1924 – Legislatura de Santa Fe

El 3 de febrero de 1924 hubo elecciones y con la presidencia del vicegobernador don Clorindo Mendieta el 27 de marzo de ese año, se realizó la primera sesión preparatoria y se consideró una nota del candidato a senador por La Capital don Simón Carlen; una incidencia acerca de la incorporación de los senadores Daguerre, Cabanius e Iturraspe y el dictamen de la Comisión de Poderes sobre la legitimidad de los diplomas para el inmediato juramento de los senadores que se incorporaban.

A pesar del prolongado debate sobre algunas irregularidades con acusaciones a autoridades policiales por su intervención en los comicios, se consideraron como vicios que no invalidaban el resultado electoral. Se postergó la consideración del diploma del senador por La Capital Dr. José Menchaca y el senador Mattos -perseverante opositor perteneciente a la “Liga del Sur”, firmó en disidencia.

Integración de la Cámara de Senadores

La Cámara de Senadores en 1924 estuvo integrada por Waldino J. Antille (Garay); Manuel Brignardello (Iriondo); Augusto P. Cabanius (Gral. López); Faustino Daguerre (Constitución); Pablo Demarchi (Castellanos); Genaro G. Doldán (San Javier); Eugenio Dutruel (9 de Julio); Pedro Echezarreta (San Lorenzo); Luis Gay (Las Colonias); Melitón Gómez (San Jerónimo, electo presidente pro-témpore de la Cámara); Víctor M. Gómez (San Justo); Ignacio B. Iturraspe (San Cristóbal); Gaspar Kaufmann (Gral. Obligado); Luis M. Mattos (Caseros); Ángel Ortiz Grognet (San Martín); Carlos Paganini (Rosario); Carlos M. Qüesta (Belgrano), Amadeo Ramírez, representante del departamento Vera, electo vicepresidente pro témpore. El tratamiento del diploma del representante de La Capital Dr. José B. Menchaca había sido aplazado.

Denuncias por incidentes en algunas mesas…

Al continuar la sesión al día siguiente, explicó sobre los incidentes denunciados en distintas mesas y destacó que al estar anulada una mesa única de Llambí Campbell “porque había un exceso de siete votos” era indiscutido el triunfo del Dr. Menchaca.

El senador Amadeo Ramírez manifestó: “El discurso pronunciado por el señor senador por Caseros, a pesar de los giros de efecto con que ha querido matizarlo para impresionar mejor a la Cámara, deja simplemente la sensación de que nos encontramos en presencia de un diestro, como lo he conocido siempre al doctor Mattos, que sabe barajar las palabras con la habilidad de un malabarista; pero que, en realidad, ni sus argumentos ni sus palabras producen el convencimiento ni la luz que ha de determinar nuestra voluntad en el sentido que él desea”.

A partir de ese momento el análisis del senador Ramírez fue frecuentemente interrumpido por Mattos. Intervino luego el senador Ortiz Grognet rechazando la insinuación acerca de que “a raíz de todos los actos electorales los representantes demócratas imprimen, como quien dice, el mismo disco a fin de observar las elecciones realizadas”.

Dijo el senador Ortiz Grognet:

“…a raíz de cada acto electoral presidido por el radicalismo” va “quedando grabada en el Diario de Sesiones la historia institucional de estos gobiernos que, pasando por alto todas las disposiciones y todo el respeto que se merecen nuestras leyes fundamentales, hacen de los comicios la más inicua de las farsas”.

Adhirió a los fundamentos expresados por el senador Mattos en su disidencia, acerca “de la violencia, del fraude y de la imposición oficial que vician estas elecciones del 3 de febrero”. Manifestó: “yo he de agregar, con todo el dolor de mi alma, a esos factores, uno nuevo, que ya no lo señalo a la consideración de la honorable Cámara sino a la consideración pública de la provincia a fin de que se lo tenga en cuenta y se midan en el mañana los efectos dolorosos que ha de producir”.

Intervención del clero en el acto electoral

Se refirió “a la intervención del clero en el acto electoral… intervención que ha venido a contribuir en una forma criticable al triunfo del oficialismo en la provincia”.

(Es oportuno recordar que desde el 30 de abril de 1898 el ex obispo auxiliar de Buenos Aires Dr. Juan Agustín Boneo, se desempeñaba en el cargo de primer obispo de la Diócesis de Santa Fe – que abarcaba esta provincia, el Chaco y Formosa- creada por el Papa León XIII, bula del 15 de febrero de 1897.)

Durante aquella sesión, el senador Ortiz Grognet recordó algunas de sus actitudes:

“El Obispo Boneo -y hablo de él con todo mi respeto de católico-, saliéndose de sus atribuciones, en públicas pastorales ha preconizado el apoyo a la fórmula Aldao-Cepeda. En esta forma se salía de sus funciones de pastor para mezclarse en las luchas políticas que apasionan y enardecen a los hombres. Por esta intervención del clero en la política, quiero que quede constancia de la más enérgica protesta que hago en nombre mío y del partido a que pertenezco”.

Expresó luego que “De no haber nacido la Liga del Sur, probablemente hubiera sido yo un militante del Partido radical cuando estaba en el llano y preconizaba la libertad del comicio, porque comparto esos anhelos, pero hoy la decepción es tan grande, que si hubiera de obedecer a mis impulsos, no estaría en el seno de esta Cámara, sino que hubiera predicado el abstencionismo electoral de mi partido”.

Reconoció que el partido demócrata no disponía de datos concretos porque no actuaba en los departamentos del norte, “pero de la actuación de las policías y de la presión oficial han quedado concretos publicados en manifiestos que ha dado el Partido Radical Opositor que preside el doctor Manuel J. Menchaca”.

Habló el senador Ramírez oponiéndose a esas declaraciones:

“…sin que me una comunidad espiritual con el clero, no sólo no les reprocho su intervención en nuestras contiendas políticas sino que les reconozco el derecho para organizarse y luchar contra los que no comulgamos con sus ideas. El clero hace perfectamente bien en apoyar a un candidato, ya sea a gobernador, a senador, a diputado o a constituyente, cuando creen que ese ciudadano es capaz de interpretar y realizar lo que conviene a sus aspiraciones e intereses”.

Críticas a un fallo

Las cuestiones planteadas por los partidos políticos con relación al procedimiento electoral motivaron el fallo judicial que había sido calificado por el Diario “La Capital” de Rosario como “una vergüenza para la justicia de Santa Fe”, mientras que el diario “Nueva Época” de la capital de la provincia la había comentado favorablemente.

El senador Ramírez disponiendo de copia de la sentencia y habiendo observado el expediente, sostuvo en el recinto de la Cámara que “el Partido Demócrata, temeroso de perder ese baluarte que mantiene desde hace tanto tiempo en el departamento San Martín, no ha escatimado medios para llevar a él cuanto habitante de otra provincia le fue posible”.

Destacó que “más de trescientos” estaban “radicados en la provincia de Córdoba” en distintos “puntos limítrofes” y expresó no estar dispuesto a “permitir que ningún adversario venga con afirmaciones que no sean el fiel reflejo de la realidad”.

Refutó el senador Ortiz Grognet ese cargo porque eran “ciudadanos que en el momento de enrolarse han tenido su domicilio en el departamento San Martín y que después se han trasladado a otros puntos.”

Se prolongaron las mutuas acusaciones. El senador Mattos manifestó con respecto al senador Ramírez que “se ha hecho radical y ha querido adaptarse a los principios de su partido, pero cuando ha pretendido hablar de esos principios se ha encontrado con que tropezaba dentro del mismo partido con los mismos principios, si es que existieron, que sostuvo el régimen o las oligarquías, y entonces ha prescindido y se ha apartado de los principios apelando a su dialéctica, usando de todos los pretendidos recursos lógicos, que resultan ilógicos, intentando hacernos creer que lo que él dice es verdad, cuando es lo más incierto que se pueda decir”.

Esas afirmaciones provocaron la reacción del senador Ramírez quien rememoró parte de su trayectoria.

Autobiografía de Amadeo Ramírez

En la memorable sesión del el 28 de marzo de 1924, cuando se discutía la validez de los diplomas de los legisladores electos el 3 de febrero de ese año, el senador Dr. Amadeo Ramírez fue acosado por los demócrata progresistas en algunos casos con argumentos falsos. En consecuencia recordó que cuando integró la Cámara de Diputados, durante una discusión se lo había señalado “como a un temperamento que sabe adaptarse a las circunstancias”. Dijo luego: “…en aquel entonces como ahora… debido a esa plasticidad de carácter pude servir a otras administraciones que no eran radicales, adaptándome fácilmente a las ideologías de una y otra”.

Con respecto a las manifestaciones del senador Mattos sostuvo que “al expresarse en la forma que lo ha hecho sólo ha obedecido al deseo, poco gentil por cierto, de herirme o por lo menos de molestarme, ya que no tiene ninguna base en que apoyar sus expresiones despectivas. De no ser así, sólo atribuyo sus conceptos a un desconocimiento absoluto de mi persona y de mis antecedentes”. En consecuencia, siguió hablando sobre su trayectoria:

“Mi vida pública y privada, es una página de ejemplo que enorgullecido he señalado siempre a mis hijos y a mis alumnos para que les sirva de inspiración, dejando la modestia aparte.

He servido, efectivamente al Estado, durante los gobiernos oligarcas, pero ¿en qué forma?

No he sido jamás un palaciego ni me he arrastrado nunca de rodillas ante los mandatarios para mendigar un favor a expensas de renunciamientos indecorosos de la hombría y del carácter.

He sido durante esos gobiernos un humilde “pero honesto maestro de escuela” destacando que “quien ejerce ese noble apostolado con la vocación que supe desempeñarlo, realiza una elevada misión social, sin que para ello deba detenerse a considerar previamente el carácter o naturaleza del gobierno o de los hombres que lo manejan.

Durante veinte años he predicado desde la cátedra de maestro a muchas generaciones los más elevados principios de la moral social y privada, señalando a la vez a la juventud de mi Provincia el sendero del trabajo honesto y de su propio perfeccionamiento. Y el fruto de esa sana labor la contemplo hoy mismo al observar con la satisfacción de un triunfador, a esos mis alumnos ocupando lugares destacados en el Congreso de la Nación, en el foro del país, en los campos de experimentación de la ciencia médica y en las discusiones de esta misma Legislatura y en los distintos órdenes de la actividad social”.

Aplausos en el recinto y siguió el senador Ramírez con su relato autobiográfico:

“Por otra parte, no he nacido en cuna de oro ni he sido tampoco envuelto en pañales de seda. Hijo de padres humildísimos, mi juventud se deslizó en el ambiente del sacrificio, de la pobreza y del hambre, sin tener más estímulo que una aspiración profunda de ser el ejemplo honesto de esa vida sencilla de mis campesinos progenitores.

Así, en el valle y sin valederos de ninguna naturaleza, inicié desde muy temprano la ascensión de la cuesta, sintiendo los efectos de la miseria, en todos los instantes del repecho, y para aliviarla tuve que empuñar la mancera del arado sembrando el surco abierto; para costear mis estudios de maestro en la Escuela Normal, seguí en vacaciones las máquinas trilladoras con la horquilla en la mano, soportando así las fatigosas tareas de un trabajo superior a mis fuerzas y los efectos aniquiladores de los días calurosos y de sol ardiente; fui cortador de alfalfa, fabricante de ladrillos, peón de chacra, y en fin, todo hice en mi juventud en el deseo de vencer la miseria y adquirir el mejoramiento intelectual a que aspiraba.

Así, llegué a la primera etapa de mis anhelos. Me hice maestro de escuela, pero en ese repecho de la pequeña montaña sentí muchas veces el pie herido por la piedra domada y más tarde también al continuar el viaje ascendente, mi corazón y mi espíritu sintieron el diente de la maledicencia.

Fui maestro, y entonces empecé a servir a los gobiernos oligarcas…”

“Algunos de esos mandatarios más de una vez estuvieron a punto de sacrificarme con un decreto de exoneración por mi espíritu independiente y el carácter y orientación de la moral cívica que predicaba desde mi humilde sitial, enseñanzas que trascendían los marcos de los muros de la escuela y se comentaban con inquietud de esos gobiernos.

Durante mi vida de maestro fui respetado por el gremio y por el pueblo al que servía. Muchas generaciones, recuerdan aun con cariño la tradicional Escuela de Ramírez, donde asistía la mayor parte de la juventud de esta ciudad y en mi espíritu cada vez que tengo que invocar el recuerdo de aquel pasado, se produce una sensación de placer, pensando en que los padres de entonces cuando me confiaban la educación de sus hijos, lo hacían convencidos de mis sanas enseñanzas y de que sabía suavizar espíritus y modelar el carácter de la juventud.

He sido también, un aspirante de mi propio perfeccionamiento y por eso alterné mis tareas de maestro con la de los altos estudios, y es así como mediante mi voluntad y perseverancia incansable me hice contador público nacional, escribano y doctor en derecho y ciencias sociales, actuando hasta hoy en la vida universitaria y en la política, sin que tenga que avergonzarme del pasado”.

Más aplausos y el senador Ramírez dirigiéndose al senador que había intentado agraviarlo, siguió señalando las huellas de su fecundo itinerario:

“Es ésta la brega diaria de mi vida, es así como he servido a los gobiernos oligarcas, es así como he servido a los gobiernos oligarcas, y si continúa creyendo siempre en que hay desdoro en ello, puede cuantas veces quiera en esta Cámara, en la prensa y en la tribuna decir a gritos que el doctor Ramírez es un oligarca en esa forma, porque me enaltece y el hecho constituye para mí el mejor timbre de honor.

Más aplausos…

El senador Amadeo Ramírez se refirió a su “actuación política” reconociendo que “hasta dentro del partido” había “observado una firme línea de conducta, conociendo mis correligionarios mis procedimientos, sin que jamás hayan podido tacharme absolutamente nada, porque supe cuadrarme siempre en todas las circunstancias de acuerdo con las exigencias e idealidades del partido”.

Finalmente preguntó: “¿Puede, sinceramente, el señor senador Mattos, afirmar que al doctor Ramírez que tiene en su favor esa página de vida pública y privada que acabo de señalar, le falta carácter, cuando precisamente es lo que le sobra?…”

Más aplausos apoyaron al representante del Departamento Vera. quien una vez más sostuvo que las irregularidades del comicio debían ser denunciadas ante la Justicia Electoral y correspondía acatar su justo fallo.

Estación Díaz: asesinato durante la campaña…

Concluida la defensa del senador Ramírez acerca de su trayectoria que se pretendía salpicar con comentarios absurdos, por invitación del senador Mattos informó el senador Cabanius acerca de algunos hechos relacionados con los comicios del 3 de febrero de 1924, en particular sobre el crimen político ejecutado en la estación Díaz.

Manifestó el senador Cabanius que “el señor Isidoro Samuel Sosa tiene suficientes prestigios personales y políticos para prescindir de esos recursos que se le atribuyen y que por otra parte no han existido”.

Luego reconoció que “el nombre de Cejas en el Partido Demócrata Progresista es conocidísimo… es un prestigioso caudillo del distrito”, dato corroborado por el senador Mattos informando que “primero militó en las filas de la Liga del Sur”.

De acuerdo a las conclusiones del senador Cabanius, quien conocía esos hechos, se podía afirmar que “hasta el padre de Cejas, la víctima de Díaz” -Guillermo Cejas, dirigente demócrata-, “preveía lo que iba a ocurrir en ese pueblo, conociendo los antecedentes y el carácter de su hijo”.

Recordó que “se trata de un sujeto que hace diez y ocho años abandonó su hogar a raíz de un incidente y desacato a la autoridad de San Gregorio… huyendo a la provincia de Buenos Aires.

Al año, el padre recibe noticias de que este hijo Bernabé estaba preso en la cárcel de Bahía Blanca por haber muerto a un guarda de tren. Después se pierden los rastros de este señor y durante catorce años no se tienen noticias de él. Hace seis o siete meses aparece en San Gregorio con sorpresa general… ya se notaba en el pueblo la presencia de este elemento pernicioso cuyas acciones y hábitos eran siempre repudiados hasta por el mismo padre”. En tales circunstancias, el senador Cabanius destacó que: “Bernabé Cejas fue contratado a Díaz, con su hermano Justino; y digo contratado porque me consta que fueron por dinero. Van y se hacen cargo del comité demócrata de dicha localidad, y durante cinco o seis días antes del hecho, Bernabé Cejas hacía ostentación de armas y provocaciones en forma notoria. Se lo respetaba porque se conocían los antecedentes del padre, no queriendo la policía proceder, sencillamente para contemporizar. De manera que no ha existido en este hecho una persecución por parte de la autoridad…”

Prontuario y experiencia del senador Cabanius…

Leyó el senador Cabanius -médico-, el informe de la División de Investigaciones referidas al “sujeto Bernabé Cejas o Bernardo o José Torres o Bernabé Tores, entre los muchos prontuarios” siendo “el que coincide con los datos suministrados es el perteneciente a Bernabé Torres o Bernabé Ocampo”, con entradas el 2 de marzo de 1913 por un homicidio en Puan”, cometido “en la persona de un guarda de tren, por diferencia de pasaje”; cuatro años después por hurto, al año siguiente por tentativa de hurto en Bahía Blanca; en 1918 por disparo de arma, lesiones y hurto en Olavarría y en Adolfo Alsina. Refutó el senador Mattos esos antecedentes y planteó que “Cejas había caído víctima de tres balazos del guarda tren, y desde el suelo, pudiendo sacar un revólver -como herido lo sacara en Díaz para repeler una agresión injusta y salvaje que se le llevaba a cabo-…, desde el suelo sacaba el revólver y le pegaba un tiro a su agresor”. Para justificar esa apreciación manifestó en el recinto que “si la muerte no se produjo instantáneamente, como no se produjo, él pudo hacer fuego después”.

Después de referirse al prontuario de ese vecino inquieto e inquietante, el senador Cabanius comentó una experiencia personal:

“Yo he sido herido en un asalto… se me llevó por el juez de paz de Chabás, y estando herido en una pierna he podido hacer fuego defendiéndome”.

Más información sobre el crimen…

Después de prolongadas discusiones, el senador Melitón Gómez expresó:

“Conozco bien el hecho, al detalle; sé perfectamente cómo se ha producido, en razón de que tuvo lugar en uno de los distritos limítrofes a la localidad donde estoy domiciliado y porque estoy a él vinculado por intereses económicos y ligado por amistad a todos los vecinos.. dentro del comercio y de la política” aclarando que tanto a los radicales como a los demócratas.

En aquel tiempo el senador Gómez había recorrido en compañía del doctor Caminos algunos distritos del departamento San Jerónimo y “de vuelta de Centeno y San Genaro” estuvieron “en la estación Díaz, donde se corría la voz… de que hacía quince días habían venido de la Provincia de Córdoba dos ciudadanos a dirigir la campaña política del Partido Demócrata Progresista y que públicamente habían hecho esta manifestación: que venían a terminar con todos los Ceballos; con Ventura Ceballos padre; con el hijo que era comisario y con otros hermanos de éste”.

Destacó el senador Gómez que “el comisario de policía de Díaz había mandado al sargento y a un soldado que buscaran a un ciudadano a quien necesitaba hablar, para que viniera a la comisaría… Esa noche el mencionado señor Cejas… entró a la fonda donde él comía, y encontrándose allí uno de los agentes de policía, lo llevó por delante sin decirle una sola palabra. El sargento y el agente, en busca de la persona a quien quería ver el comisario llegaron a la peluquería; el agente, asomándose apenas a la puerta le dice al peluquero: ¿No ha visto a fulano? y, dándose vuelta, Cejas, que se encontraba sentado haciéndose jabonar, le dice: ¡Retírese de aquí canalla! El agente le contesta: ¿Por qué me insulta, señor?, a lo que Cejas le responde sacando el revólver de debajo de la pierna y haciéndole tres disparos. Debo hacer presente que Cejas se encontraba en mangas de camisa, estando su sombrero y el saco en la percha. ¿Dónde tenía el arma, entonces? Es evidente que la escondió al sentarse, pues el peluquero dice que no la tenía en la cintura. El agente de policía, al verse agredido sacó su revólver, pero no pudo tirar ni un solo tiro, como lo demuestra el hecho de que se encontró el arma dentro de la peluquería, al lado de la puerta, con las seis cápsulas intactas. En esta circunstancia entra el sargento, y Cejas que ya se había levantado del asiento, le hace fuego de inmediato, amparándose detrás de una vitrina que había en medio del salón de la peluquería. El sargento no podía al principio hacerle fuego porque Cejas se arrastraba por el suelo, como una víbora, hasta que por fin le presentó blanco, y repeliendo la agresión, el sargento le dio muerte de un balazo”.

El senador Melitón Gómez concluyó su informe advirtiendo a sus colegas:

“En esta forma se desarrolló el hecho, según me lo ha contado el mismo dueño de la peluquería, el cual… no es radical sino demócrata”.

Al leer ese diario de sesiones, surge una impresión semejante a la que impulsó al senador Mattos al reconocer que esa “exposición del señor Senador por San Jerónimo, muy gráfica por cierto y muy digna de figurar en una las páginas de las novelas de Sherlock Holmes”.

Lo concreto era que la Justicia no se había expedido “todavía sobre este incidente” aunque el senador Ortiz Grognet expresaba su justificación porque ese relato permitía imaginar “el estado de ánimo del señor Cejas, porque tan solo un ciudadano amenazado, acosado, perseguido por la policía, se explica que en el momento de afeitarse tenga el revolver a mano para defenderse”.

Destacó que “hay constancia pública de que momentos después del hecho llegaba a Díaz el doctor de la Torre, quien enterado del suceso pidió ver el cadáver de Cejas, así como los pormenores de la incidencia, sin que en la policía, ni en ninguna parte se le dieran antecedentes, lejos de ello, tratando de ocultar las circunstancias del hecho ocurrido. Ello dio origen a un telegrama que dirigió al ministro del Interior”.

Pidió luego “en homenaje a la familia Cejas, al padre, que vive, y a los hermanos, que las palabras pronunciadas en este recinto al respecto, sean borradas del Diario de Sesiones. Evidentemente el pedido no se tuvo en cuenta porque estos relatos son contundentes. Cerrado el debate, la votación afirmativa confirmó la validez de los diplomas de los legisladores, quienes prestaron juramento y eligieron sus autoridades.

Pedido de interpelación al ministro de Instrucción Pública

El 16 de mayo de 1924, en la primera sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, con la presidencia del vicegobernador don Juan Cepeda, el senador Dr. Amadeo Ramírez fundó una minuta de comunicación al Poder Ejecutivo para que por intermedio del ministro de Instrucción Pública concurra al Senado, el sábado 24 de ese mes para “dar explicaciones sobre los últimos decretos” relativos al Consejo General de Educación y que a juicio del legislador, “modifican sustancialmente la ley escolar de la provincial, y por consiguiente invaden facultades que son propias de este Cuerpo Legislativo”.

Ante una indicación que fue aprobada, la interpelación se realizó el viernes 23 a las 10 con la presidencia de los señores Melitón Gómez -presidente pro témpore- y del Dr. Amadeo Ramírez, vicepresidente pro témpore.

El ministro Araya con grandilocuencia recordó su desempeño como senador por el departamento Rosario comparando su “fervor de entonces con la fe sacrosanta con que llegaban a la grande asamblea constituyente del 89, los diputados de las provincias de Francia…” ^{Subrayado aquí.}

(Es oportuno reconocer que en ese momento algunos podían recordar las prolongadas discusiones en 1914, acerca de la validez de su diploma y su posterior renuncia, parte de la historia de la Historia que todavía se está escribiendo.)

Luego el ministro habló de la “noble inquietud del rosal, cuyas espinas, diría, sólo brotan al impulso de la amargura experimentada al verse arrancar una flor o al suponer que las que se marchitan en su tallo mueres porque alguien las hiere, sin darse cuenta de que mientras él las llora perdidas, lejos de morir las flores han semillado”.

El ministro insinuó así, el aparente paralelismo con las reacciones que provocaban sus innovaciones.

Antecedentes históricos (Educación y Justicia)

El ministro Agustín Araya durante una interpelación en la Cámara de Senadores, en 1924 manifestó que:

“…la instrucción pública en la Provincia de Santa Fe, al igual que en las demás Provincias y en la Nación, antes de convertirse en función primordial del Estado, era función privada y local, atribución reservada a los municipios y materia de enseñanza religiosa y conventual”.

El senador Luis M. Mattos (Caseros) le advirtió que “en el año 1852 se dictaba en la provincia la primera ley” referida a la educación primaria, destinándose “la cantidad de trescientos pesos para costear la enseñanza de un profesor de gramática castellana y de letras”. Dos años después se creó la segunda cátedra y en 1856 se estableció en “San Lorenzo la primera escuela que no se la sometía indudablemente a la dirección local.

En 1858 se creaba otra escuela en Villa Constitución, tampoco dependiente del poder local y en 1862 la única escuela que se instituyó fue el Colegio de la Inmaculada Concepción, donde más tarde, en el año 1864, delegaba la Sala de Representantes la facultad de enseñar estudios jurídicos.”

El ministro Araya destacó que “en este largo período que va desde la independencia del año 10 a la fecha de la organización institucional del año 53, y pudiera decirse hasta la terminación del período latente de las revoluciones internas, que finaliza en el año 80” han sido muchas “las personas e instituciones que se distinguieron por su amor a la enseñanza, su entusiasmo por el niño y su vocación a la cultura general…” Se refirió a la disposiciones constitucionales que exigían la administración de educación y de justicia, advirtiendo que correspondía al “régimen municipal, la educación primaria”. Recordó que Sarmiento “hizo conceder los primeros subsidios de ayuda nacional a las provincias, e introdujo al país, como un ejemplo, trayéndolos de Norte América, donde ‘prosperaban entonces’, los organismos autónomos designados bajo el nombre de ‘Consejos de Educación’, y justo es recordar que el primero en reconocer su fracaso y proponer su supresión fue el mismo Sarmiento”.

Recordó el ministro Araya diversos antecedentes en países europeos y en el final de su discurso destacó que con esa “exposición a vuelo de pájaro”, había querido decir que todos los actos administrativos han “tenido la honestidad y sinceridad por normas. Así, deshilvanada, al azar de la afluencia de las ideas, que han venido desgranándose al antojo” -reiteró- se había hecho “la afirmación de la labor del gobierno”.

Fracasó un intento de cuarto intermedio y el senador Amadeo Ramírez manifestó que a su juicio, el gobernador Aldao “al suscribir los decretos que motivan esa interpelación no fue bien informado, porque si lo hubiera sido, jamás los hubiera firmado teniendo en cuenta la gravedad de la situación que iba a crearse”.

El doctor Ramírez revisó los antecedentes históricos a partir del espíritu de los constituyentes de 1863 y las leyes de 1871 y 1890 relativas “a subvenciones a las provincias, exigiendo en ellas el funcionamiento autonómico de los Consejos Generales de Educación para que él pueda gozar de los beneficios de la subvención acordada por el Congreso”. Recordó que José Manuel Estrada y el riojano Joaquín Víctor González habían reconocido la importancia de que “la dirección técnica debía encomendarse, no a factores políticos, sino a personas versadas en materia de enseñanza, tendiendo siempre a abrir ancho campo a la especialización” otorgando al “cuerpo directivo de la educación pública una autonomía relativa, admitiendo sólo la superintendencia administrativa que hace indispensable la unidad del Estado”.

Experiencias educativas en Santa Fe

El senador Ramírez en su interesante discurso recordó con respecto a los recursos financieros destinados a la educación, que “los 18.000 pesos fuertes que destinaba el Presupuesto del año 71, se repartían directamente entre los cargos de estudios superiores y los de preceptores de las escuelas indicadas y subvenciones a diversas escuelas particulares. Como única persona intermediaria entre el Poder Ejecutivo y los Maestros estaba la Inspección de Escuelas que dependía directamente del Ministerio del ramo”. [1]

Destacó que “el 13 de agosto de 1874 se dictó por primera vez una ley orgánica de educación común” bajo el gobierno de don Servando Bayo, poniéndose “el Gobierno y administración de la Educación Popular en manos de la Superintendencia General de Escuelas y de las Comisiones Escolares del Distrito” que se crearon por la misma ley. La Provincia estaba dividida en cuatro departamentos: La Capital con 17 Distritos; San José con ocho Distritos, San Jerónimo con once Distritos y Rosario con 19 Distritos. “La Superintendencia estaba a cargo de un Presidente, un Secretario-Tesorero y un Visitador General” y “la descentralización administrativa en la rama escolar era para aquella Ley completa”; estableciendo “desde la designación por votación popular directa de los miembros de las Comisiones Escolares de Distrito y Departamentales hasta la facultad de estos para darse sus presupuestos y percibir y disponer de sus rentas propias”.

Poco duró esa legislación, porque fue derogada el 26 de junio de 1875; se dispuso que el Poder Ejecutivo volviera a hacerse cargo de la administración y gobierno de las escuelas de la provincia; y se prometió una nueva ley que fue sancionada el 11 de septiembre del año siguiente, limitándose las facultades del Inspector y centralizando la dirección en el ministerio de Instrucción Pública.

Estaba vigente esa ley durante el gobierno de Simón de Iriondo, cuando surgieron enormes dificultades para comenzar a recibir las subvenciones de la Nación, debido a que la dirección de las escuelas dependía prácticamente del ministro y la Inspección de Escuelas sólo actuaba como única intermediaria entre el gobierno y los maestros.

En consecuencia -como lo ha destacado el senador Ramírez- estando vigente la ley de 1876, “se dictaron una serie de reformas” hasta que “la Legislatura de la Provincia, deseosa de que ésta se acogiera a los beneficios de la ley nacional del 25 de septiembre de 1871, la varió substancialmente el 9 de enero de 1884, descentralizando la rama de la instrucción primaria”, entregándola a un “Consejo de Instrucción Pública formado por cinco miembros”, disponiendo que las “Receptorías de Rentas depositaran mensualmente las recaudaciones correspondientes al Fondo Escolar”.

El gobernador interino don Cándido Pujato “después de haberse dictado apresuradamente la ley del 1884 creando el Consejo de Educación”, firmó un decreto el 22 de enero de ese año y “para el mejor cumplimiento de la Ley de Educación Común de fecha 11 de septiembre de 1876”, reconoció las atribuciones y los deberes de los miembros del Consejo, del personal de Inspecciones, de las autoridades escolares y de los docentes. El 16 de diciembre del mismo año se promulgó una nueva Ley de Educación, manteniendo la autonomía del Consejo que estaba bajo control del Poder Ejecutivo y desde entonces se la identificó como “Consejo de Educación Provincial de Instrucción Pública”, con la responsabilidad de someter a la aprobación del P.E. los programas de estudios correspondientes a la instrucción básica.

Mariano Quiroga: primer presidente del Consejo

Es necesario tener en cuenta que el Consejo Nacional en 1884 exigía que “como una mayor garantía para la vigilancia en la inversión de los fondos, que el Gobierno de las escuelas debía estar bajo un Consejo de personas competentes” y que “el secretario de ese Consejo lo fuera el Inspector Nacional de Escuelas”. En consecuencia se adoptó la decisión de otorgar al doctor Mariano Quiroga la responsabilidad de ser el primer presidente del Consejo de Instrucción Pública santafesino.

Es interesante una aproximación a parte de la trayectoria del doctor Quiroga, desde la proyección de una carta de su esposa, doña Magdalena Q. de Quiroga leída en el recinto de la Cámara de Senadores el 12 de junio de 1924, al considerarse el dictamen de la Cámara de Diputados aprobado por la Comisión de Peticiones y Poderes del Senado con la firma del senador Amadeo Ramírez (Vera) y Faustino Daguerre (Constitución) con el propósito de otorgarle un subsidio por única vez para pagar los gastos de la enfermedad y del sepelio.

Se reconocía que con el fallecimiento del doctor Quiroga se había truncado “una vida que no tuvo reposo ni desmayos para dedicarla desde su primera juventud al servicio de la Provincia. No necesitó para ello de nombramientos oficiales o de recompensas que las leyes de presupuesto acuerdan a sus servidores, como lo prueba el hecho de haber sido maestro por propia vocación allá por el año 1869, cuando eran asaz escasos los hombres capaces de dirigir la instrucción de la juventud santafesina. Por esos años y hasta 1875 fue Director y Maestro de las escuelas elementales de la Sociedad Porvenir y de la Superior de varones de la Sociedad Biblioteca Popular, cuyas instituciones lo contaron entre sus más entusiastas fundadores y propagandistas. Ese mismo año 1875 se inició como Oficial de Justicia para pasar más tarde a ocupar la Secretaría del Departamento Topográfico Recibido de abogado, ocupó luego diversos puestos públicos, llegando a los más altos de la magistratura y de la cátedra, mereciendo el honor de haber sido designado Decano de la Facultad de Derecho en los primeros años de su fundación”. Fue “Director ad-honorem de Instrucción Primaria de la Provincia; fue miembro de la Convención Constituyente de los años 1883 y 1889, y más que todo, lo que era orgullo de su vida, fue maestro que con sus recursos propios, sin otro interés que el de preparar elementos sanos, inteligentes y útiles a la sociedad, formó otros maestros en épocas que no existían escuelas normales en la Provincia, ni tampoco podían esperarse de las provincias vecinas porque la Capital y Paraná apenas abastecían sus propias necesidades. Fue así como surgió el primer plantel de educadores que sirvió de base para formar el hoy robusto cuerpo docente que es un título de orgullo para la Santa Fe de nuestros días…”

En esa oportunidad el senador Dr. Amadeo Ramírez manifestó que “Quiroga fue un apóstol de la enseñanza desde la humilde esfera de la escuela primaria hasta la más alta de la cátedra universitaria”, “refiriéndose a los numerosos jóvenes de aquel tiempo, entre los que se contaba el legislador que habla, -que preparó con sus lecciones metódicas y ordenadas para que alcanzaran los títulos de procuradores o de escribanos que entonces otorgaba la Suprema Corte de Justicia”.

(Cumplido este merecido reconocimiento, es necesario seguir con esta aproximación a la historia de la educación en la provincia de Santa Fe.)

Entre los primeros actos del presidente Quiroga corresponde una referencia a la comunicación que envió al presidente del Consejo Nacional de Educación Dr. Benjamín Zorrilla acerca de la constitución de ese organismo en Santa Fe y la incorporación de don Eleodor Calderón como Secretario; decisiones que fueron aprobadas por las autoridades nacionales.

1886: avances en la orientación pedagógica…

A partir de 1885 se acentuaron los avances en la orientación pedagógica y la tendencia a consolidar la autonomía en los Consejos Escolares. En ese tiempo funcionaban en la provincia de Santa Fe dos ministerios: el de Gobierno y el de Hacienda, Obras Públicas, Agricultura e Instrucción Pública y se analizaba un nuevo proyecto de ley tendiente a “otorgar las más amplias facultades administrativas y técnicas al Consejo de Educación” y “se encontraron esos Legisladores con que algunas, como la del nombramiento de los Maestros, estaba reservada al Poder Ejecutivo por mandato expreso de la Constitución” de modo que por ley sólo se pudo autorizar la propuesta de “esos nombres al Poder Ejecutivo”.

La sanción de la Ley Nº 158 determinó “cuáles eran las atribuciones de uno y otro carácter” y como destacara el senador Mattos, estaba “perfectamente establecido que existen tres clases de autonomías”: la autonomía constitucional del Consejo, cuyos miembros -Presidente y vocales- eran nombrados por el P.E. sin necesidad de acuerdo; la autonomía administrativa -elaborando el presupuesto anual que remitirá al P.E. para su remisión a la Legislatura- y la autonomía técnica, que permite al Consejo elaborar los planes y programas de enseñanza, estableciéndose que de ese Consejo General de Educación, “es superior inmediato el Ministro de Instrucción Pública”.

Anualmente el Consejo debía elevar una Memoria referida “al estado de la enseñanza, a las reformas que se pueden introducir” que se remitía a la Legislatura para que al considerarse el presupuesto se tuvieran en cuenta esas estadísticas y los proyectos.

Conforme esa legislación, “El Consejo de Educación estudiará las estadísticas, los resultados de la enseñanza, practicará un censo escolar, hará conocer la situación, el estado, las condiciones de la enseñanza, a la Legislatura, por intermedio del Poder Legislativo”.

Al reformarse la ley de 1886, en el “reglamento 156 que se dictó en 1894”, se estableció “la obligación por parte del Poder Ejecutivo de remitir directamente el presupuesto del Consejo de Educación a las cámaras legislativas”.

A pesar de esos avances legislativos el Censo Nacional de 1914 demostró que en la provincia el analfabetismo no había disminuido.

Opinión de Lisandro de la Torre

El ministro Araya recordó la opinión del doctor Lisandro de la Torre “en la investigación a la Caja de Ahorro Postal, en la que hubo de estudiar el alcance real de las economías que nuestra Constitución tolera”.

El destacado legislador reconoció que “la pretendida impotencia del P.E. ante las reparticiones llamadas autónomas es una herejía constitucional; la pretendida obligación del P.E. de aceptar como vengan las cuentas que presente una repartición, es otra herejía legal. Para la Constitución Nacional ninguna repartición pública argentina está exenta de la fiscalización del Jefe de Estado.

El inciso 1º del artículo 86 de la Constitución, definiendo sus atribuciones, dice: ‘Es el Jefe supremo de la Nación y tiene a su cargo la administración del país”.

Advirtió que “ninguna ley, sin incurrir en nulidad, puede suprimir el inciso 20 del artículo 86, de la Constitución Nacional: ‘el Presidente de la República puede pedir a los jefes de todos los ramos y departamentos de la administración y, por su conducto a los demás empleados los informes que crea conveniente y ellos son obligados a darlos’. De manera que el Presidente de la República no puede en ningún caso alegar justificadamente ignorancia de lo que ocurre en ninguna repartición que esté bajo la dependencia de sus Ministros, llámese o no se llame autónoma”.

El distinguido demócrata reconocido como “el fiscal de la república” por su reiterada defensa de los intereses nacionales en ese momento había insistido en que “menos lo puede respecto de las reparticiones que debieran llamar su atención desde el primer día en que ocupó el Gobierno, porque son reparticiones públicamente sospechadas de funcionar mal, como es la Caja de Ahorro Postal, como son los Ferrocarriles del Estado y muchas otras.”

Presidentes notables

El senador Amadeo Ramírez en la memorable sesión de mayo de 1924 manifestó:

“Han desfilado por el Consejo de Educación desde que rige la Ley del 86, ciudadanos del carácter, del talento y de la preparación del doctor Pedro C. Reyna; doctor Lorenzo Anadón; Presbítero Gregorio Romero; doctor Jerónimo Cello; doctor Mariano A. Quiroga; doctor Marcial Candioti; doctor Juan P. Beleno; de la austeridad de Nicanor Molinas; Maestros de la suficiencia y del fervor apostólico de Domingo G. Silva, José Amavet, Pedro Garacoche, Isaac Francioni, Segismundo Ramírez, Enrique J. Muzzio y otros no menos caracterizados”.

Manifestó el senador Ramírez que “tan celosos guardianes fueron, que todos ellos estuvieron siempre con la renuncia lista en el bolsillo para presentarla al primer acto atentatorio a la autonomía, que emanara del poder central”.

Domingo Guzmán Silva, “esa alma grande y resplandeciente… fue uno de los Presidentes que realizó la más hermosa cruzada educacional que se registra en los anales de la enseñanza de esta Provincia. Él trazó las orientaciones más sabias y concordantes con los principios fundamentales de la ciencia relativa que se conocen…”

Destacó que “fue un defensor acérrimo de la autonomía escolar” y “no conforme con la relativa que la Ley del 86 acordaba, bregó siempre, no solamente desde su puesto de Presidente, sino también desde su tribuna periodística en favor de la absoluta autonomía” consiguiéndolo “mientras él fue el Director General de Escuelas”.

Expresó el senador Ramírez que “el gobierno del señor Iturraspe fue muy respetuoso de la Ley y jamás produjo un acto que pudiera desvirtuarla, pero la política que todo lo desarticula, cuando el apasionamiento domina el espíritu de los hombres, colocó al señor Silva en situación de entredicho frente al sucesor… optó por retirarse elevando su renuncia. Es que en Domingo Silva, existía un gran carácter, había en él un hombre de convicciones hechas y sobre ellas no primaron jamás las conveniencias personales.”

Nicanor Molinas “fue otro gran Presidente, no por sus condiciones técnicas, sino por su espíritu ecuánime y justiciero, por su discreción en la elección de sus asesores técnicos que lo ayudaron a orientar la enseñanza por el buen cauce, pero más que todo, porque fue defensor severo de la autonomía… Nunca, jamás, el señor Molinas, consintió el menoscabo de los derechos privativos del Consejo, ni aun ante los avances de la Intervención Nacional que llegó a la provincia después de la caída del Gobernador Crespo” advirtiendo que “esa Intervención, hubiera quebrado la autoridad del Consejo si la Presidencia la hubiera ejercido un simple empleado y no uno de esos hombres que a su cultura exquisita sumaba la energía serena de los fuertes.” Recordó el senador Ramírez que el Dr. Romero (ministro-secretario de esa intervención) le había solicitado que “propusiera para el desempeño de un puesto de profesora de música a una persona por la que él se interesaba” y el presidente Molinas se excusó porque “la recomendada no reunía las condiciones requeridas”.

El autoritarismo del ministro se impuso cuando logró ese nombramiento y lo envió “al Presidente ordenando se le diera ubicación en las escuelas de La Capital. El Presidente Molinas, sin inmutarse pero alarmado por el atropello, dictó al pie de esa nota, que se encuentra en los archivos del Consejo: ‘Pase a la Contaduría para que tome nota, pero no se le dé posesión”. Luego, serenamente, fue ante el Ministro a exponerle los consiguientes reparos en la forma cultísima pero enérgica que le era proverbial”.

Aunque el ministro “no encontró procedente tal actitud”, la renuncia “llegó al Interventor, quien, después de imponerse de la Ley Escolar en vigencia, devolvió inmediatamente esa renuncia, con el pleno reconocimiento de las facultades que el Ministro pretendía arrebatarle. El señor Molinas, así, serena y enérgicamente, supo defender las facultades del cuerpo que presidía.”

Isaac Francioni, maestro destacado en las filas del Magisterio y uno de los elementos del foro de mejor valía, desempeñó la Presidencia del Consejo, y desde allí, como buen maestro, reclamó y obtuvo que en el hecho, como a Domingo G. Silva, se le reconociera la más absoluta autonomía al Consejo, algo más de lo que la Ley del 86 le acordaba, y convencido de la bondad de este principio, bregó en sus memorias porque se legalizara esa absoluta autonomía para el mejor afianzamiento de la enseñanza”. Recordó que “cuando un hecho aparentemente simple se produce en el Gobierno, que entendió violatorio de esa autonomía, respondió al acto con su inmediata renuncia y esa actitud detuvo el avance y se salvaron los principios. Se trataba simplemente, de que el Consejo había propuesto para maestra a una persona y el Gobierno la sustituyó por otra.” [2]

Acerca de don José Amavet, el senador Ramírez expresó: “… es un maestro que goza de grandes y merecidos prestigios en las filas de la familia docente. Desempeñó dos veces la Presidencia del Consejo y fue Ministro de Instrucción Pública. El hecho que motivó su retiro de la Presidencia durante el gobierno del doctor Mosca… todo el pueblo sabe que fue por no aceptar los principios centralistas del doctor Araya, quien pretendía en toda forma tener, en las cuestiones del Consejo, intromisiones contrarias a la autonomía de ese cuerpo.” Rememoró el senador Ramírez, que el doctor Araya siendo ministro del gobernador Mosca, “pretendió más de una vez le suscribiera los Decretos” que en esos momentos eran motivo de la interpelación. En aquella circunstancia, “Amavet y sus colaboradores del Consejo, los maestros Abraham Francioni y doctor José Menchaca, antes de mantener una situación de violencia con el Ministro Araya, prefirieron abandonar sus cargos, elevando el señor Amavet su renuncia al gobernador Mosca… en la que puntualiza bien claramente las causales que la motivaron.” Resultaba evidente que “Amavet, como sus compañeros del Consejo, fueron también celosos defensores de la autonomía”.

Ante la renuncia del presidente Amavet asumió el señor Juan Arzeno -”malogrado amigo” del senador Ramírez-; “viejo Legislador de la Provincia, que había intervenido en la sanción de la Ley del 86” como integrante de la Cámara de Senadores; quien “tampoco consintió en que el Ministro Araya traspasara los umbrales del Consejo sino en uso de las limitadas facultades acordadas por la Ley”. Esas divergencias habían provocado en varias oportunidades la consulta de Arzeno a su amigo Ramírez, y en consecuencia el senador pudo leer en el recinto ante el ministro interpelado, una nota de fecha 26 de junio de 1923, en la cual el Presidente Arzeno insistía ante el ministro Araya en que “el hecho de que el Consejo estuviera obligado a rendir cuenta documentada, no signficaba que para ello tuviera que entregar los comprobantes y los libros ya que el Gobierno tiene la Contaduría General de la Provincia para que cuando llegue esa rendición de cuentas coteje en los libros del Consejo la realidad de las constancias de aquellas” y tampoco eran necesarios para Las Cámaras Legislativas, porque la Comisión de Hacienda es “la encargada de trasladarse a la fuente donde ha emanado la rendición y comprobar si ella es el reflejo fiel de la verdad”. El presidente Arzeno en esa nota, insistía en que el Consejo “administra y dirige la educación pública, con absoluta independencia y sólo debe proponerse los nombramientos de personal al P.E., propuesta sin la cual no puede existir nombramiento legal”.

Mayo de 1924: interpelación al ministro de Instrucción Pública…

El 23 de mayo de 1924 que fueron discutidos en la Legislatura varios decretos del P.E. y fue interpelado ministro de Instrucción Pública y Fomento Dr. Agustín Araya porque a juicio de la mayoría de los legisladores, “el señor Ministro de Instrucción Pública ha dictado un decreto en que se abroga facultades que no tiene.

Él centraliza la dirección técnica de la enseñanza en sus manos, cuando es precisamente lo que no quiere la ley de subvención nacional” porque entiende “esa ley que la dirección técnica debe estar en poder de un Consejo Escolar”.

Se generó una discusión acerca del alcance de una “dirección” y una “superintendencia” que poco aportó al esclarecimiento del problema y nuevamente los discursos abarcaron experiencias en lejanos países hasta que el senador Ramírez pudo seguir con la historia de los santafesinos.

Es oportuno destacar que el Dr. Amadeo Ramírez a partir de 1892 fue maestro de las escuelas dependientes del Consejo de Educación y se destacaba por su constante preocupación por el perfeccionamiento del sistema educativo. Recordó el senador que el Dr. José A. Gómez “reconoció ampliamente la autonomía del Consejo en una resolución dictada siendo ministro del ramo, en la época del Gobernador Crespo” y consideró que la posición contraria que en 1924 sostenía su hermano el Dr. Severo Gómez, probablemente sería consecuencia del desconocimiento de todos esos antecedentes.

El senador Ramírez advirtió que “hubo entre muchos buenos Presidentes del Consejo, algunos malos, pero no recuerdo que jamás ninguno de ellos cometiera la debilidad de incurrir en tan grave renunciamiento, deponiendo a los pies de un Ministro la autonomía de la Institución, como lo ha hecho el doctor Pandolfo” –Pío- al no haber contestado a los Decretos del Ministro con su inmediata renuncia.

Con respecto a esta posición, se impone analizar esa actitud desde otra perspectiva, porque en algunas oportunidades la permanencia en un cargo implica el compromiso de acentuar la defensa de un proyecto, mientras que la renuncia puede ser indicio de debilidad o intolerancia.

Durante seis horas estuvieron hablando el ministro y algunos legisladores hasta que el senador Ramírez planteó que “el asunto ha sido suficientemente debatido” y aunque no formularía “votos de censura, porque entendía que no correspondía”. Luego expresó: “… los decretos que son contrarios a la Ley no necesitan ser derogados porque de hecho no tienen ningún valor” reiterando que “ha quedado perfectamente establecido ese concepto después de la discusión”.

Aproximadamente a las 21, el ministro Araya optó por retirarse del recinto y el senador Ramírez indicó que no debían “demorar en sancionar un proyecto de ley aclaratoria”, moción que fue votada con resultado positivo.

Fallecimiento del Dr. Jerónimo Cello – Subsidio

Con motivo del fallecimiento del Dr. Jerónimo Cello, en la legislatura de Santa Fe se acordó un subsidio de doscientos pesos mensuales a favor de la viuda Sra. Enriqueta P. de Cello por “cierto número de años”.

Fue renovado en junio de 1924 el término de tres años más, considerando que sus hijos tenían que seguir estudiando, “teniendo la desgracia de tener hijos enfermos” que “se encuentran fuera de su lado, en las Sierras de Córdoba, donde a fuerza de sacrificios tiene que sostenerlos”. El proyecto fue sancionado.

Subsidio a familiares de Mariano Quiroga

El 12 de junio de 1924 se consideró en la Cámara de Diputados el proyecto de ley otorgando un subsidio de tres mil pesos moneda nacional a la señora Magdalena Q. viuda de don Mariano A. Quiroga y pasó en revisión al Senado, obteniendo el 21 de junio el despacho de la Comisión de Peticiones y Poderes con la firma del senador Amadeo Ramírez (Vera) y Faustino Daguerre (Constitución).

En esa oportunidad fue leída la carta remitida a la legislatura por la señora de Quiroga, destacando en el primer párrafo que con ese fallecimiento…

“…terminaba “una vida que no tuvo reposo ni desmayos para dedicarla desde su primera juventud al servicio de la Provincia.

No necesitó para ello de nombramientos oficiales o de recompensas que las leyes de presupuesto acuerdan a sus servidores, como lo prueba el hecho de haber sido maestro por propia vocación allá por el año 1869, cuando eran asaz escasos los hombres capaces de dirigir la instrucción de la juventud santafesina. Por esos años y hasta 1875 fue Director y Maestro de las escuelas elementales de la Sociedad Porvenir y de la Superior de varones de la Sociedad Biblioteca Popular, cuyas instituciones lo contaron entre sus más entusiastas fundadores y propagandistas. Ese mismo año 1875 se inició como Oficial de Justicia para pasar más tarde a ocupar la Secretaría del Departamento Topográfico Recibido de abogado, ocupó luego diversos puestos públicos, llegando a los más altos de la magistratura y de la cátedra, mereciendo el honor de haber sido designado Decano de la Facultad de Derecho en los primeros años de su fundación.

Pero no son esos puestos solamente los que sirvieron para dar relieve a la personalidad de mi esposo, por más que son los únicos que se computan en la práctica burocrática para aquilatar los méritos de un servidor del Estado. Con ser aquellos, muchos y muy destacados, ha prestado otros que merecerían también ser considerados para juzgar sus altos méritos. Ha sido por ejemplo, Director ad-honorem de Instrucción Primaria de la Provincia; fue miembro de la Convención Constituyente de los años 1883 y 1889, y más que todo, lo que era orgullo de su vida, fue maestro que con sus recursos propios, sin otro interés que el de preparar elementos sanos, inteligentes y útiles a la sociedad, formó otros maestros en épocas que no existían escuelas normales en la Provincia, ni tampoco podían esperarse de las provincias vecinas porque la Capital y Paraná apenas abastecían sus propias necesidades. Fue así como surgió el primer plantel de educadores que sirvió de base para formar el hoy robusto cuerpo docente que es un título de orgullo para la Santa Fe de nuestros días…”

El senador Dr. Ramírez manifestó que “Quiroga fue un apóstol de la enseñanza desde la humilde esfera de la escuela primaria hasta la más alta de la cátedra universitaria… refiriéndose a los numerosos jóvenes de aquel tiempo, entre los que se contaba el legislador que habla, -que preparó con sus lecciones metódicas y ordenadas para que alcanzaran los títulos de procuradores o de escribanos que entonces otorgaba la Suprema Corte de Justicia.

Reiteró el doctor Ramírez que “Quiroga ha muerto debatiéndose en su honrada pobreza, dejando a su esposa en edad avanzada y con la salud precaria para que cumpla con compromisos que él y ella consideraron siempre sagrados. Es así como hasta la fecha no se han podido sufragar los gastos de su asistencia médica en los últimos meses de su vida ni menos pagar los gastos de su entierro”.

Para ello, proponía la aprobación del subsidio e inmediatamente fue sancionado por unanimidad.

Subsidio a familiares del Escribano Fernando Dentesano

Con motivo del fallecimiento del ex senador del departamento Castellanos don Fernando Dentesano, en la sesión del 31 de mayo de 1924 en la Cámara de Senadores se consideró el proyecto de ley firmado por once senadores, acordando a la señora Elvira L. de Dentesano e hijos menores, un subsidio de $ 6.000.- y al fundamentar esa iniciativa, el senador Pablo Demarchi -quien asumió esa representación al quedar vacante-, destacó que “a pesar del tiempo ya transcurrido, perdura aún en el corazón de los que tuvieron la suerte de tratarle y conocerle bien de cerca, la dolorosa impresión que causara el triste desenlace de esa vida tan llena de savia, tan pletórica de entusiasmo y tan fecunda en nobles iniciativas.

En todo momento fue don Fernando Dentesano un ciudadano íntegro, útil y servicial; un ciudadano probo y bondadoso, que en la rápida trayectoria de su existencia ha dejado huellas bien marcadas de su amor al trabajo, de la lealtad de sus sentimientos, de su proverbial consecuencia amistosa y de la inquebrantable fe partidaria que lo animaba.

Múltiples fueron sus actividades, y en el ejercicio de las mismas consiguió siempre destacar su personalidad con rasgos propios de inconfundible honestidad. Como maestro, inspector de escuelas, funcionario público, miembro de diversas instituciones, representante comunal y últimamente en su carácter de legislador, prestó señalados y eficientes servicios a la Provincia.

La muerte le sorprendió en el desempeño de este elevado cargo.

Como político obedeció por norma a sugestiones íntimas y arraigadas, y en las horas de las definiciones se mantuvo sereno, ecuánime e inflexible, justificando lo que él consideraba un error, o bien aportando su acción decidida y entusiasta en la realización de sus patrióticos propósitos”.

Reconoció el senador Demarchi, que “Fernando Dentesano, sin ser rico, pues no contaba con otros recursos que aquellos que le producía su profesión de escribano público, fue un verdadero filántropo. Es de todos conocido, el rasgo de su generoso desprendimiento cuando a raíz de su incorporación a este Honorable Senado destinó mensualmente la totalidad de sus dietas para la ayuda a instituciones culturales, de enseñanza, de sport y de beneficencia.”

Conmueve lo expresado por el legislador en aquella oportunidad:

“…este hombre útil y meritorio; este hombre forjado en el duro yunque del trabajo; este hombre que sólo vivió para practicar el culto del amor a la familia y del bien a sus semejantes; este hombre bueno y fuerte cayó para siempre en la plenitud de sus energías corporales ante el ataque traidor del contagio que le transmitiera un pobre chico sin familia, un desheredado de la suerte, un enfermo de viruela negra, al que Dentesano por un noble empeño y personal cuidado arrebató de las garras de la muerte pagando con su propia vida este acto de tanta nobleza y de tanto amor al desvalido”.

Se refirió luego a “la inquietante sombra de un porvenir incierto” para su familia, indicando que con ese “modesto subsidio” se le rendía un homenaje por su generosidad que no se perdería “en el olvido ni en la indiferencia”.

Luego el senador Ramírez insistió en su trayectoria y en su “espíritu dispuesto a sacrificarse por el bienestar de la Provincia”. Juntos se habían desempeñado en la docencia y en consecuencia, el representante del departamento Vera podía “atestiguar que durante esa época Dentesano fue un elemento destacado del gremio, no solamente por su preparación, sino también por sus condiciones de carácter… Fue uno de los que más bregó porque se dictara la Ley de Estabilidad y Escalafón de los maestros”.

El proyecto fue sancionado por unanimidad.

Controles en los obrajes del norte.

En la sesión del 27 de junio de 1924 el senador Amadeo Ramírez, representante del departamento Vera presentó un proyecto de ley con la finalidad de que el Poder Ejecutivo estableciera un servicio permanente de fiscalización para asegurar el fiel cumplimiento de las leyes o resoluciones provinciales relacionadas con concesiones de los ramales ferroviarios; de los destinados al transporte de productos forestales y para vigilar el correcto funcionamiento de las balanzas y básculas que se empleen en los obrajes, fabricas o comercios inherentes a los mismos, destinados al pesaje de mercaderías y productos de su tráfico, en los departamentos Vera y General Obligado.

Conmovedor relato del senador Amadeo Ramírez…

En aquella oportunidad el senador Ramírez reiteró que “del régimen de trabajo imperante en esos obrajes se ha ocupado frecuentemente la prensa diaria, poniendo en evidencia la precaria situación que soportan la mayoría de los contratistas y obreros” circunstancia que los ha obligado a estar “reclamando insistentemente de los poderes públicos para mejor en lo posible sus condiciones de vida y de trabajo”.

Reconoció haber “tenido oportunidad de recorrer a menudo esas regiones” por sus vinculaciones personales y advirtió sobre la necesidad de que el gobierno demostrara “el beneficio de su acción tutelar”.

Aludió “al obrero criollo, al nativo, que es en su casi totalidad el elemento trabajador de los obrajes; el sometido a los mayores rigores en su ardua lucha por la vida; el que soporta las tareas más rudas; sin salarios mínimos ni horarios máximos, sin sindicatos gremiales de resistencia y protestas; el más paciente y abnegado en sus días sin abrigo con jornales de hambre, desamparado en las injusticias, casi sin garantías en el ejercicio de sus derechos y sin esperanzas quizá, de mejoramiento razonables y humanos.

Informe de un inspector en los obrajes del Chaco

El senador Ramírez leyó el informe publicado en el Boletín Nº 33 del Departamento Nacional del Trabajo el 31 de julio de 1915, elaborado por el “malogrado Inspector D. José Elías Nicklison como fruto de comprobaciones hechas en varios meces de paciente observación en los obrajes del Chaco” (refiriéndose a la zona norte de la provincia reconocida como Chaco santafesino).

En consecuencia, era posible interpretar “minuciosa y ampliamente el régimen de absorción imperante en ellos y la desconsiderada explotación a que están sometidos aquellos obreros con al proveeduría obligada, los pagos de sus jornales con vales, fichas o moneda emitidas clandestinamente por empresas y particulares; las expoliaciones en las ventas de alimentos, ropas y mercaderías y las inhumanas jornadas de trabajo allí implantadas.

Especialmente el peón de monte, el hachero que trabaja de sol a sol, sin horario como los de las fábricas, agotando todos sus esfuerzos para poder cubrir escasamente las necesidades de su subsistencia y la de los suyos, es digno de alguna protección, que haga algo más llevadera su vida de extenuación y de miseria.

Pero tampoco escapan los pequeños productores y comerciantes de la zona, al absorcionismo comercial organizado por algunas empresas poderosas que ejercen allí un completo predominio. Muchos de aquellos no tienen otro medio de tráfico para sus productos o mercaderías que los ramales ferroviarios o decauvilles de las aludidas empresas, que los convierten en sus tributarios obligados, imponiéndoles el pago de fletes exorbitantes y arbitrarios”.

Ferrocarril a Puerto Ocampo…

Advirtió que el Ferrocarril de Puerto Ocampo autorizado por resolución del P.E. de la provincia el 22 de octubre de 1902 y aprobado por la Legislatura el 26 de junio de 1903, aunque se establecía que “no reviste las condiciones de una concesión ferrocarrilera para el servicio público de transporte, por cuanto se destinará solamente al uso particular de los solicitantes”, en la práctica no se cumplía.

Tampoco los concesionarios habían construido en toda su extensión el camino “de quince metros” que correspondía abrir y conservar “librado al servicio público sin cargo alguno para el tráfico” aunque el ramal era “explotado por una sociedad anónima fundada el año 1912 en la Capital Federal, denominada ‘Ferro Carril a Puerto Ocampo’, con capital de $ 600.000.- y con el fin de explotar comercialmente ese ferrocarril”. ^{Subrayado aquí.}

Tras la maraña de intereses ferroviarios…

El senador Ramírez recordó que la prolongación del ramal de Florencia a Piracuá fue acordada por ley provincial del 11 de octubre de 1887, “cediéndose en propiedad al concesionario 2.500 metros de ancho en cada costado de la vía y en una extensión de once kilómetros”, o sea “una superficie de 5.500 hectáreas de tierra fiscal”. El ramal de Calchaquí había sido autorizado por la Ley 1185, con una extensión de dieciséis kilómetros y sólo utilizable para el transporte de las maderas de los concesionarios; que el de La Guampita se autorizó por Ley 1240 del 13 de junio de 1905 en idénticas condiciones.

Insistió el senador Ramírez en la necesidad de que esos concesionarios cumplan con la legislación ferroviaria nacional y provincial.

Manifestó el senador Amadeo Ramírez, que correspondía exigir “el correcto funcionamiento de las balanzas y básculas en uso en los obrajes”, porque “es natural, que la irregularidad o la trampa en el funcionamiento de esas balanzas, ha de redundar siempre en perjuicio de los trabajadores, inhabilitados casi siempre para ejercer un contralor eficaz y hasta para expresar desconfianzas cuando esas balanzas no acusan un resultado que armonice con los cálculos hechos sobre el rendimiento de sus esfuerzos.

Es común oír hablar de los buenos balanceros en los obrajes” refiriéndose a “los que saben manejar bien las balanzas en perjuicio de los trabajadores y hasta ha sido práctica en algunos obrajes interesar algunos de esos balanceros en un tanto por ciento de las ventajas que sacan, o sea sobre las diferencias resultantes al fin de cada período mensual lo mayor, entre la madera realmente recibida y la que se ha pagado por balanza a los contratistas o fleteros”.

El proyecto de ley presentado por el representante del departamento Vera intentaba “cortar los abusos… beneficiando a los trabajadores de los obrajes, dignos por todo concepto de la protección legítima…”

Recomendó el senador Ramírez la necesidad de establecer “la prohibición absoluta de la circulación de vales, fichas u otras monedas clandestinas con que se han venido pagado los jornales en no pocos obrajes, canjeables sólo en sus administraciones, con lo que se coartaba a los obreros la libertad para adquirir mercaderías o provisiones donde más conviniera a sus intereses”.

El proyecto fue sancionado.

(Los obreros de los quebrachales del norte santafesino siguieron durante varias décadas más, soportando injusticias y limitados en su libertad para adquirir lo necesario sin depender de los precios que también establecía la compañía…)

Lecturas y síntesis: Nidia Orbea de Fontanini.

[1] Se indica: (Presupuesto de 1871, T. 7, página 25).

[2] El 27 de noviembre de 1947 falleció el doctor Isaac Francioni. Desde su juventud participó en los centros universitarios y en las filas de la Unión Cívica Radical. Fue profesor en la Universidad Nacional del Litoral y dos veces Decano de la Facultad de Derecho dependiente de esa universidad. Diputado Nacional durante dos períodos. Vocal del Superior Tribunal de Justicia de Santa Fe y presidente del Consejo General de Educación.