo que “el señor Ministro ha hecho oídos de mercader; no sólo no ha investigado esas denuncias que se hubieran justificado plenamente, sino que a las denuncias que se le han hecho posteriormente ha contestado diciendo que oportunamente tomaría las medidas del caso, y que debían justificar plenamente las denuncias, individuos que estaban en el calabozo con las espaldas despedazadas por el machete policial”.

Persecuciones políticas

El senador Juan Cepeda manifestó: “No sólo son estos vecinos de arraigo, vecinos conocidos, correligionarios de siempre, radicales de toda su vida”. Aclaró que “al decir radicales no pretendo convertirme en un radical del Parque. Mi tradición ha sido siempre conservadora y no la niego ni la reniego, ni la renegaré jamás, porque he entendido que la tradición conservadora no ha estado reñida nunca ni con la honestidad, ni con la honradez, ni con altiveces ciudadanas”.

Los taquígrafos registraron las “exclamaciones de aprobación”..

El senador Cepeda advirtió acerca de “la causa de esas agresiones torpes a todos estos ciudadanos”. Expresó que “el único delito que han cometido es el haber votado por una fórmula que no ha sido la triunfante, el haber depositado su voto para electores de Presidente de la República con el mandato imperativo de votar la fórmula Irigoyen-Luna. Es decir, si hubieran seguido la influencia de algunos personajes políticos, que no sé si con autorización o sin ella han andado golpeando las puertas de Marcelino Ugarte, del doctor Uballes, del doctor Udaondo y del doctor Lisandro de la Torre, para comerciar como si fueran naranjas los votos de Santa Fe y hacer una fórmula personalista, y remítome a la personalidad del doctor Arce, del señor senador Thedy, que se encuentra presente, del doctor Ricardo Caballero, -que indiscutiblemente es uno de los leaders de la campaña presidencial, porque ha sido uno de los más decididos sostenedores de la fórmula triunfante, -del doctor Zavalla, en cuyo poder obran cantidad de documentos en que constan estos hechos y que por no comprometer a sus amigos no los podrá hacer públicos…”

Un extraño de pelo largo

El senador Cepeda insistió en el recinto de la Cámara durante la sesión del 2 de diciembre de 1916, que cuando se inició esa “política a raíz del triunfo de estos señores que están actualmente en el gobierno”, resultaba evidente “una serie de persecuciones contra un sinnúmero de vecinos”. Relató la detención del carrero Saturnino Alcarcer, “un pobre muchacho trabajador”, que ha nacido allí, que todo el mundo lo conoce; es, si se quiere, un compadrito, un muchacho sin instrucción, pero que no ha tenido jamás una entrada en la policía y su padre es uno de los antiguos vecinos de aquel pueblo.

Afirmó el senador Cepeda que seguramente “les dijeron que eran de aquellos célebres que habían votado en contra, es decir, que no pertenecía a la santa regeneración y que era en cambio de los salvajes unitarios, porque en Santa Fe, muchos de los importados, nos han venido a tildar con ese distintivo; en cuanto a lo de unitario no pretendo protestar de este título, pero en cuanto a lo de salvajes, les reconozco el derecho de conservarlo para sí”. Destacó después que a Alcarcer, “porque usaba el pelo largo, el secretario de la Jefatura lo llama un día y le dice que no quiere verlo en el pueblo con el pelo en esa forma y que vaya inmediatamente a cortárselo. Este individuo seguramente creyó que solo por una broma había podido decírselo, pero ¡qué broma! a los pocos días lo encuentra en la misma forma, lo manda preso y una vez en la policía llama a un vigilante para que, con una tijera de tusar caballos, le corte el pelo, tomándolo a golpes y ubicándolo en un calabozo”.

Los taquígrafos anotaron: “Risas”… en el recinto… mientras el senador Cepeda decía que si “el señor Ministro cree que oportunamente será el caso de ir a averiguar el hecho…” sería “cuando ya le haya crecido el pelo y no pueda probar que lo han tusado!” [1]

Alemán amenazado y agredido

El senador Juan Cepeda planteó otro abuso de autoridad contra la persona del propietario de una barraca en Villa Constitución, “un señor alemán que hace como treinta años que está allí con su negocio”.

Reconoció el legislador que estaba vinculado a su grupo político: “…y es de esos elementos que, más o menos, siempre nos ha respondido en retribución a la gran cantidad de atenciones que tiene recibidas”… uno de esos elementos “tan convencidos de que cumplen con su deber que no los han podido doblar con la propaganda de muchos de esos políticos, que por falta de argumentos, decían en plena plaza pública: ‘al senador Cepeda hay que quitarle la banca para que vaya a juntar papas’. Cierto, no solamente a juntar papas, he de ir a hombrear bolsas, y eso prueba que jamás mi actuación política ha sido en beneficio propio, sino que la he empleado para servir a mis amigos y a muchos enemigos, y pueden tener la seguridad los que así critican mi acción de que a mi hogar no ha de ir un pedazo de pan que no sea el fruto honrado del trabajo, jamás, el fruto de la coima, el fruto de oficios inmorales e indecorosos como la de algunos políticos que por desgracia para Santa Fe están gobernando desde el Cabildo con el taco de su bota!”

Destacó el senador del departamento Constitución, que ese señor alemán, Roberto Schmidt, de cincuenta y nueve años, casado, “está en la misma barraca donde hay doscientos o trescientos peones, tiene allí establecido un bar donde se da de comer y se bebe. A la salida de los peones de la barraca, entre una cantidad de individuos que van allí, hacía propaganda política, pidiéndoles que nos acompañaran” hasta que “se le mandó citar y se le previno que marchara muy derecho porque ahora habían cambiado las cosas y ellos eran los que gobernaban; que lo iban a meter en el calabozo y que lo iban a hacer expatriar del pueblo. Le pintaron con cruces las puertas”…

“…Tal cosa no hubiera sucedido si la policía hubiera velado por el respeto que merece todo ciudadano y un honrado comerciante como éste”.

Era sólo el comienzo de una persecución constante, porque el senador Cepeda destacó que “uno de los regeneradores un día en la puerta lo provocó y lo tomó a golpes de puño de improviso, en forma tal que lo puso hecho un monstruo. Lo llevan a la policía y puesto en libertad este señor se dirige a Rosario y se presenta ante el Juez de Instrucción” quien ordena la revisación médica y “constatadas las heridas que Schmidt presentaba en el rostro, comprueba a la vez que el agresor no había sido ni molestado”.

Manifestó el senador Cepeda que “en vista de que nada se le había hecho al agresor, otro individuo por una causa nimia vuelve a tomarlo a golpes y lo vuelve a lastimar. Este nuevo agresor fue también inmediatamente puesto en libertad, pero sabiendo que Schmidt el mismo día volvía nuevamente a Rosario a presentarse a los tribunales, la policía lo tomó preso”. En el certificado médico consta que “presenta en el rostro equimosis de importancia, sobre todo a nivel del ojo derecho, que han podido ejercer influencia en la función de dicho órgano, y tardará para curarse de veinticinco a treinta días, sin contar las deformaciones que pueden quedar”.

Aunque “el Jefe Político informó que había sido una simple pelea”, el Juez libró orden de prisión porque era un hecho criminal y el individuo fue trasladado a la cárcel.

Más detenciones y más palizas…

El senador Juan Cepeda planteó la situación del ciudadano Marciano Martínez, quien “so pretexto de tomarle declaración, por haber sido testigo de un incidente callejero” fue detenido “cuatro días en el calabozo y se le aplica una paliza” con el pretexto de haberle “contestado de mala manera al sargento que lo fue a citar. Es decir -expresó el senador- “lo mismo que en pleno tiempo de Rosas, pues en la suposición de que hubiera contestado de mala manera, ello no justifica que se le pegue una paliza”.

Insistía el legislador en los antecedentes de las víctimas: “…todos son vecinos, nacidos y criados en el pueblo a los que quieren echar individuos que no saben ni qué madre los ha parido; esos son precisamente los que quieren desalojar de allí a los hijos del pueblo.”

En otra oportunidad, estando Hermenegildo Ríos en la isla, la policía “le mandó notificar que debía desalojar el terreno” que con su familia ocupaba y que “pertenecía a la madre de uno de los comisarios”. Ríos regresó de la isla y se negó a firmar; “se le estropea y se le mete en el calabozo”. Al enterarse el senador le remitió un telegrama al ministro de Gobierno -teniendo en cuenta su indicación, pidiendo la mujer que se ordenara un sumario y como respuesta el señor López Prieto contestó con respecto a esa denuncia que “debe usted justificar y explicar formalmente”, destacando el representante del departamento Constitución que eran “hechos que importan una verdadera vergüenza” porque la víctima “debe justificar formalmente que le han roto el alma”.

Al negarse a desalojar “un pedazo de campo” fue detenido Francisco A. Laquetti y la gravedad del castigo determinó que estuviera preso veinticinco días hasta que desaparecieran “las equimosis producidas por el machete” y que habían sido comprobadas por el médico que extendió el certificado correspondiente.

El jefe de la estación Villa Constitución don Francisco Romero, el 4 de junio de 1916 denunció un robo de mercaderías y el comisario le transmite la denuncia al Juez Federal, quien pidió el sumario el 26 de agosto, cuando habían transcurrido tres meses y ese comisario no había concretado ninguna averiguación aunque era una actuación pertinente a su jurisdicción. El secretario de la Jefatura don Erarquio M. Gómez fue apercibido por tercera o cuarta vez, previniéndosele que en caso de reincidencia sería suspendido o destituido.

Robos en el Ferrocarril…

Destacó el senador Cepeda que para “mortificar a algunos comerciantes de allí que se habían prestado a hacer política, o por lo menos consentir que nosotros la hiciéramos con sus peones”, se remitió “una comunicación apócrifa al Presidente del Directorio del Ferrocarril Central Argentino suscribiéndola con el nombre de un amigo nuestro, don Juan Pelanda, que es empleado nacional” indicando que en algunas casas había mercadería robada al ferrocarril. Hecha la denuncia ante la Jefatura, el juez de instrucción del Rosario ordenó el allanamiento en el almacén de Francisco Varela y en el de Augusto Baer, “un vecino honorabilísimo que hace una cantidad de años que reside allí y tiene un taller mecánico, y que jamás, en toda su vida, se ha metido con nadie y ha sido respetado por todas las autoridades, cualquiera que haya sido la filiación política de éstas…”

Hacía veinte años que Baer vivía en Villa; “ha hecho recibir a una o dos hijas de maestras”; mientras se le instruía el sumario se lo autorizó para ir a su casa y estar “cómodo y tranquilo”, destacando el senador Cepeda que Baer había aceptado “un defensor que es precisamente del estudio de donde ha salido el señor Ministro”.

Mientras tanto, al almacenero Varela que no había aceptado otro defensor que el suyo, lo detuvieron, “se le saca una cantidad de objetos que no tenían nada que ver con el ferrocarril; se cargó un carro, se llamó a un fotógrafo para que sacara una vista de los artículos que habían sido robados, según la policía”. Los peones Camilo Fernández y Manuel Bello que le llevaron “cama y de comer”, también fueron detenidos y encerrados “en el calabozo conjuntamente con el señor Varela. Es que necesitaban testigos de los robos.”

En su prolongado discurso, el senador Cepeda aludió a la acusación sobre robo de carbón, que en realidad era el retiro diario de una parte de la carga que caía al suelo o al agua, “carbón mojado” que se llevaban a su casa y que en consecuencia, “sería el caso de levantar una muralla alrededor de todo el pueblo de Villa Constitución y mandar todos los vecinos a la cárcel, porque no hay ninguno que no junte dos o tres kilos que después convierten en unos centavos o canjean por comestibles”. En el diario de sesiones han quedado los nombres de diecinueve vecinos, a quienes “se encarceló, se les estropeó, queriéndoseles arrancar la declaración a palos” para culpar al señor Varela por la compra de ese carbón. “Después de tres días de martirologio fueron puestos en libertad y de toda esta cantidad de ladrones solo tres mandó la policía a Rosario por sospechas, a disposición del juez”, quien después de la declaración “los puso inmediatamente en libertad”. Siguen los nombres y las denuncias sobre detención y castigos indebidos, soportadas por los vecinos Perfecto Freyre, español, soltero, de 25 años; Pedro Ramón, argentino, soltero, de 23 años; Juan Salomón, turco, soltero, de veintisiete años; Julián José y Juan Inza; Pedro Morales, Esteban Ramos y Juan García…”

En otra circunstancia, en el pueblo de Santa Teresa, “don Luis Ríos, argentino, de veinticuatro años de edad” fue herido y en el “sumario en compañía del senador se presentó ante el juez doctor Díaz Guerra de Rosario disponiéndose la revisación médica, al mismo tiempo que “se ordena apercibir seriamente” al secretario de policía porque “se había constituido en juez de sentencia”, se aplican “veinticinco pesos de multa y se archiva el sumario”. Sólo como justificada reacción ante el absurdo, es posible entender que se rieran en el recinto porque era sabido que la víctima tenía una lesión de “ocho centímetros” cerca del esternón, producidas por “el individuo Vangioni, de la regeneración…” ^{Cursiva aquí.}

Hay más referencias en el diario de sesiones, aunque éstas son suficientes para comprobar las injusticias que soportaban algunos pobladores santafesinos cuando los intereses creados por diferentes grupos políticos, cruelmente se anteponían los legítimos derechos humanos.

De la mesa a la casa…

El senador Cepeda teniendo en cuenta las características de la campaña indicó a sus “amigos: ‘Concurran oportunamente a cumplir con la ley y después se retiran a su casa’. Yo por mi parte, en lugar de ir a votar a Villa Constitución, me presenté al Juzgado Federal del Rosario para no encontrarme en Constitución, y comprobar mi presencia allí ese día. Pero después de la elección, una cantidad de individuos tomaron coches y en completo estado de ebriedad se pasearon por las calles del pueblo disparando sus armas, y dando gritos de ¡muera! a una cantidad de opositores y provocando a otros que encontraban a su paso y que sabían que no eran de su filiación política, entre ellos a Pedro Lavallen, a quien rodearon en la puerta de su domicilio tres o cuatro sujetos que lo apostrofaron haciéndole cargos injuriosos por ser partidario nuestro”. A Lavallen lo detuvieron, estuvo preso dos días, sin cama ni alimentos y el secretario de policía le dice: “por tratarse de usted no lo hundo en la cárcel, pero tenga cuidado de no andar diciendo esas cosas”. En consecuencia “el secretario de la policía es el árbitro de la población, que a voluntad manda a la cárcel al que le contesta, y pone en libertad a un individuo que mata a otro o le pega una puñalada, como ha sucedido en Santa Teresa.”

Acerca de las prescripciones

El senador Juan Cepeda reconoció que con respecto a algunas denuncias existía “una prescripción constitucional de la que legalmente se ha hecho uso.

Recordó “a propósito de esto, un hecho que le ocurrió a un paisano a quien conozco: tuvo un negocio y quebró. Al cabo de una cantidad de años puso una chacra, y entonces los acreedores de aquella época cayeron sobre los bienes que poseía.

Este individuo pagando esa deuda se quedaba en la calle y entonces le trabaron un embargo preventivo. Va a consultar a un abogado y el abogado le dice: de acuerdo con la ley esta deuda está prescripta.

-¿Qué es lo que me quiere decir con que la deuda está prescripta?

-Que usted no debe nada.

-¡Cómo que no debo nada!

-De acuerdo con la ley no debe nada, esta deuda está prescripta.

Entonces el criollo indignado le contesta:

“-La ley podrá decir lo que quiera; mi conciencia dice que yo debo ese dinero y lo abonaré”.

Cesantías y nombramientos incorrectos

Lamentó el senador Juan Cepeda que el ministro no asistiera a la interpelación porque le hubiera preguntado “si no le ha faltado valor para destituir a una cantidad de funcionarios, de empleados meritorios con treinta años de servicios, que han sido sus compañeros y cuya actuación él mejor que nadie conoce porque él se ha formado en los Tribunales del Rosario.

Destacó que el ministro había “hecho carrera en la época de aquellos gobiernos oligarcas”, de “aquellos malos gobiernos, que jamás han exigido al señor Valdéz ni a ninguno de sus hombres que claudicaran de sus principios, de su manera de pensar” y “hoy porque un empleado no ha estado afiliado en uno de sus comités se le expulsa a la calle, dejando una cantidad de padres de familia en la indigencia”.

Manifestó el senador Cepeda que también le preguntaría, “si no le ha temblado el pulso cuando ha designado individuos para que administren justicia en los departamentos, procesados por defraudaciones y robos, algunos de los cuales, muriéndose materialmente de hambre han tenido que esperar dos meses para hacerse cargo de sus puestos porque necesitaban saldar en los tribunales las causas pendientes, habiéndose llegado a afirmar que para librarse de esas causas se ha llegado hasta la sustracción de los expedientes”.

Hechos en General López

Durante aproximadamente cuatro horas el senador Cepeda relató los hechos comprobados en el departamento Constitución y luego se refirió a las circunstancias que motivaron las denuncias públicas que él conocía través de la carta de un amigo, destacando que “estos regeneradores cometen toda clase de fechorías y crímenes para vergüenza de la Provincia de Santa Fe, la que se encuentra bajo el machete de sus policías de campaña, compuesta de reos (que no han cumplido su condena por ser necesarios sus servicios al gobierno regenerador), a las órdenes de caudillos, que están dando la nota de los insultos y atropellos más salvajes a la dignidad humana”.

Insistía el senador Cepeda en que “en medio de la miseria que aflige a la población, algunos jefes de la ‘Sociedad Restauradora’ han abierto un comité político que no es más que un garito, en el cual se juega tranquilamente a la taba y demás juegos prohibidos por la ley. Con el producto de las coimas sostienen al jefe de la cuadrilla. Y esto lo sabe la Jefatura Política, lo sabe también el señor Ministro, y nosotros sabemos también que estos señores que hacen de autoridad, no harán nada en bien de la moralidad pública, sagrados deberes que desconocen por completo con tal de designar diputados”.

Atropellos a la Comisión pro-hospital

Recordó el senador Cepeda que se había ordenado “un sumario por atropellos cometidos por el comisario Juan P. Laffite contra la comisión pro-hospital, en momentos en que se celebraba una fiesta a beneficio del mismo”, aunque tanto él como la población estaban convencidos de que “nada se podrá averiguar”. Destacó que en consecuencia, “el pueblo se encuentra indignado y quien sabe si podrá soportar tantos insultos y se haga justicia por su mano. En la calle más central, donde han instalado el club, vulgo garito, donde se juega y se pelea, casi todos los días se suceden hechos de sangre; ya han habido dos o tres heridos de bala y la policía no ha intervenido ni ha tomado la más mínima nota. A los estancieros les roban los animales y ya no dan cuenta a la autoridad porque es inútil, saben perfectamente que no se tomarán la molestia de hacer nada y los ladrones se pasean tranquilamente, son personas respetadas por ser los guarda-espaldas de tal o cual caudillo, o porque el robar al opositor es servir a la causa de la regeneración…”

Estancia de Porfirio Carreras

El senador Cepeda insistía en la descripción de distintos conflictos que soportaba la población: “…está el norte de la provincia que clama, donde andan bandas de ladrones armados a winchester asaltando los establecimientos, donde a un solo estanciero en los pocos meses que lleva este gobierno se le han robado más de cuatro mil vacas, y donde en una estancia como la de don Porfirio Carreras, a quien se le previene que una de esas bandas de asesinos le van a asaltar su establecimiento, van los malhechores hasta el patio de su propia casa y se produce un tiroteo con el dueño del establecimiento”.

Recordó el legislador que había sucedido “exactamente igual en un obraje. Los estancieros tienen que vivir vigilantes, porque hay algunos, que a la hora de cenar tienen que poner espías para garantir su vida, pues temen que por las propias ventanas de sus domicilios se les asalte y se les asesine”. Destacó el senador Cepeda que un Jefe Político había manifestado que se conocían esos hechos, pero que no se “puede hacer nada porque los comités políticos son los que han hecho nombrar a esos comisarios”.

Finalmente, el senador Cepeda dijo que la “influencia de caudillos sigue azotando y seguirá azotando en esta forma a la provincia”.

Gobernador Lehmann: “reina pero no gobierna”…

El senador Cepeda reconoció que todos esperaban “otro gobierno de un hombre de la condición del señor Lehmann. Sabíamos que era un hombre bueno, que era un hombre honesto, que llevaba un apellido que está vinculado a los progresos de Santa Fe, muy especialmente en el norte, pero desagraciadamente le ha tocado actuar en una forma que lo deja bien pequeño ante el concepto de la opinión pública. Todo el mundo sabe, lo saben hasta los chicos de colegio, lo sabemos nosotros los opositores, lo sabe la Legislatura, se sabe en todos los hogares que Rodolfo Lehmann reina pero no gobierna, que Rodolfo Lehmann no tiene autoridad ni para nombrar un portero, que solo gobierna en nombre de los que tienen acaparada la casa de gobierno”.

(Es oportuno tener en cuenta que en aquel tiempo, sólo el Consejo General de Educación podía proponer al personal que se desempeñaría en las escuelas.)

Insistió el senador Cepeda en que “los hombres que están al lado del gobernador Lehmann no han realizado un solo acto que demuestre que están preparados para la vida pública o administrativa.

Santa Fe, por su importancia política en el concierto de sus hermanas, tiene el derecho de exigir en los puestos públicos hombres que estén capacitados para sacarla airosa, especialmente en el momento actual, que es desastroso, con proyectos, con ideas y actos fundamentales de gobierno, para sacarla si es posible triunfante de esta bancarrota general en que se encuentra el país”.

Con relación al presupuesto elaborado por el P.E, el senador Cepeda manifestó:

“Nos han fabricado un presupuesto, haciendo economías o rebajas, es decir, economizando, ¿en qué forma?: quitando o rebajando el sueldo a modestos empleados o sea a costillas del hambre de esos pobres servidores…

Han suprimido el Ministerio de Agricultura… pero bajo esa faz simpática de las economías se encierra un golpe político que debemos descubrir” y que como expresó el senador Lagos, era “evitar que lo ocupe un hijo de Santa Fe”.

Sabido es que tales circunstancias han generado una absurda y aparentemente inevitable tradición que se sustenta en la lucha constante por los intereses creados de los políticos del norte y los del sur.

El senador Cepeda reiteró que esa había sido la causa, “porque no quieren tener quien los fiscalice, porque a ese ministerio no puede venir uno de la logia del sur, porque a ese ministerio tienen que llevar a un hombre del norte, como lo llevaron al doctor Caminos que, aunque mi enemigo político, no por eso dejo de reconocer que era una garantía para Santa Fe, un hombre íntegro e intelectual, un hombre capacitado para las funciones de gobierno.”

Reconoció entre los hombres cercanos al gobierno había personas capacitadas que estaban postergadas y que las sucesivas investigaciones estaban determinando que “una cantidad de hombres dentro de su mismo partido están sirviendo de pasto a la maledicencia pública, y en los clubs, en los bares, en fin, en todas partes corren nombre de boca en boca inculpándoseles delitos de acuerdo con el criterio o conveniencias de cada uno”.

El senador Cepeda concluyó su prolongada exposición expresando otro deseo:

“Yo quisiera que el señor Lehmann se zafara un cuarto de hora de ese círculo de hierro en que está prisionero, que fuera y recibiera las impresiones imparciales de la opinión pública, y vería que si bien es cierto que se le conceptúa un hombre bueno, en la forma en que va, se teme que pronto no tendrá ni siquiera el derecho de nombrar, no digo un portero, sino un simple doméstico de su casa!”

Curso de Contadores

En la prolongada sesión del 2 de diciembre de 1916 el senador Héctor S. López pidió que se considerara la nota presentada por los contadores egresados del Curso que se había creado en la Escuela de Comercio de Santa Fe y el tratamiento se postergó hasta el 28 de diciembre. La Comisión de Legislación estudió los antecedentes y el decreto del P.E. del 5 de marzo de 1915 creando el curso de Contadores Públicos anexo a citada escuela y firmaron el dictamen favorable los senadores Gerardo Costanti y Enrique Thedy.

El senador Costanti aclaró que los egresados se encontraban con una dificultad porque los Tribunales no les reconocían la validez y en consecuencia, era imprescindible que estuvieran en idénticas condiciones que los egresados en otras localidades. El proyecto fue aprobado sin discusión.

Lecturas y síntesis: Nidia Orbea Álvarez de Fontanini.

[1] Un hábito incorrecto ha dejado huellas en el diario de sesiones, confirmación de la importancia de esas denuncias que reflejan el autoritarismo de algunos policías.