Tras la primera invasión de las fuerzas armadas británicas, en 1806 en la ciudad de Buenos Aires se organizaron diversos batallones identificados con los nombres de las provincias españolas originarias de sus miembros (Cuerpos de gallegos, de catalanes…) y el Cuerpo de Patricios integrado en su mayoría por criollos.
Desalojados los ingleses fue evidente el creciente antagonismo y el virrey Cisneros decidió cambiar las denominaciones por un orden numeral, mediante decreto del 11 de septiembre de 1809. Al año siguiente, instalada la primera Junta de Gobierno y a los fines de defender ese movimiento independentista, se dispuso la creación de dos cuerpos de ejército a los fines de operar en la zona del Alto Perú y del Paraguay.
Fue el comienzo de la organización militar que con distintos jefes combatió en el vasto territorio de las provincias unidas del Río de la Plata con propósitos de defensa de la soberanía nacional o contra compatriotas de distintas tendencias que demostraban su poder en diversas provincias.
A comienzos del siglo veinte se aprobó el proyecto de ley que estableció el servicio militar obligatorio, con determinadas excepciones.
Sabido es que algunos sectores del Ejército -apoyados por civiles y eclesiásticos-, durante ese siglo generaron sucesivos golpes de Estado, el primero el 6 de septiembre de 1930 para destituir al presidente doctor Hipólito Yrigoyen, el 16 de junio y el 16 de septiembre de 1955 para derrocar al general Juan Domingo Perón, generador del movimiento nacional justicialista… [1]
Durante la primera presidencia del doctor Carlos Saúl Menem -partido Justicialista-, siendo ministro de defensa Oscar Camilión, en 1994 se propuso eliminar tal obligatoriedad y al año siguiente comenzó el registro de voluntarios para integrar las distintas Fuerzas. [2]
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Lecturas y síntesis: Nidia Orbea Álvarez de Fontanini.
[1] El 24 de marzo de 1976, mientras se desarrollaba una guerra civil no declarada, se concretó el último del siglo tras la detención de la Presidenta señora María Estela Martínez de Perón y fue el comienzo del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. Desde el año anterior estaba vigente la legislación referida a la “aniquilación” de los grupos subversivos que operaban como ejércitos revolucionarios –erp, ejército revolucionario del pueblo; montoneros incluyendo sacerdotes tercermundistas y jóvenes peronistas; far, fuerzas armadas revolucionarias…- y tras detenciones y sesiones de torturas, comenzaron las denuncias por desaparición de personas. El 2 de abril de 1982, detentando el poder ejecutivo el general Leopoldo Fortunato Galtieri, comenzó la Gesta de las Malvinas que inmediatamente generó el conflicto armado con las fuerzas británicas hasta el cese del fuego, el 14 de junio de ese año y por decisión de los comandos argentinos. El 10 de diciembre de 1983 asumió el presidente doctor Raúl Ricardo Alfonsín y el Congreso aprobó la constitución de la CONADEP –comisión nacional encargada de recopilar antecedentes acerca del Proceso y la violación a los derechos humanos- presidida por el escritor Ernesto Roque Sábato. Elaboraron el documento Nunca más; se desarrolló el proceso a oficiales del ejército y luego el Congreso sancionó las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, cesaron los juicios; el doctor Menem firmó el indulto… a comienzos del siglo XXI, durante la presidencia del doctor Néstor Carlos Kirchner, revisión y derogación de aquella legislación, protestas por los indultos…
[2] En 1994, la muerte del soldado Omar Carrasco incorporado en el Grupo de Artillería 601 de Zapala -Neuquén- después de soportar reiterados castigos físicos generó un juicio de trascendencia nacional. El presidente Menem a mediados de abril de ese año se reunió con el ministro de Defensa Oscar Camilión, el jefe del Estado Mayor Conjunto Tte. Gral. Mario Cándido Díaz y el secretario general de la presidencia Dr. Eduardo Bauzá, se analizó la posibilidad de eliminar el servicio militar obligatorio vigente desde 1902. Se tuvo en cuenta que durante el Proceso se incorporaban aproximadamente 250.000 soldados -la mayoría en el Ejército-; que el presidente Alfonsín autorizó la reducción a unos 40.000 conscriptos y que en el lapso 1993-1994 cada doce meses ingresaban aproximadamente 20.000 teniéndose en cuenta el presupuesto disponible y los correspondientes gastos. / El Estado Mayor Conjunto analizó en mayo de 1994 la posibilidad de incorporar 30.000 personas jóvenes -entre 18 y 21 años, 10.000 más que los que estaban bajo bandera– con un contrato por dos años con opción a dos años más y con un sueldo en efectivo de 300 pesos, además con los aportes jubilatorios, personales del 11% y 16% del contratante. Se estimó un presupuesto entre 130 y 150 millones de pesos anuales, incluyendo los doce sueldos, el aguinaldo y pasajes de ida y vuelta para visitar a sus familias una o dos veces al año. Con ese sistema podrían ingresar al mercado laboral hasta treinta mil personas, aunque de acuerdo con una convocatoria inicial para voluntarios en la marina, para 400 vacantes se presentaron 4.000 aspirantes. / El lunes 13 de junio de 1994 el presidente Menem anunció la decisión de aplicar un sistema profesional en las fuerzas armadas a partir del año siguiente y recordó que en la plataforma electoral se anunció que iban «a profesionalizar las Fuerzas Armadas, y ahora está en marcha. Es muy posible que el año que viene esté totalmente concretado» y así fue. El miércoles 10 de mayo de 1995 se incorporaron los primeros soldados voluntarios -que recibirán una retribución mensual- en un acto presidido en la Capital Federal por el Tte. Gral. Martín Balza, quien despidió a los últimos soldados conscriptos que cumplieron con la anterior obligatoriedad.